Vocal del STJ respaldó a los jueces de Río Negro por el conflicto de la superpoblación de cárceles

El juez Ricardo Apcarián se refirió a la situación de los penales en la provincia: explicó que la responsabilidad de los hacinamientos es del Poder Ejecutivo. Por eso defendió el desempeño de los funcionarios.

El juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarián respaldó a los jueces penales de Río Negro por el tema de la superpoblación de cárceles. Negó que los magistrados actúen con liviandad para otorgar tobilleras electrónicas y aseguró que sí las prisiones están llenas es porque el Poder Judicial hizo bien su trabajo.

Apcarián, vocal del STJ, abordó el asunto de las cárceles en una entrevista con el programa político Tenemos Todo que se emite por la televisión estatal Canal Diez. Aprovechó el espacio para incursionar en los temas de vanguardia del Poder Judicial de Río Negro: el expediente digital, la aplicación de inteligencia artificial y las bondades del servicio de mediación y conciliación.

Pero en la última parte de la entrevista, al referirse al patrimonio propio que está construyendo el Poder Judicial con obras edilicias en varias ciudades, fue consultado por el tema de las cárceles.

El juez del STJ explicó que las cárceles no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Reconoció que hay un problema de infraestructura, porque la reforma del código procesal penal en 2017 duplicó y aceleró las investigaciones. “Por ende duplicamos la cantidad de presos y tenemos la misma cantidad de penales que en 2017, seis con algunas ampliaciones puntuales”, detalló.

Defendió que el Poder Judicial no hace las leyes sino que las aplica y que el artículo 18 de la Constitución Nacional sostiene que las cárceles serán para resocialización y que la responsabilidad por la mortificación o hacinamiento es de los jueces.

“Sí todas las cárceles están llenas de presos es porque nuestra parte del trabajo ya la hicimos, a ningún juez le agrada que le reprochen liviandad cuando el problema es de infraestructura, y la infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial que depende del Ejecutivo”, aludió Apcarián en referencia a las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck que había dicho que prefiere a los presos hacinados que libres con tobilleras.

El juez sostuvo que el Poder Judicial tampoco quiere a los presos en comisarías y que por eso mantuvieron reuniones con el ministro de Seguridad Daniel Jara. Puso como ejemplo el caso de los jueces de Cipolletti que reciben notas del Servicio Penitenciario en el que se asegura que ya no hay más espacios para detenidos.

En ese contexto, las comisarías están abarrotadas. Sin ir más lejos, en los tres calabozos de la Unidad 79 de las 1.200 Viviendas había seis presos. Esta semana, cuatro de ellos se fugaron en circunstancias por demás sospechosas. Estaban cumpliendo pena desde junio en esa celda, uno de ellos condenado a 13 años de prisión.

“Entendemos la situación del gobernador porque los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, pero no tenemos responsabilidad por la infraestructura, estamos dispuestos a trabajar mano a mano con el Ejecutivo para buscarle una solución”, apuntó en un tono conciliador con los autoridades del gobierno.

Respecto a las tobilleras o pulseras explicó que las controla una unidad especial que depende del Ministerio de Seguridad y que en la mayoría de los casos son las partes (fiscalía y defensa) las que en el sistema acusatorio acuerdan esa modalidad. Cerró de forma contundente: «No comparto el diagnóstico, no es un problema de liviandad de los jueces”.


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