Ko:Ko avanza para poner a sus colectivos en los barrios de Roca

La empresa Ko:Ko sacó ayer una luz de ventaja en la carrera por la nueva concesión del transporte urbano en Roca.

Dos hechos consolidaron esa posición: la primera fue haber presentado la oferta económica más baja en el concurso de precios que abrió el municipio para alquilar colectivos y activar cuanto antes un servicio de contingencia.

La segunda fue la deserción de quien era su principal competidora para firmar un contrato a largo plazo con el gobierno local. “Pehuenche retiró su oferta” anunció oficialmente ayer el Ejecutivo, una decisión que causó sorpresa porque el fin de semana la intendenta, María Emilia Soria, había dicho que esa empresa era una de las dos que había llegado más lejos en las negociaciones.

No pocos vieron ayer un camino lógico, en el que Ko:Ko empieza alquilando sus colectivos para este período de emergencia y luego, superada la fase más compleja de la pandemia, se hace cargo de la totalidad del servicio.

Fuentes del Ejecutivo indicaron ayer que la propuesta económica es central para el concurso de precios, pero advirtieron que no significa que esté dicha la última palabra.

“No es tan sencillo. Se están evaluando los aspectos técnicos, en qué condiciones alquilan las unidades y los seguros. Temas importantes porque suman al costo final para el municipio”, se respondió ante una consulta de RÍO NEGRO.

Además de la integrante del grupo Vía Bariloche, la otra firma interesada en alquilar colectivos para Roca es Indalo SA, perteneciente al grupo Autobuses Santa Fe.

De acuerdo a lo informado oficialmente, Ko:Ko pretende 115.000 pesos mensuales por colectivo, en tanto que Indalo puso un precio de 120.000 pesos por cada unidad cedida en forma temporaria al gobierno roquense.

La intendenta dijo el fin de semana que se arrendarían entre 6 y 8 unidades, para cinco líneas que tendrán cuatro recorridos diarios cada una. Esos servicios se cumplirán con choferes de la planta municipal, según lo adelantado por Soria.

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Con respecto a la concesión a largo plazo, ayer quedó ratificada la complejidad del problema a resolver por la administración local.

Después de dos meses sin servicio para los usuarios, el municipio presentó el fin de semana un escenario con dos empresas avanzadas (Vía Bariloche y Pehuenche) y una relegada (Autobuses Santa Fe).

Pero la abrupta salida de Pehuenche modificó el tablero.

La empresa cipoleña había realizado pruebas con sus colectivos en las calles roquenses e incluso aceptaba tomar a unos 40 empleados de la exconcesionaria, 18 de Mayo.

Los motivos del repentino desinterés no fueron informados oficialmente, aunque extraoficialmente trascendió que los conflictos surgidos en los últimos días entre la UTA y el gobierno local terminaron por convencer a los empresarios de que Roca no sería una plaza estable para desarrollar su actividad.

Ante la nueva situación, el Ejecutivo tuvo que salir a buscar certezas. Después de varios contactos, ayer se informó en un comunicado que las otras dos firmas ratificaron la vigencia de sus propuestas.

En paralelo a la creación de un servicio provisorio y de la negociación para la nueva concesión, en los últimos días se reactivó la idea de formar una cooperativa entre los empleados de la empresa 18 de Mayo.

Esa salida ya se había analizado y el municipio la avaló, pero luego quedó descartada por las diferencias entre los propios trabajadores. Pero esta vez la propuesta llegó con un elemento adicional, porque uno de los directivos de la exconcesionaria, Juan Castillo, fue el que propuso la cesión de algunas unidades para que el emprendimiento empiece sin mayores costos para afrontar.

Para entender el mapa del transporte roquense durante los últimos años hay que tener presente un dato: 18 de Mayo fue creada y dirigida por miembros de la familia Castillo -de hecho, el nombre de la empresa responde a la fecha de nacimiento del padre de los accionistas principales- pero no siempre hubo uniformidad de criterios.

Por eso en la mesa de diálogo que se conformó ayer en la Secretaría de Trabajo estuvo Juan Castillo, pero también su hermano Mario y, además, una apoderada de la firma.

“Se formalizó la propuesta de Juan Castillo que en principio no abarcaría la antigüedad de los trabajadores. A esa propuesta se sumó la realizada por la apoderada, que afirmó que estaban dispuestos al diálogo y a negociar con quien sea la posibilidad de solucionar el conflicto y eventualmente hacer una transacción con bienes para hacer una transferencia de los empleados con la antigüedad”, explicó Fernando Fontán, abogado de UTA.

Ahora bien ¿hay tiempo para tomar en cuenta este proyecto, cuando el municipio avanza con otros proyectos?

Según pudo conocer RÍO NEGRO, en el gobierno local miran con desconfianza este proceso.

El malestar con 18 de Mayo -que tenía adjudicada la nueva concesión y se bajó antes de firmar el contrato- todavía se mantiene.

“Se va a intentar resolver el problema de los trabajadores, pero el compromiso del municipio es con el servicio para los usuarios”, resumieron cerca del despacho de la intendenta Soria.