«¡Vos me debés una grande!» le advirtió y lo mató en Mallín Ahogado: lo condenaron a 11 años de prisión

Un tribunal de Bariloche condenó a esa pena a un poblador del paraje Mallín Ahogado, que admitió su responsabilidad en el homicidio de Ricardo Alvarado, que murió de un escopetazo la tarde del 14 de diciembre del 2020.

“!Vos me debés una grande!”, le advirtió Carlos Solís a Ricardo Alvarado, que había bajado la ventanilla de la camioneta Toyota Hilux que conducía para hablar con su vecino. Solís no había ido a dialogar. De inmediato, le apoyó la escopeta que portaba contra el abdomen de Alvarado y le disparó. Se dio media vuelta y regresó a su auto, que había dejado atravesado sobre la ruta provincial 86, en la zona del paraje Mallín Ahogado. Subió al vehículo y se marchó.

Alvarado quedó herido de muerte, en el interior de la cabina de la camioneta. Ricardo Torres, que estaba con el herido, lo desplazó hacia el lado del acompañante y condujo a toda velocidad hasta la sala de priomero auxilios del paraje.

Cuando llegaron estaba cerrada. Pidió auxilio en el destacamento policial 145, ubicado a pocos metros. Allí, intentaron auxiliar a Alvarado que ya no tenía pulso. Fue en vano. Murió minutos después. Luego, Solís se entregó en forma voluntaria a la Policía. También, ofreció el arma.

Este lunes, un tribunal integrado por los jueces Marcos Burgos, Bernardo Campana y Juan Martín Arroyo, condenaron a Solis a 11 años de prisión en un juicio abreviado como autor penalmente responsable del homicidio de Alvarado, agravado porque lo perpetró con un arma de fuego.

Estaba todo dispuesto para que Solís sea juzgado en un juicio oral y público. Los testigos habían sido convocados para declarar en la audiencia, que se desarrolló en el edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche.


El hecho que la fiscalía le atribuyó al acusado


El fiscal de El Bolsón Francisco Arrien, que investigó el caso, relató al tribunal el hecho que le atribuían al imputado. Adelantó que la fiscalía probaría en el juicio con las evidencias recolectadas que el acusado había sido el autor del homicidio de Alvarado.

Recordó que la tarde del 14 de diciembre del 2020, el imputado que circulaba en un vehículo interceptó la camioneta que Alvarado manejaba y le bloqueó el paso en la ruta provincial 86.

Contó que descendió del auto con una escopeta en sus manos. Se dirigió hacia el lado del conductor donde estaba la víctima, que bajó la ventanilla de la Toyota para hablar. “Le dijo: ¡Vos me debés una grande!” efectuándole un disparo”, señaló el fiscal. Y se retiró del lugar. Sostuvo que la acusación fiscal contra Solís era por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y adelantó que pediría una condena.

El abogado Sebastían Arrondo, en representación de la madre y de los hijos de la víctima, que se constituyeron en querellantes, adhirió a la acusación del fiscal.

El abogado Rodolfo Rodrigo, que defendió al acusado, alegó que el conflicto entre la víctima y Solís había empezado antes. Lamentó que nadie en el Gobierno rionegrino tomó nota del reclamo de los pobladores de Mallín Ahogado, distante a unos 17 kilómetros de El Bolsón, que denunciaban una ola de inseguridad en la zona. El robo de ganado era una constante por esos días.

Dijo que no estaba en condiciones de cuestionar la acusación. Y adelantó que también solicitaría una condena para Solís. Pero propuso a la fiscalía y la querella resolver el conflicto en un acuerdo pleno tal como lo había planteado en otra etapa del proceso sin éxito.


La deliberación para buscar un acuerdo


El tribunal dispuso un cuarto intermedio para que el fiscal, el querellante y el defensor intentaran acercar posiciones. A los pocos minutos, la audiencia se reanudó. El fiscal informó a los jueces que habían alcanzado un acuerdo pleno con el abogado por la querella, con el consentimiento de la madre y los hijos de la víctima, que estaban en la sala, y la defensa.

Arrien mencionó todas las pruebas que había recolectado y los testigos ofrecidos para sostener la acusación. Sobre todo, el testigo presencial del ataque. Y pidió 11 años de prisión. Valoró la falta de antecedentes penales del acusado. “Nos parece justo y razonable la imposición de once años de prisión”, agregó Arrondo.

Burgos explicó, en su carácter de presidente del tribunal, que la situación no era habitual. El Código Procesal Penal de la provincia autoriza a aplicar el procedimiento abreviado cuando el imputado admite el hecho que le atribuyen y consiente el procedimiento, pero con la condición de que la pena acordada no supere los 10 años de prisión.

Por eso, los jueces se tomaron un tiempo para analizar la propuesta. Tras un segundo cuarto intermedio, Burgos dijo que el tribunal consideraba lógica y convalidaron el procedimiento abreviado acordado. El imputado prestó su consentimiento con la condena. Tampoco objetó ni una palabra de la acusación en su contra.

El fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva, que el acusado cumple de manera domiciliaria, hasta que quede firme la sentencia. El tribunal admitió el pedido.

Rodrigo advirtió que el caso provocó dos tragedias: la de la víctima y la del autor del disparo mortal que irá preso. Dijo que su asistido aceptó su culpa y la condena con ánimo de contribuir a la paz social y recomponer las relaciones en el paraje.

Pero señaló que la máxima responsabilidad de este tipo de conflictos entre pobladores de zonas rurales la tienen las autoridades de los gobiernos que no actúan para prevenir. “Hay responsables que nunca van a estar sentados en el banquillo (de los acusados)”, sostuvo.


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