La Alianza fue a la Justicia por Di Blasio

NEUQUEN (AN) – Los diputados provinciales de la Alianza pidieron intervención al Tribunal Superior de Justicia para lograr que la fundación del Banco Provincia de Neuquén informe sobre los gastos de contratación del pianista Raúl Di Blasio y su puesta en escena. Los legisladores de la oposición plantearon el tema como un conflicto entre poderes del Estado.

Desde que cursaron el primer pedido de informes al banco estatal neuquino, el 11 de abril, los aliancistas vienen esperando respuestas. La presentación judicial para lograrlo se realizó hace tiempo, pero no fue difundida y recién trascendió cuando tuvo que expedirse sobre el tema el fiscal del Tribunal Superior, Alberto Tribug.

Aunque no es vinculante, el pronunciamiento del fiscal Tribug recomienda rechazar la existencia de un conflicto de poderes del Estado, puesto que -afirmó- el Banco Provincia de Neuquén es una sociedad anónima y, como su fundación, «una persona jurídica del derecho privado».

En abril pasado, Di Blasio, un músico nacido en Covunco y radicado en Miami, desplegó en la provincia una serie de actuaciones gratuitas de gran afluencia de público. Fue contratado por la fundación del Banco Provincia con un cachet que nadie quiso informar a pesar de los reiterados pedidos en ese sentido de los bloques del PJ y de la Alianza. Sus actuaciones en Neuquén, Plaza Huincul, Zapala y Villa La Angostura fueron auspiciadas por el gobierno de la provincia, en una actitud que despertó críticas de la oposición y gran polémica en la opinión pública.

Los diputados de la Alianza y el presidente del banco neuquino, Luis Manganaro, tienen una historia de enfrentamientos que se remonta a los tiempos de la campaña de 1999.

Habían pasado sólo unos meses de gestión cuando Manganaro -que también preside la fundación del BPN- llamó a los legisladores de la oposición «vagos caros». Lo hizo precisamente en una respuesta a un pedido de informes. Los aliancistas querían saber cómo se repartía la torta publicitaria del banco porque tenían sospechas de que se manejaba de manera arbitraria.

El pedido del 11 de abril fue reiterado 12 días más tarde, con la misma suerte que el anterior. Hasta ahora el gobierno no ha informado cuánto se invirtió en la gira del pianista.

Los que llevaron este conflicto al Tribunal fueron tres integrantes del bloque de la Alianza: Raúl Radonich (Frente Grande), Mirta Domene (UCR) y Eduardo Correa (PSP).

En su dictamen, el fiscal se preguntó primero si corresponde a los diputados provinciales la tarea extralegislativa de control. «La potestad concedida constitucionalmente a los integrantes de la Cámara tendiente a investigar y obtener por esta vía recopilación de noticias sobre hechos y objetos, ha sido siempre una técnica vital en el sistema parlamentario», se respondió Tribug. Sin embargo, el fiscal del TSJ recomendó rechazar la existencia de un conflicto entre poderes. Argumentó que la ley que convirtió al banco estatal en una sociedad anónima lo encuadró dentro de las «personas jurídicas del derecho privado», una figura que ya tenía la fundación de la entidad. Ambas se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales y la de Entidades Financieras. Lo que opinó Tribug no tiene validez en la votación de los miembros del TSJ pero puede convertir en un punto de partida del análisis.