Villa Mascardi: el acuerdo Nación-mapuches no avanzó y la Justicia federal aún no resolvió las impugnaciones
El Gobierno nacional se había comprometido el 1 de junio pasado a construir 3 rukas y reconocer el predio donde está el rewe a la machi de la comunidad Lafkwn Winkul Mapu. Pero no se cumplieron esos puntos. El fiscal general pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque la resolución que lo convalidó.
En el predio donde estaba el hotel Mascardi solo hay escombros tras la demolición del emblemático edificio. Allí, Nación se comprometió a construir las rukas. (foto Alfredo Leiva)
A la altura del kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, hay un espacio abierto. Allí, se acumulan cientos de metros cúbicos de escombros. Decenas de pinos, cipreses y coihues, que siguen en pie, rodean ese predio. Son testigos silenciosos que indican que en ese lugar estuvo durante décadas el hotel Mascardi. Hoy, es tierra arrasada.
El hotel Mascardi y otras construcciones aledañas fueron desmanteladas y dañadas durante la usurpación a manos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El conflicto comenzó el 10 de noviembre de 2017 y finalizó el 4 de octubre pasado, cuando fueron desalojados por efectivos de la Policía Federal. La entonces jueza federal María Silvina Domínguez, que subrogaba el juzgado de Bariloche, dio la orden.
En ese lote, el Gobierno nacional se comprometió a construir tres rukas (viviendas) para que la machi de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desarrolle sus tareas espirituales y medicinales. También, firmó el compromiso de reconocer la existencia de un rewe como sitio sagrado de la machi.
Así lo consignaron en un acta acuerdo que se firmó el 1 de junio pasado durante el tercer encuentro de la mesa de diálogo entre funcionarios de organismos nacionales y representantes de comunidades mapuches. María Nahuel fue la única representante por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en esa reunión. El resto de los integrantes estaban detenidos con prisión domiciliaria o prófugos de la justicia federal.
El acuerdo conciliatorio se difundió como la herramienta que resolvería el conflicto originado por las usurpaciones en Villa Mascardi. Tres meses después, Nación no avanzó con ninguno de los compromisos asumidos. Y además, está bloqueado en la justicia federal.
Villa Mascardi: otro pedido de la fiscalía para revocarlo
El fiscal general Javier Augusto De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitó días atrás que se revoque la resolución que el juez federal de Roca Hugo Greca dictó el 26 de junio pasado para homologar el acuerdo, a pesar de no contar con el consentimiento de la fiscalía.
Así lo planteó De Luca en el dictamen que suscribió el 22 de agosto último, que trascendió ahora y al que RÍO NEGRO accedió.
De Luca sostuvo el recurso de casación interpuesto por el fiscal general Rafael Alberto Vehils Ruiz, a cargo de la fiscalía federal de San Carlos de Bariloche contra el fallo de Greca, quien rechazó las observaciones de la fiscalía.
Greca homologó el acuerdo conciliatorio suscripto por las imputadas Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Betiana Ayelén Colhuan, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y la Administración de Parques Nacionales, que dejó sin efecto la persecución penal contra las acusadas. Y suspendió el avance de la causa hasta tanto se acredite el cumplimiento del acuerdo o comparezcan ante la justicia los prófugos.
Todos iban a ser juzgado en diciembre pasado acusados de ser los autores de las primeras usurpaciones en Villa Mascardi de predios de Parques Nacionales, pero la convocatoria a una mesa de diálogo por parte del Gobierno nacional desactivó el juicio.
Villa Mascardi: argumentos del fiscal De Luca
“No constituye argumento válido el del juez que lo homologó, que señaló que el fiscal no tenía nada que decir en el acuerdo presentado entre las partes”, señaló De Luca. “Queda claro que la oposición formulada por el fiscal (Vehils Ruiz) de la instancia anterior resultaba vinculante para el juez federal”, advirtió De Luca en su dictamen que analizará la Cámara Federal de Casación Penal.
Luca recordó que “los primeros que hemos propiciado un acuerdo político a esta situación fuimos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, porque consideramos que así nos obliga la Constitución al tratarse de un asunto que involucra a los pueblos originarios y, por la misma razón, consideramos que se trata de intereses que exceden los parámetros de la teoría del delito”. “Pero ese acuerdo debe tener bases legítimas. Y he aquí el problema”, aseveró.
“Si los miembros de un pueblo originario estuvieran involucrados en la comisión de delitos relacionados con los reclamos de los derechos que les corresponden, no habría obstáculo para que el Estado acordara su reconocimiento y otras concesiones a los fines de desarrollar su cultura. Pero, debe advertirse, cualquier conciliación presupone que los imputados sean los titulares de los derechos que reclaman”, enfatizó.
En esta causa, desde el principio de estas tratativas, nadie ha explicado y demostrado cuál es el estatus que revisten los y las imputadas».
Javier Augusto De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal
“No les es exigible que inscriban su personería jurídica, pero sí que se releven (para lo cual se tienen que inscribir en el ReTeCi) y que haya un acto administrativo del INAI que, luego de los estudios correspondientes concluya que son ocupantes tradicionales de esa tierra previamente relevada”, puntualizó Luca.
“Lo que está en la base de todo ese trámite y de la decisión del organismo competente, es evitar que cualquier grupo de personas invoque y acceda a derechos que no les corresponden y que, además, ello les permita cancelar la persecución penal por los delitos que cometieron”, aseguró.
“Siempre hemos tenido presente en este caso, que a varias de estas mismas personas, bajo otro nombre comunitario (Lof Colhuan-Nahuel), ya se les había reconocido la ocupación tradicional en otro territorio en ejido de Bariloche, en los términos de la ley 23.302, en abierta contradicción con su posición actual de invocar que pertenecen a una comunidad con otro nombre y que estas tierras y no otras son las de sus ancestros”, afirmó el fiscal.
Villa Mascardi: ¿Con quiénes conciliaron los funcionarios?
“La pregunta que deben hacerse los actores de este proceso es ¿con quienes conciliaron los funcionarios del Estado Nacional? El organismo competente para reconocer ese estatus es el INAI y hasta el momento no se ha aportado algún dictamen o resolución fundada en profundos estudios profesionales sobre el tema”, señaló.
“No se trata de que el INAI se compromete -en el acuerdo- a iniciar un trámite de reconocimiento, sino de que antes de sentarse a conciliar debe decir en nombre del Estado argentino que estas personas, esta comunidad y esas tierras, son las que encuadran en la situación que prevé la Constitución Nacional”, enfatizó.
“Del otro lado, no constituye ninguna concesión de parte de los aquí imputados la promesa de inscribirse o iniciar algún trámite para solicitar su reconocimiento, porque esa es su obligación”, aclaró De Luca. “Es elemental que no debe confundirse el derecho en sí con la forma de solicitar su reconocimiento.
Es que de no exigirse tal resolución, cualquier grupo de personas podría invocar derechos que no les corresponden y forzar al Estado a conciliar -la usurpación es un hecho de fuerza-, sin que los imputados nada den a cambio”, sostuvo De Luca. La Cámara tiene la última palabra.
Villa Mascardi: «El Gobierno nacional no tiene voluntad de avanzar», dijo Carriqueo
“Creo que el Gobierno nacional no tiene mucha voluntad de avanzar con el cumplimiento del acuerdo”, afirmó ayer el coordinador del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
Dijo que la comunidad Lafken Winkul Mapu “inició los trámites para obtener su personería jurídica”. Ese era uno de los puntos del acuerdo conciliatorio que firmaron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, la secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa, entre otros funcionarios.
Carriqueo sostuvo que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas (Codeci) ya dictó la resolución favorable para la comunidad y la semana próxima presentarán la documentación ante Personas Jurídicas de la provincia para obtener la personería. Recordó que ese organismo tiene un plazo de 60 días para resolver.
Carriqueo afirmó que lo que le corresponde iniciar al INAI “es la devolución del rewe, que es el sitio sagrado de la machi”, Betiana Colhuan. Dijo que esa es la prioridad. Y recordó que a este gobierno nacional “no le queda mucho tiempo”.
“Es compleja la situación”, admitió. “No están hechas las casas y no se hizo la devolución del rewe”, insistió.
Cuando se le recordó que la resolución del juez federal de primera instancia Hugo Greca que homologó ese acuerdo conciliatorio estaba impugnada por la fiscalía, Carriqueo señaló que el Poder Judicial “y, sobre todo, el federal no es inocente en presionar”.
Defendió la validez del acuerdo porque respeta los derechos de los pueblos indígenas. “El Poder Judicial, me parece que tiene una mirada muy racista”, aseveró.
Carriqueo denunció la detención de Yésica Fernanda Bonnefoi “que debiera estar en libertad” por el acuerdo, como “ocurre con el resto de los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu”.
Dijo que está desde hace unos 30 días detenida en instalaciones de la PSA de Bariloche y lleva 15 en huelga de hambre, “solo toma líquidos”.
Pero Greca excluyó del acuerdo a Bonnefoi, y a Gonzalo Coña y Cristian Germán Colhuan, que habían sido declarados en rebeldía. La orden de captura sigue en pie contra Coña y Colhuan.
La situación procesal de los imputados en las causas por las usurpaciones de predios de Parques Nacionales y privados depende de lo que resuelvan en los próximos días los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.
Villa Mascardi: Voces en contra y a favor de una polémica resolución
El presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, opinó ayer que el acuerdo no avanzó “porque tanto fiscalía federal, la comunidad mapuche Wiritray y la junta vecinal hemos presentado sendos recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revise la resolución arbitraria y transgresora de la ley vigente por parte del juez Greca”.
Recordó que Greca “fue quien homologó el acuerdo conciliatorio entre el Gobierno nacional y los delincuentes terroristas que acecharon Mascardi desde noviembre de 2017”.
Dijo que confían que los jueces de la Cámara de Casación Penal revocarán la resolución de Greca “por lo disparatado del acuerdo que lo pretenden sostener por las supuestas “recomendaciones” de los organismos internacionales de derechos humanos que se expiden de acuerdo a los informes que el mismo gobierno nacional totalmente ideologizado les provee”.
En cambio, Virgilio Sánchez, que integra la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, sostuvo que el dictamen del fiscal Javier De Luca “no es vinculante”.
Recordó que el dictamen que había hecho el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz, que subroga la fiscalía federal de Bariloche, “también era adverso a la posición nuestra y, sin embargo, Greca nos hizo lugar. Acá también puede pasar lo mismo asi que no es definitivo lo que dica el fiscal de Csasación”.
Dijo que el convenio no avanzó en su ejecución porque la decisión de Greca no está firme.
Una vez que esté firme ese fallo del juez Greca se va a poder empezar a ejecutar el cumplimiento de ese acuerdo».
Virgilio Sánchez, miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que asiste a miembros de la comunidad mapuche imputados en las causas por usurpación.
Villa Mascardi: los puntos principales del acuerdo
1. El Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, INAI; se compromete a reconocer el Rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche, a fin de que la machi Betiana Colhuan, puede ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin, se construirán 3 rukas (viviendas). Una de las rukas serpá para la machi y su familia, otra para que los pacientes puedan pernoctar y otra para colaboradores indispensables de la machi. El rewe está en el predio donde demolieron el hotel Mascardi. Por eso, se le otorgará permiso de uso de ese terreno de Parques Nacionales.
2. La comunidad Lafken Winkul Mapu «acepta que el resto de sus integrantes sean reubicados en otras tierras que será analizado en el marco de la mesa de diálogo en las próximas semanas, siendo la primera de ellas en la semana del 5 al 9 de junio del 2023».
3. La comunidad LAfken Winkul Mapu continuará con el trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) del INAI hasta su finalización.
5. Las distintas partes intervinientes en las causas penales (defensas de las imputadas y la querella de Parques Nacionales) se comprometen a elaborar y presentar en los respectivos juzgados con fecha límite del 9 de junio de 2023, un acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal que contemplará las pautas del presente acuerdo. Ese es el acuerdo que el juez federal Hugo Greca homologó y que fue impugnado. El otro acuerdo se presentó ante el juez Alejandro Silva, que corresponde a las causas por otras usurpaciones. Silva aún no resolvió si lo convalida o no.
7. Este punto establecía que «a partir del 5 de junio y hasta tanto la machi pueda ocupar el rewe, as comunidades designarán entre cuatro a seis personas que estarán autorizadas a ingresar al rewe a constatar la seguridad e integridad del rewe. Las personas pueden ser reemplazadas diariamente con el límite de seis personas por día».
8. «El Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a garantizar la seguridad del rewe».
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