Ordenan a un country a autorizar obras para que una comunidad mapuche acceda al agua y la electricidad
El año pasado, la Justicia Federal hizo lugar a que la comunidad Quijada pudiera ingresar a su territorio por el camino ancestral Los Álamos que quedó inmerso en medio del complejo de Arelauquen. Ahora, el country deberá autorizar las obras para que accedan a servicios públicos.
Años atrás, la jueza subrogante concurrió al lugar para evaluar las condiciones del camino propuesto por Arelauquen. Foto: gentileza
La comunidad mapuche Celestino Quijada informó que la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez ordenó al barrio privado Arelauquen Golf & Country Club a brindar autorización para la realización de obras tendientes a asegurar la conexión de servicios públicos, como agua potable y electricidad, que reclamaba la lof.
Esa resolución cautelar fue impuesta en la causa en la cual la comunidad demandó al estado nacional para que reconozca la ocupación tradicional del territorio, como así también a Arelauquen por haber usurpado y alambrado parte del predio y por haber bloqueado el paso por el camino utilizado tradicionalmente.
En junio del 2021, el abogado de esa comunidad mapuche remitió un listado con 60 integrantes de la lof a Arelauquen para que puedan ingresar por el acceso del country hasta su territorio comunitario «como si fueran un socio más». Se trata del camino ancestral Los Álamos que construyó Quijada años atrás y que quedó inmerso en medio del complejo del grupo belga Burco. Durante 14 años, los integrantes de la comunidad demoraron horas para acceder a su territorio al no poder ingresar por el paso tradicional.
«Este abuso y atropello fue silenciado durante años por el poderoso consorcio inmobiliario de capitales extranjeros quienes no conformes con sus riquezas, avanzaron sobre nuestro territorio dejándonos encerrados y empobrecidos«, manifestaron desde la comunidad.
Además, le solicitaron a la jueza que Arelauquen restituya «la única parte plana del territorio que alambró de manera ilegal e inconsulta, impidiéndonos desarrollar la agricultura y la ganadería de subsistencia para alimentar a las familias de la comunidad».
En este caso, la jueza federal «basó su sentencia cautelar en el derecho humano al acceso al agua y a la energía eléctrica, considerando que los mismos se encuentran vulnerados» y que por esto «la supervivencia de la comunidad se encuentra en peligro».
«Esperamos que Arelauquen no presente oposición alguna al cumplimiento de lo ordenado por la Justicia Federal ya que una simple canilla o un toma corriente para tener un foquito encendido por las noches no representa nada para ellos y para nuestra comunidad, en cambio, supone acercarnos a vivir con un poco más de dignidad», indicaron.
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