Un intento de robo dividió las aguas en el máximo tribunal penal de Río Negro: ¿exceso de punitivismo?
El Tribunal de Impugnación resolvió decomisar el auto de un verdulero que quiso robar caños tubing en un yacimiento petrolero en Catriel. Emitió dos fallos: primero a favor del imputado, pero luego confirmó el decomiso.
Si el fallo queda firma el auto del verdulero quedará a disposición del Ministerio de Seguridad (Florencia Salto)
Un robo que no llegó a concretarse dividió las aguas en el máximo tribunal penal de la justicia rionegrina. Evidenció, además, una práctica cada vez más frecuente del Ministerio Público Fiscal: la de decomisar vehículos en favor del Ministerio de Seguridad. El caso abrió el debate entre política criminal, exceso de punitivismo y criterios jurídicos.
El hecho ocurrió en un yacimiento petrolero de Catriel. En la fría letra de la norma el sitio es jurisdicción de la Cuarta Circunscripción que abarca desde esta última ciudad hasta Fernández Oro. La circunscripción es una sola pero en los hechos, el procurador Jorge Crespo, dio el visto bueno para que se dividiera en dos. RÍO NEGRO ya ha publicado a través de distintas historias que el delito (también delincuentes y víctimas) tiene distinta suerte según caiga en Cipolletti o al oeste de la Ruta 151.
En el Tribunal de Impugnación sucede más o menos lo mismo. Se trata del máximo tribunal penal de la provincia creado para la reforma procesal de 2017 e integrado por tres jueces y una jueza. Según la pena, los casos se abordan con un tribunal de tres o de forma unipersonal.
La aleatoriedad lleva, por ejemplo, a que tres jueces resuelvan una determinada cuestión jurídica, aunque después dos de esos magistrados conformen otro tribunal con el cuarto y se expidan en el extremo del tema anterior. El diseño marea a propios y extraños. El costo se refleja no solo en la sociedad sino en la falta de credibilidad que sufre la justicia.
El caso en Catriel
En el caso de Catriel, un hombre que se dedica a la venta de frutas y verduras quiso robar diez costosos caños tubing de la industria petrolera. El delito se frustró y quedó calificado como tentativa. Es decir, la empresa recuperó el material.
El exfiscal y novel juez de juicio Guillermo Merlo homologó la pena de dos años y seis meses de prisión y ordenó el decomiso del VW Gol Trend modelo 2012 y del carro que el delincuente usó para cargar el material. Pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, para Criminalística o la Comisaría de la Familia de Catriel.
La aguerrida defensora pública Silvana Ayenao llevó la protesta al Tribunal de Impugnación. Planteó que el decomiso era excesivo, que su cliente no causó ningún daño a la empresa porque el robo se frustró, dijo que ofreció una reparación económica y que pidió perdón. Planteó que usaba el auto para comprar y distribuir frutas y verduras en la región ya que es sustento de familia porque la madre de sus hijos tiene una discapacidad.
Primer fallo del Tribunal de Impugnación
Logró persuadir así al juez del Tribunal de Impugnación Miguel Cardella, quien tildó la actitud de la fiscalía como confiscatoria. Resolvió que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito, para resocialización y no para castigo. Se repitió una y otra vez que este nuevo código procesal buscaba resolver el conflicto.
Cardella les dijo, palabras más palabras menos, que no es razonable el decomiso porque el condenado ya recibió una sanción en suspenso que lo aleja de la obtención de un futuro empleo registrado, que el castigo es un exceso en contradicción con los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad que establece la doctrina judicial, y que no restablece la armonía entre sus protagonistas y la paz social (les recordó a sus colegas jueces y fiscales que la paz social es su tarea principal).
Ayenao salió airosa con la respuesta de Cardella, pero la fiscalía volvió a apelar y esta vez el fortuito sistema judicial le llevó la causa a otro integrante del Tribunal de Impugnación: el juez Adrián Zimmermann. Para sorpresa resolvió todo lo contrario y convalidó el decomiso.
Como conclusión el delito no se cometió, la empresa petrolera nada perdió y el delincuente de 42 años, sin trabajo registrado, perderá su herramienta de trabajo. Nadie habló de los gastos del juicio y de tanta audiencia judicial.
El decomiso es una figura prevista en el Código Penal para delitos graves, como por ejemplo el narcotráfico. Lo que se busca es que el Estado se quede con los elementos que se usan para cometer ilícitos, en este caso los vehículos.
En Cipolletti es cada vez más frecuente esta política de decomisar en delitos leves y todos los vehículos van para el Ministerio de Seguridad. Criminalística, por ejemplo, se luce en una Jeep Renegade cuyo valor de mercado supera los cinco millones de pesos. Aún así, a veces no llega a tiempo a la escena del hecho. La defensa aún tiene una instancia de apelación para intentar revertir el fallo.
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