Una jueza de Cipolletti le «marcó la cancha» a la Oficina Judicial por el caso del odontólogo condenado por abuso
Hace ocho meses que la justicia no puede resolver si Mariano Marqués debe ir a un penal o continuar detenido en su casa. Esta vez porque se agotó el bloque dispuesto y la audiencia quedó a mitad de camino. La salud mental del profesional es lo que discuten las partes.
Mariano Marqués acumula dos condenas por abuso sexual en Cipolletti (Florencia Salto)
A esta altura, la revisión de la prisión domiciliaria del odontólogo de Cipolletti parece un “cuento chino”. Luego de más de dos horas de audiencia, con el testimonio de varios testigos que describieron las condiciones de salud mental en las que se encuentra Mariano Marqués, todo quedó en el limbo. No se definió si el hombre que acumula dos condenas por abuso sexual está en condiciones de ir a un penal o debe continuar en una casa rodeado de sus afectos. Sí hubo un nuevo pase de facturas a la directora de la Oficina Judicial.
El presidente del tribunal Marcelo Gómez tuvo que interrumpir un testimonio porque el tiempo se agotó. Era estéril continuar porque quedaban algunos minutos para cerrar el bloque y la jueza Florencia Caruso tenía otra audiencia. La escena no hizo más que acrecentar la tirante relación que hay entre los jueces y juezas de la Cuarta Circunscripción y la responsable de la Oficina Judicial.
Incluso la mandamás del tema administrativo, la licenciada Marcela Martín, ha recibido varios llamados de atención por los desarreglos con las audiencias, el último fue en septiembre también impulsado por Caruso.
“Lamentablemente no ha concluido hoy su testimonio y no va a concluir por problemas de horario”, le dijo Gómez al perito que deberá volver a prestar declaración. Seguidamente el magistrado intentó consensuar con el defensor del imputado, Pablo Iribarren, pero en las dos fechas posibles -22 de noviembre y 12 de diciembre-, el exjuez de Río Negro se excusó por dos juicios de que debe afrontar: ambos en Roca.
“Bueno hasta acá llegó nuestra posibilidad de poder acordar, lo que sí le vamos a pedir a la Oficina Judicial que tenga premura con el tema y no lo patee para el año que viene”, manifestó. El intento de consenso de Gómez, una característica del magistrado, fue interrumpido por Caruso visiblemente ofuscada con la política que tiene la licenciada Martín.
“Puedo decir algo –interrumpió-, es para que tome nota la Oficina Judicial. En la audiencia anterior el tribunal consideró, porque se sabía la cantidad de testigos, que la jornada sea entera –se fijó media, bloque de tres horas-. Sería de muy buena práctica que la oficina tome nota de esto porque cuando el tribunal dice que es un día, es un día entero de ocho ó seis horas para poder llevar adelante todo en la misma audiencia”, manifestó la jueza.
La situación pone de relieve, una vez más, la tensa relación que hay entre Marcela Martín y las juezas y jueces de la Circunscripción. Hace algunos meses también hubo un pase de facturas con la jueza de Garantías Rita Lucía. La querella a cargo de Diego Quiroz también mencionó que le recordó a la Oficina Judicial la necesidad de una jornada extensa. Ello evidencia que no es solo un problema de egos entre funcionarios públicos. También hay impericias.
Sería de muy buena práctica que la oficina tome nota de esto porque cuando el tribunal dice que es un día, es un día».
Florencia Caruso, miembro del tribunal
Con la reforma del Código Procesal Penal en 2017, la agenda la define la Oficina Judicial con el acuerdo de las partes, pero tiene cierta autoridad que antes eran potestad de los magistrados. Un poco por haber perdido autonomía de sus horarios y, otro tanto, por el desmanejo con algunos temas sensibles, la relación, una vez más, llega desgastada a fin de año.
Lo que también entra en un terreno pantanoso es la cantidad de horas que trabajan los jueces y las juezas. En este caso puntual sí importaba tanto la necesidad de darle una respuesta a la víctima, al victimario, o a la sociedad bien podría el tribunal haber habilitado un día del fin de semana extra largo.
Nada les impide hacer audiencias fuera del horario habitual, de hecho hay una resolución que lo avala. Sin ir más lejos, hace dos fines de semana, la jueza de Garantías Sonia Martín encabezó una extensa audiencia un sábado.
El pedido de revisión de la medida cautelar la presentó el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna en marzo. Hace casi ocho meses y no sólo no se resolvió sino que se trata de examinar, a través de peritos, la condición de salud mental de Marqués.Gauna mencionó la necesidad de actualizar las pruebas porque llevan mucho tiempo y se trata de una situación “dinámica”. Iribarren no comulgó con el pedido del Ministerio Público.
El profesional está preso desde noviembre de 2020 cuando intentó fugarse tras una denuncia por abuso sexual. Un mes más tarde una jueza morigeró la medida cautelar con prisión domiciliaria por el posible riesgo de salud que significaba para Marqués ir a un penal.
Tras quedar firme la condena por abuso sexual agravado -7 años y medio- la fiscalía volvió a la carga para que el hombre vaya preso. El condenado lleva casi la mitad de la condena en su casa. Además tiene otra condena por abuso sexual simple y una causa más abierta.
En la audiencia del viernes pasado quedó claro que difícilmente esta situación se resuelva este año. Quedan pocas ventanas y la cargada agenda de las partes se encamina a “patearlo” para 2024. ¿Trabajarán los fines de semana por Marqués? Una pregunta sin respuestas.
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