Una jueza le puso los puntos a los defensores del imputado de atropellar y matar a Facundo Castillo en Cipolletti

Florencia Caruso está a cargo del proceso judicial. Ayer hubo una maratónica audiencia para definir a los testigos. Dejó clara la falta de afinidad entre acusadores y defensores. El juicio será en 2023. 

La jueza Florencia Caruso le puso los puntos a los defensores de Ramiro Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo en Cipolletti, a la salida de una fiesta, en diciembre de 2019. Fue por la postura de los defensores de no aceptar ninguna de las convenciones probatorias del caso y disponer así la maratónica discusión testigo por testigo en la causa que supera el centenar de personas.


No es la primera vez que la magistrada intenta apelar a la buena voluntad de las partes, pero en la tercera audiencia del control de acusación- que incluso no terminó- dejó clara su postura y alertó que no permitirá que siga dilatándose el proceso.

Las dos primeras maratónicas jornadas solo resolvieron cuestiones preliminares y recién ayer se logró avanzar con la base probatoria. Sin embargo, no fue suficiente y se fijó un nuevo encuentro para el 29 de noviembre.


La causa por la muerte del joven neuquino lleva un sinfín de audiencias y la sensación es que los defensores Carlos Vila Llanos y Martín Segovia quieren dilatar el proceso, aunque parece contraproducente para su cliente quien se encuentra con prisión preventiva desde fines de diciembre del año pasado.


Así comenzó



«Lo único que les voy a decir, y esto se los vengo diciendo de entrada, yo voy a permitir que ingrese la prueba controvertida. Porque siento, creo que son 105 testigos aproximadamente, que es una barbaridad. Apeló a la buena voluntad de las partes y al no hartazgo del jurado popular», esgrimió Caruso al comienzo de la audiencia.

«Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad, pero vamos a recordarle al tribunal que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la defensa tiene derecho a confrontar todos los testigos del cargo», dijo el defensor Vila Llanos.


Caruso le retrucó: «Todos conocemos el artículo 8 de la Convención, lo que digo que quien va a ser la encargada de aceptar o rechazar la prueba soy yo, doctor. Se los vengo pidiendo desde el inicio, no sé si es mala voluntad, o no tienen buenas relaciones entre las partes, pero no es un capricho».

Así comenzó la audiencia para definir la prueba que se conocerá en el juicio por jurados contra Ramiro Gutiérrez. A lo largo del proceso que se inició tras el hecho, el 19 de diciembre del año pasado, el vínculo de las partes se fue deteriorando con el correr de las audiencias. Incluso hubo algunas chicanas entre el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y los defensores.


Juicio por jurados



Finalmente se desistieron varios testigos, pero por la cantidad de propuestas, se suspendió la audiencia hasta el 29 de noviembre. La jueza pretende que allí se finalice con esta etapa para que, tras la feria judicial, la causa esté en condiciones de avanzar sobre la selección de jurados: otro aspecto que tendrá un intenso debate.

Es que los defensores desde que se barajó la posibilidad del jurado popular se opusieron. Aunque Caruso les dejó en claro que, por la acusación, homicidio y cinco tentativas de homicidio, no hay otra alternativa. Será el segundo juicio por jurados en la Cuarta Circunscripción, el primer fue por el femicidio de Agustina Atencio en Catriel. Por ese juicio Exequiel Rebolledo fue condenado a prisión perpetua.


La mala relación entre las partes se acentuó en una de las últimas audiencias cuando el propio imputado, Ramiro Gutiérrez, tildó de deshonestos al fiscal y a la querella, a cargo de Juan Coto, por la imputación. El joven de Roca dijo que se trató de un accidente y pidió disculpas a la familia en reiteradas oportunidades. Eso es lo que deberán juzgar 12 ciudadanos de la región.


La jueza Florencia Caruso le puso los puntos a los defensores de Ramiro Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo en Cipolletti, a la salida de una fiesta, en diciembre de 2019. Fue por la postura de los defensores de no aceptar ninguna de las convenciones probatorias del caso y disponer así la maratónica discusión testigo por testigo en la causa que supera el centenar de personas.

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