Video | Aguada San Roque: «El gasista tuvo un exceso de confianza» dijo la defensa
La fiscalía pidió la declaración de responsabilidad de todos los imputados, y luego hicieron lo mismo las querellas.
En Cutral Co se realizaron los alegatos del juicio por la explosión que causó las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi en la escuela de Aguada San Roque. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el martes.
La fiscalía y las querellas pidieron que declaren la responsabilidad de los cuatro funcionarios de Obras Públicas de Neuquén y los dos empresarios imputados. Las defensas reclamaron la absolución.
Tal como se preveía, el defensor Juan Coto buscó responsabilizar al gasista Nicolás Francés -una de las víctimas- por la explosión, y a la directora de la escuela por la presencia de personal ese 29 de junio del 2021.
En su alegato, el defensor de los funcionarios Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla afirmó que «la mente humana es capaz de negar ciertos hechos dolorosos» y «la acusación invisibilizó hechos que son innegables».
Dijo que la docente Mónica Jara estaba ahí «por una decisión de la directora de la escuela», y Mariano Spinedi, la tercera víctima, «por una razón familiar». Era sobrino de Francés, y lo acompañó por cuestiones de salud.
Coto dijo que a los imputados les exigen que se comporten «como si hubieran nacido en Suiza», y que la postura de ATEN, querellante en la causa, es «contradictoria».
El abogado, con un dejo de condescendencia, dijo que no culpará a la directora de la escuela, Martha Báez: «ya demasiada culpa debe sentir. Interpretó las normas equivocadamente».
Sobre la responsabilidad de la explosión la arrojó sobre Francés: «tuvo un exceso de confianza y empezó a dejar de lado ciertos recaudos», expresó.
«Nunca más una maestra y dos trabajadores pueden morir en una escuela»
Emanuel Roa Moreno, abogado de la familia de la docente Mónica Jara, de Mariano Spinedi y del gremio ATEN junto con Darío Kosovsky, afirmó en su alegato que «este desastre era completamente evitable».
Señaló que si los funcionarios imputados hubiesen controlado como correspondía, «habrían visto que faltaba la intervención de un gasista matriculado de primera» y que tampoco había «estudios de prefactibilidad».
«Venimos a pedir basta. Basta de que estas obras se lleven adelante con estos niveles de riesgo que nos llevan a asumir estos funcionarios que nos tienen que cuidar», dijo Roa Moreno. «Basta de escuelas peligrosas cuando deben ser espacios seguros».
«La corrupción mata»
El abogado querellante Federico Egea representa a Marcela Altube, compañera del gasista Nicolás Francés. Dijo en su intervención que «la corrupción mata. Todo este incumplimiento fue para convalidar actos de corrupción. Los imputados no lo asumen porque es una práctica que tienen naturalizada».
Remarcó que los trabajos adicionales que se realizaron en la escuela «no fueron aprobados» por ningún acto administrativo, sino que se acordaron por una llamada telefónica. «No se puede dar una carta blanca, ‘hacelo como quieras, cuando quieras, con los materiales que vos quieras, con la calidad técnica que quieras’. Es una escuela, van chicos», dijo el querellante.
Sobre la presunta responsabilidad de Francés en la explosión, el abogado afirmó que «no debía estar ahí» porque «fue contratado irregularmente».
«Es como que dijeron: ‘Capaz que si no hago la prueba de hermeticidad yo, la hace otro, un subcontratado que no conoce nadie, que tiene una enfermedad’. Estaríamos promoviendo una especie de vale todo. Sería: ‘Nosotros incumplimos todo, no nos importa mucho lo que digan la ley, los pliegos, porque alguien en quien yo confío, lo va a hacer bien'» ironizó.
Egea recordó que la licitación se hizo para elegir a la empresa mejor preparada, técnica y financieramente, para realizar la obra (Arte Construcciones en este caso), pero luego subcontrató a un hombre llamado Eduardo Afione «para bajar costos, y Obras Públicas lo consintió porque es una práctica común, que subcontraten a Juan de los Palotes. Es gravísimo».
«No faltaron chispas ni sobraron imputados»
El fiscal jefe Gastón Liotard afirmó en su alegato que en el juicio «no faltaron chispas ni sobraron imputados» en respuesta a lo que había dicho el defensor Juan Coto. Convocó a preguntarse «¿a quién les damos la facultad de custodiar los bienes de la sociedad» y agregó que está «totalmente arrasados por la desidia».
«Lo que se incorporó durante el juicio es contundente y sobrado para nuestra teoría del caso», agregó.
«Entendemos que de un modo u otro, todos los imputados, infringiendo el rol de cuidado, omitieron desplegar las acciones necesarias para evitar que se elevara el riesgo. Por esa omisión se registraron las tres muertes», dijo Liotard.
Los imputados «tenían el control de la situación» y «tenían el deber de cuidado».
También cuestionó que pretendan cargar la responsabilidad sobre la directora de la escuela, Marta Báez, o sobre el gasista Nicolás Francés, una de las víctimas fatales. Y se refirió en duros términos a Danilo Casanova, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación y uno de los firmantes de la polémica resolución 440, que el 11 de junio del 2021 dispuso el regreso a la presencialidad luego del aislamiento por la pandemia. «¿Dónde trabajaba, en Mercado Pago? Fue un testigo falaz», afirmó.
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