Un empleado de Invap, imputado en la investigación por difusión de imágenes de abuso sexual infantil
Se trata de un hombre de 48 años que ya recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a varias medidas cautelares para evitar “la fuga o el entorpecimiento”.
El rastreo desplegado a nivel nacional para detectar usuarios de imágenes de abuso sexual infantil también alcanzó a esta ciudad, donde un hombre de 48 años quedó involucrado en la investigación, al aparecer sus cuentas de internet como parte de la presunta red de intercambios. Fue en el marco de la labor de una red federal en alerta por casos de difusión de contenido de abuso sexual infantil
Su vivienda fue allanada hoy a primera hora y quedó detenido por algunas horas, hasta una audiencia desarrollada en Tribunales al mediodía en la que el juez de Garantías Sergio Pichetto le otorgó la libertad, pero sujeto a varias medidas cautelares pedidas por la fiscalía para evitar “fuga o entorpecimiento” de la investigación.
Jorge Lulich tiene domicilio en el barrio Melipal y trabaja en la empresa Invap. Según el fiscal Martín Lozada, la investigación se inició por iniciativa de la embajada de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.
Explicó que la identificación de los usuarios de material prohibido se efectuó con el sistema “icaccops”, que permite detectar direcciones IP de personas que serían usuarios de material asociado con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Lozada dijo que las ramificaciones de la investigación llegaron hasta Salta, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco y San Luis -entre otras provincias-, y la Justicia de Bariloche también quedó abarcada desde el pasado 19 de octubre, cuando surgió el dato de un domicilio de Melipal donde estaba radicado uno de lo usuarios de internet objeto de la pesquisa.
Hoy a las 6 comenzó el allanamiento en la casa de Lulich, autorizado por el juez Pichetto, con participación de policías de la comisaría 27 y personal de criminalística. Allí fueron secuestrados una computadora portátil, cuatro equipos CPU, un teléfono celular, un GPS, 29 pendrives, cinco tarjetas de memoria, dos memorias externas y una cámara fotográfica, además de dos armas de fuego que estaban en la vivienda del padre del acusado, emplazada en el mismo predio.
Lulich permaneció detenido algunas horas, hasta que el juez ordenó su libertad. En el mismo acto le dictó la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización. Le fijó además la obligación de presentarse cada 48 horas en la comisaría de Melipal y la exigencia de evitar el contacto por redes con menores de edad y el uso de software específico para el intercambio de fotografías o videos.
Pichetto otorgo también un plazo de seis meses para la investigación preliminar, que podría resultar en una formulación de cargos contra Lulich, o bien en una eximición de responsabilidad.
El juez le preguntó si entendía de qué se lo acusaba y el hombre asintió. También entendió que violar las medidas cautelares lo exponía a una nueva detención. Lulich no prestó declaración, según aclaró después su defensora, Yamila Saidt, en razón de que no existe acusación definida en su contra. Saidt no se opuso a las medidas cautelares que solicitó la fiscalía.
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