Violencia de género: el proyecto de exención de tasa de Gutiérrez abarca hoy solo a dos abogadas

En la apertura de sesiones ordinarias de este año hubo un proyecto de ley presentado por el gobernador Omar Gutiérrez que pasó prácticamente desapercibido: la exención del pago de la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados a las víctimas de violencia de género patrocinadas por el cuerpo de profesionales que creó la provincia. Además, este equipo estará exceptuado de abonar el bono ley. El alcance de la iniciativa es realmente limitado, ya que en la actualidad existen solo dos abogadas que prestan el servicio: una en la zona Confluencia, incluido Rincón de los Sauces, y la otra abocada a la región sur.

Hay tres circunscripciones judiciales que todavía siguen sin cubrirse: Cutral Co, Zapala y Chos Malal. Las convocatorias están en marcha y podrían completarse las vacantes en mayo (ver aparte).

El cuerpo de abogados y abogadas fue un proyecto que impulsó esta gestión de gobierno en la inauguración de otro año legislativo, el de 2018, como respuesta tras el doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza, perpetrado por Lorenzo Muñoz, en Las Ovejas, una de las localidades del norte donde, paradójicamente, el patrocinio aún no llegó.

El gobierno provincial refrendó su compromiso de que el servicio funcione cuando reconoció su responsabilidad ante la violación de los Derechos Humanos, en el caso de Ivana Rosales.

Las mujeres acceden a este patrocinio a través del Centro de Atención a la Víctima del Delito.

La propuesta de Gutiérrez, según sus fundamentos, «viene a complementar» la ley que creó el cuerpo de abogados y abogadas con el fin de que «la víctima tenga una herramienta más para acercarse a la justicia y así poder denunciar rápidamente las situaciones de violencia que la aqueja».

En este punto es importante aclarar que las denuncias de violencia por razones de género, encuadradas en la provincia en las leyes 2785 y 2786, no tienen ningún tipo de costo.

El Congreso aprobó en 2015 la ley 27.210 que creó el mismo cuerpo de profesionales, dependientes del gobierno nacional. En Neuquén hay dos abogadas de ese equipo que prestan el servicio a través del Programa Acercar Derechos (Entre Ríos 410). Una de ellas, Jorgelina Montero, consideró que el proyecto de Gutiérrez «sirve para aclarar la situación, o despejar dudas respecto de la gratuidad o no, de las actuaciones judiciales en causas que se vinculan a situaciones de violencia en razón de género, pero que no son procesos judiciales por denuncias de violencia por ley 2785 o 2786. La gratuidad de estos procesos está reconocida en las respectivas leyes, y es respetada sin dudas«.

Opinó que resulta necesaria la iniciativa y que «podría complementarse con otras medidas que favorecen el acceso a la justicia removiendo obstáculos de carácter económico, como por ejemplo: la totalidad de las tasas que se abonan en los organismos públicos que dependen del poder Ejecutivo (Registro Civil, Rentas, Registro Público de Comercio). Y continuar con otras áreas, boleto de transporte gratuito, o provisión de transporte para citas, audiencias, consultas, reuniones, provisión de cuidadores para les hijes, cuando se debe asistir a instancias judiciales o vinculadas a un proceso judicial«.

Ninguna de las integrantes de este equipo, por caso, esta alcanzada por la exención de Gutiérrez, pese a estar matriculadas en Neuquén.

Esto es algo que advirtió también el propio presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, quien se manifestó de acuerdo con el proyecto pero afirmó que el alcance debería ser más amplio: «yo pensé que abarcaba a todos«, reconoció.

La iniciativa deberá pasar primero por la comisión de Presupuesto y luego por Asuntos Constitucionales y Justicia, antes de llegar al recinto.

En 2021 el gobernador planteó la creación de un fondo especial a costa de la donación de este cuerpo de abogados y abogadas. Esa propuesta quedó varada, después de ser duramente cuestionada y por nadie defendida, en la comisión de Desarrollo Humano y Social.

El cuerpo de abogadas y abogados que brindan patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género fue creado por la ley 3106. El proyecto lo presentó el gobernador, Omar Gutiérrez, el 1 de marzo de 2018. La norma se sancionó casi de inmediato, el 22 de marzo, y se reglamentó dos años después, en diciembre de 2020.

Recién en marzo de 2021, y en el contexto de la conmoción que causó un nuevo femicidio, el de Guadalupe Curual cometido por Juan Bautista Quintriqueo en Villa La Angostura, el gobierno provincial abrió la convocatoria para cubrir los cargos.

Las y los profesionales que se postulen deben aprobar dos capacitaciones y se evalúan, además, sus antecedentes. En función de ello se elabora un orden de mérito.

En cuanto a las condiciones de trabajo, no es personal de planta del Estado. Firman un contrato de servicio anual. Cada profesional tiene un cupo máximo de 50 causas anuales. El patrocinio de una víctima abarca más de una causa (desde el divorcio hasta un desalojo, por ejemplo).

En el presupuesto 2022 el Ejecutivo provincial le asignó fondos por primera vez, desde que se aprobó la ley. El monto total previsto es de $5.196.800, de los cuales el 96% corresponde a gasto de personal.