Juzgadores juzgados: por qué aumentan los pedidos de jury en Neuquén
Magistrados, funcionarios, legisladores y abogados opinan sobre el creciente número de denuncias contra integrantes del Poder Judicial. Qué medidas preventivas se pueden tomar. Desde la selección hasta el control periódico, todo el sistema está puesto en discusión.
El jury al exjuez Marcelo Muñoz se realizó en la Legislatura y terminó con su destitución. (Archivo/Río Negro)
Una combinación de hartazgo de la ciudadanía, descrédito generalizado del Poder Judicial, pérdida de confianza en magistrados y funcionarios, y repudio por las sentencias que traen graves consecuencias para las personas, son las razones por las cuales en los últimos años aumentó la cantidad de pedidos de Jurados de Enjuiciamiento en la provincia de Neuquén.
Es la opinión de representantes del poder Judicial, de la Legislatura y del Colegio de Abogados, consultados por Río Negro para este informe.
«En el actual contexto de mala imagen y descreimiento hay una visión más detenida en cómo se comportan los que toman decisiones y cómo trabajan los que están en el Poder Judicial», opinó Germán Busamia, en su doble carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Jurado de Enjuiciamiento.
Por su parte el fiscal general José Gerez, encargado de sostener la acusación en los jury y autor él mismo de varias denuncias, afirmó que «la sociedad se cansó de las prerrogativas y los beneficios, quiere una igualdad absoluta, no tolera más que el funcionario se desvíe» en su conducta.
«Hay una combinación de varios factores. Uno de ellos es la mayor participación pública, es un fenómeno nuevo. Antes rara vez un particular iba y pedía un jury, se quejaba en los medios de comunicación y quedaba en eso«, opinó María Laura Du Plessis, diputada del Movimiento Popular Neuquino e integrante del Jurado de Enjuiciamiento.
Sergio Fernández Novoa, legislador del Frente de Todos y también integrante del Jurado, consideró que la sociedad «se dio cuenta de que hay un problema con la justicia en la Argentina, y empieza a haberlo en Neuquén».
Para Marcelo Iñíguez, presidente del Colegio de Abogados, «los funcionarios tienen un plus, el que está en un cargo debe someterse permanentemente» al escrutinio público.
Y la fiscal jefa Sandra González Taboada, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, admitió que «estamos en un momento de mucho descrédito, de mucha crítica hacia nuestro trabajo», pero marcó una diferencia: «varios pedidos de jury tienen que ver con disconformidad con las decisiones que se toman, y para eso hay otras herramientas, hay maneras de impugnar o pedir la revisión de los fallos».
El artículo 267 de la Constitución de la provincia de Neuquén dice: «Los miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político (que son los 5 vocales del Tribunal Superior, el fiscal general y el defensor general) podrán ser removidos por mal desempeño o comisión de delito, pudiendo ser acusados por cualquier habitante de la Provincia ante el Jurado de Enjuiciamiento».
El Jurado de Enjuiciamiento tiene siete miembros: tres del Tribunal Superior de Justicia, dos de la Legislatura y dos de los Colegios de Abogados. El jury es similar a un juicio penal. Lo rige una ley propia, pero en casos no previstos se aplica el Código Procesal Penal de la provincia. Puede concluir con absolución del o la acusada, suspensión de uno a 60 días, o destitución.
Es cierto que en ocasiones se distorsionó el uso de la herramienta. Como dijeron ante la consulta Germán Busamia y González Taboada, que «hay muchas denuncias que cuestionan lo que el juez o el fiscal decidió». También puede mencionarse que el jury fue utilizado para echar del Poder Judicial a funcionarios que molestaban al gobierno de turno, como hizo Jorge Sobisch con el exfiscal Ricardo Mendaña.
Pero hay que decir que algunas malas decisiones judiciales costaron vidas. Por ejemplo el doble femicidio de Las Ovejas, o el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura, por mencionar los casos más recientes. Y el Poder Judicial lo resolvió con la destitución de un fiscal y la suspensión de un juez; mientras que otro magistrado pudo renunciar y jubilarse sin impedimentos y sin ser investigado.
Otros motivos de pedido de jury fueron inconductas fuera del expediente. También para mencionar los últimos casos, las expresiones misóginas y sin perspectiva de género del fiscal jefe Santiago Terán, el escándalo en el hipermercado que protagonizó el juez Diego Piedrabuena, o el choque y huida del exjuez Marcelo Muñoz, en presunto estado de ebriedad.
En estos dos últimos casos, fueron un agravante las conductas de los protagonistas después de los hechos, al intentar eludir sus responsabilidades en vez de dar el ejemplo y asumirlas. Ejercieron el derecho de defensa, pero lo llevaron a extremos difíciles de digerir para una sociedad que espera otra conducta de sus funcionarios.
Para Germán Busamia, «el punto de partida es que no hay un perfil único, genérico, para todos los que participamos del servicio de justicia. El perfil es una construcción para cada cargo en particular. Y tener un perfil actualizado brinda tranquilidad. Que seleccionen para un cargo a alguien que se aleja del perfil definido, es lo que genera que en la práctica no se logre la confianza pública».
Gerez enfatizó que «todos los beneficios del cargo judicial tienen como contrapartida la obligación de portarse bien, no sólo porque les pesa lo mismo que a todos los ciudadanos, sino porque los magistrados tienen que tener autoridad moral ya que son los que resuelven situaciones controvertidas entre los ciudadanos».
El fiscal general rescató que ante el mal desempeño «las instituciones están respondiendo. No existe más el corporativismo que dice ‘hay que protegerlos’. Hoy el Poder Judicial acciona, en eso se ha evolucionado muchísimo y es muy sano para la República».
Destituyeron a la jueza Rossi de Chos Malal
Coincidió la legisladora Du Plessis: «el instituto (del Jurado de Enjuiciamiento) funciona. Muchos son llevados a juicio, no todos terminan con el mismo resultado, pero rescato que funciona». Se preocupó por aclarar que «jamás evaluamos a un magistrado por el contenido de las sentencias, para eso hay otros mecanismos».
¿Hay fallas en el proceso de selección de las y los magistrados y funcionarios? ¿Debería implementarse algún tipo de evaluación de quienes ya ocupan cargos?
«El Poder Judicial tendría que tomar el tema de manera global, no caso por caso», opinó el diputado Fernández Novoa. «Tal vez haya que revisar todo el sistema, desde el Consejo de la Magistratura que selecciona hasta la Legislatura que presta acuerdo».
Desde el Colegio de Abogados, que tiene dos representantes en el Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Iñíguez afirmó que «falta poder disciplinario por parte del Tribunal Superior de Justicia».
Consideró que «haría falta una etapa intermedia, de control democrático, con participación de organizaciones. Yo estoy a favor de que magistrados y funcionarios tengan que someterse a un control mayor».
Según Gerez, «tiene que hacerse una evaluación periódica consensuada» y por otra parte «la carrera judicial debe ser horizontal, no vertical. No puede ser que la única manera de ascender sea rindiendo para un cargo superior».
Explicó que se debería evaluar, entre otros renglones, «la idoneidad técnica, la cantidad de apercibimientos, de licencias psicológicas, las capacitaciones, y en base a eso decidir si puede ascender a otra categoría»
González Taboada dijo que la cantidad de pedidos de jury es «muy preocupante» y cuando la herramienta es mal utilizada «significa un desgaste personal, institucional y de recursos públicos».
Remarcó, respecto de las denuncias que ocurren por mal desempeño o delitos en la vida privada, que «la pertenencia al Poder Judicial es las 24 horas. Sin olvidar que podemos cometer errores, debemos ser cautos porque tenemos una cantidad enorme de obligaciones».
«Celebro que estemos llenos de obligaciones», agregó, «porque eso tiene que ver con la independencia judicial».
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