Vaca Muerta: amplían procesamientos contra directivos de NRG por maniobras fraudulentas
La empresa tiene su planta de arenas para fractura en Allen. Directivos, un proveedor del exterior y una despachante de Aduanas fueron procesados por operaciones irregulares por más de 90 millones de dólares.
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dictó procesamientos contra la empresa NRG Argentina, la arenera que tiene su planta en Allen y abastece a Vaca Muerta, y a sus principales directivos por maniobras aduaneras fraudulentas que le causaron al Estado un perjuicio superior a los 90 millones de dólares.
NRG Argentina ya tenía procesamientos anteriores por hechos similares, denunciados por la Aduana en el marco de sus tareas de fiscalización de las operaciones de comercio exterior.
La primera denuncia la hizo pública el ministro de Economía, Sergio Massa, en su primera visita a Neuquén, en agosto del año pasado. Luego de varios allanamientos en Allen y Buenos Aires, la Justicia resolvió los primeros procesamientos. Se acusaba a la firma de haber sobrefacturado por una cifra que supera los 80 millones de dólares.
La producción de NRG es clave para las fracturas hidráulicas con la que se completan los pozos de Vaca Muerta.
Ahora la Aduana “amplió la denuncia contra la firma toda vez que, en ocasión de proseguir con tareas de fiscalización y valoración sobre las operaciones de importación, detectó nuevas destinaciones aduaneras, cuyos valores declarados en nuestro país resultarían significativamente superiores a los declarados en Estados Unidos”, explica la resolución.
En abril pasado, otro juez, el federal de Campana Adrián González Charbay, había procesado a accionistas y directivos de NRG también por contrabando, sobre la base del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, el mismo que utilizó la Justicia de Estados Unidos para embargar al avión venezolano-iraní que había aterrizado en Ezeiza durante el año pasado.
González Charbay declinó su competencia en razón de que los nuevos hechos investigados ocurrieron en jurisdicción de la Capital Federal y ahora el juez en lo Penal Económico arribó a la misma conclusión sobre esas operaciones, realizadas entre NRG y una empresa presuntamente bajo su control en Estados Unidos.
“Al no existir un intermediario comercial, deberían ser coincidentes los valores de exportación y de importación declarados en los respectivos países; sin embargo, ello no ocurrió”, explicó el nuevo fallo.
Además de la empresa, fueron procesados los integrantes de la sociedad Oscar Cesar Darío Guercio, Damián Strier, el proveedor del exterior Pablo Andrés Marull y la despachante de aduana de las operaciones Karina Cantafio.
Las conductas por las que fueron procesados son las de “haber intervenido en el contrabando de importación de mercadería de origen extranjero, proveniente de Estados Unidos de América mediante la presentación de documentación falsa ante el servicio aduanero argentino, necesaria para cumplimentar las operaciones aduaneras”.
En total la imputación incluye 63 hechos
La imputación incluye la existencia de documentación apócrifa y posible lavado de activos por un total de 63 hechos.
El juez Yadarola dispuso embargos sobre la sociedad y los procesados por hasta 45 mil millones de pesos en cada caso, la inhibición general de bienes, el bloqueo y/o embargo total de fondos de los procesados y un conjunto de medidas similares exigidas a las autoridades judiciales de Estados Unidos y Uruguay.
La denuncia que disparó la investigación fue formulada por el Departamento Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas por presunta “sobrefacturación de importaciones de equipamiento relacionado con la minera, efectuada por la empresa con el fin de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios y así permitir un egreso indebido de divisas al exterior”.
Según precisa el fallo, de unas 120 páginas, el valor FOB Total (mercadería, más flete, más logística y transporte) declarado en la Argentina trepó a 103.465.143,69 dólares, pero la documentación en Estados Unidos indicó que las operaciones insumieron un costo total de 12.309.288,00 dólares.
La diferencia entre lo consignado entre uno y otro punto de la operación, según el fallo, muestra el cariz de la maniobra y cuantifica el perjuicio en 91.155.855,69 dólares.
Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva pero sujetos al cumplimiento de una serie de medidas de pautas de conducta en cada uno de los casos.
“Resulta evidente el despliegue de los imputados en tanto contaban con la colaboración de Karina Cantafio, despachante de aduanas, para desplegar un accionar ilícito que les habría permitido ingresar significativa cantidad de mercadería al territorio aduanero argentino, evadiendo el debido control aduanero mediante la presentación de facturación apócrifa”, resumió el juez Yadarola.
Fuente: Noticias Argentinas
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