Video | Gerardo Morales lloró cuando le preguntaron si se haría un ADN, ante los rumores de infidelidad

El exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quebró en llanto este miércoles durante una entrevista televisiva. Para el exmandatario provincial, los rumores de infidelidad por parte de su pareja causaron un «daño irreparable» a su hija y su esposa.

El caso fue tema de agenda en los medios nacionales, luego de que fueran liberadas las dos personas que estuvieron detenidas durante 50 días en Jujuy por publicar en redes sociales comentarios irónicos respecto a la presunta infidelidad de Tulia Snopek. Ante la fuerte presión política y mediática, el fiscal finalmente aseguró que ya no existe riesgo procesal y pidió su liberación, pero la Justicia todavía mantiene activa la causa.

Consultado en LN+ acerca de si iba a realizarse un ADN, debido a que también se plantearon sospechas sobre su paternidad, Morales contestó acongojado: «No, no planeo hacerme un ADN».

Y continuó, entre lágrimas: «Todos los días pienso en mi hija, que le han hecho un daño irreparable«.

El referente de la UCR responsabiliza directamente a la organización Tupac Amaru, de la dirigente social Milagro Sala, por estas informaciones que se viralizaron en redes sociales. Según Morales, los dos acusados pertenecen a la agrupación.

«No se trata de una causa por tuitear en Jujuy, sino que es una causa organizada por Morandini y Villegas por organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de dos años y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género en el caso de mi mujer«, sostuvo.

“Hasta ahora, siempre se habló de dos personas detenidas por un tuit. Pero la imputación que tienen estas dos personas está lejos de ello. Violan el artículo 139 del Código Penal, que da cuenta de que puede haber pena de dos a seis años por el delito de tornar incierta la identidad de una niña”, detalla Morales.

Y concluyó: «Esto no va a terminar acá. Va a ir a la Suprema Corte. Y voy a seguir a todo el grupo, a toda esta organización, por el daño que le han hecho a mi hija y a mi mujer«.

«Criminalización de la libertad de expresión», solo una de las críticas a las detenciones

Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que para esta asociación, la causa contra Morandini y Villegas es “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión”.

Afirmó que los acusados solo “hicieron posteos en clave satírica sobre un rumor que ya venía circulando desde hacía varios días” y que les imputaron delitos que jamás podrían haber cometido, como la alteración del estado civil de la hija de Morales.

El CELS denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es un proceso absolutamente desmesurado e irracional, de un uso abusivo del derecho penal”, afirmó Lloret.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, esta causa es, directamente, “un disparate que no tiene nombre”, implica “un enorme quebrantamiento de la libertad de expresión, que es clave en toda democracia, y de comunicación de una persona, sin ninguna fundamentación válida”.

“Además, no se respetó el derecho de defensa. Es un caso que habla de cómo funciona la Justicia en Jujuy”, dijo Sabsay.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, advirtió que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que en el marco de un ejercicio de la libertad de expresión que afecta derechos de terceros violando su honor, la responsabilidad ulterior que debe aplicarse debe ser primordialmente la civil, y excepcionalmente -y con tendencia a desaparecer-, la penal”. Destacó que en la Argentina “las calumnias e injurias tienen una pena de multa, no de prisión”.

Consideró “irrazonable y abusivo” aplicar la figura de la sustitución de identidad en este caso y sostuvo que las prisiones preventivas son “absolutamente irrazonables”.

Pedro Caminos, también constitucionalista, dijo que el caso le genera “alarma”. Sostuvo que “el tuit, por sí solo, plantea una conjetura y que, al ser conjetural, no genera responsabilidad ni civil ni penal”. Advirtió que, avanzada la causa, el fiscal introdujo como prueba contra Morandini una conversación que mantuvo en un grupo de WhatsApp, donde da por cierta la infidelidad, pero Caminos observa que el fiscal no explica “en qué medida enviar un mensaje en un grupo privado de WhatsApp impacta en la vida de Tulia Snopek”.

También cuestionó las prisiones preventivas, que solo se pueden dictar -advierte la Corte- cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, dos situaciones no acreditadas en el caso.