Un hombre fue condenado por amenazas a una jueza de Bariloche
La pena contra Sebastián Escalada se definirá en los próximos días. Fue declarado autor de los delitos de amenazas reiteradas en dos ocasiones y de desobediencia, en un contexto de violencia de género.
La camarista Marcela Pájaro fue durante muchos años titular de un juzgado de Familia en Bariloche y denunció las amenazas. Foto: archivo
El juez Marcos Burgos encontró a Sebastián Escalada como autor penalmente responsable del delito de amenazas reiteradas en dos ocasiones a la exjueza de Familia y actual camarista Civil de Bariloche, María Marcela Pájaro.
También el acusado fue declarado responsable por desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento y prohibición de realizar publicaciones con el fin de hostigar a la magistrada.
La condena que tendrá Escalada será definida en los próximos días, luego del juicio de cesura y el pedido de pena que formulen las partes.
El caso de amenazas y hostigamiento a la jueza Pájaro por parte de Escalada data de 3 años, pero se incrementó en período de pandemia con manifestaciones, cuestionamientos públicos, amenazas y la circulación con un vehículo ploteado con el nombre de la jueza acusándola de ser responsable de no poder ver a sus hijas.
Escalada en 2020 estuvo detenido unas horas y también le fue secuestrado su vehículo ploteado con consignas contra la magistrada.
Los fundamentos del juez, en un contexto de violencia de género
El juez Burgos, tras la audiencia de debate en la que se presentaron pruebas y testigos, concluyó que los hechos configuran los elementos del delito de amenazas que tuvo por objetivo “alarmar o amedrentar a otro”.
El magistrado valoró que el acusado tuvo un proceder en múltiples acciones que encuadran el caso con hecho de violencia hacia las mujeres como realizar presiones para la renuncia del cargo por parte de Pájaro, además de “juicios continuos contra la jueza mujer en los medios de comunicación, procederes violentos repetidos y amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, que también afectan a sus familiares, constituyen algunos de los terribles actos de violencia que enfrentan las mujeres”.
Burgos fundamentó su fallo en preceptos de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, incluido en la Constitución Nacional; la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y la ley provincial para la protección integral, para prevenir, sancionar y radicar la violencia contra las mujeres.
Valoró además que existe un “doble plus protectivo que detenta, por dos de los hechos en forma directa contra Marcela Pájaro, al ser víctima y mujer” y apuntó que se trató de hechos reiterados.
“Los sucesos reprochados se dieron en el marco de un contexto de género”, puntualizó el juez Burgos y enumeró que, en uno de los hechos, el acusado organizó junto a otros padres varones un reclamo en contra de Pájaro por decisiones adversas a sus intereses.
Para Burgos, la manifestación (ocurrida en junio de 2020), que además se generó en el contexto de restricciones por la pandemia, motivó una “situación de desprotección, vulnerabilidad y desigualdad respecto de quienes llevaban adelante la protesta”. La jueza por ese caso declaró que permaneció encerrada 4 horas en el interior del juzgado con temor.
La jueza tuvo miedo, custodia policial y licencia psiquiátrica
Pájaro declaró que comenzó a tener miedo y que empezó a ser hostigada por el acusado no solo en el juzgado sino también en su casa particular.
La jueza ante esta situación debió modificar sus rutinas de trabajo, tenía temor de quedarse sola en el juzgado, pidió licencia psiquiátrica y tuvo durante dos meses custodia policial.
En el fallo, el juez remarcó que en las actuaciones de Escalada existe una “clara intención de desprecio y desacreditación” hacia la magistrada, quien finalmente radicó la denuncia en julio de ese año por el hostigamiento sufrido.
Uno de los hechos ocurrió en un evento público, una charla vinculada a los Derechos Humanos, al que asistió Pájaro. De manera previa a su llegada, Escalada se presentó en el lugar, habló con la secretaria general de Unter Bariloche, Patricia Lande, y otras personas de la organización a quienes dijo que “si no le resolvían su caso iba a tener que matar”, en clara alusión a la jueza.
Otro hecho que formó parte de este juicio estuvo vinculado a la presentación de Escalada en el juzgado, con otros padres, donde efectuó dichos amenazantes. En forma de pregunta le dijo a un empleado judicial “qué debía hacer para que lo escuchen, si cometer una locura o volar el edificio”.
También un empleado policial del juzgado declaró que el hombre amenazó con prender fuego el edificio, “poner una bomba o matara a la gente del juzgado”.
El tercer hecho juzgado fue la desobediencia de la orden de restricción impuesta en julio de 2020 por el juez Sergio Pichetto, quien además prohibió publicaciones con el fin de hostigar a la jueza. Sin embargo, se acreditó en septiembre su incumplimiento con la presencia frente al juzgado de Familia de un vehículo ploteado con el nombre de la jueza y la acusación de ser responsable por lo ver a sus hijas.
Comentarios