Un barilochense es testigo clave en la causa contra un juez federal
Se trata de Gonzalo Ramírez Madrid. Fue el primero en denunciar al juez federal mendocino Walter Bento, procesado como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
El juez federal menciono Walter Bento fue procesado. Foto: gentileza MDZ
El barilochense Gonzalo Ramírez Madrid es uno de los testigos claves en la causa en la que se investiga al juez federal mendocino Walter Bento, procesado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficiar a imputados por delitos de contrabando y narcotráfico.
«Fui el primer testigo que espontáneamente se acercó a denunciar«, dijo en diálogo con RÍO NEGRO.
Ramírez Madrid es analista de sistemas y comenzó a trabajar en la Aduana de Bariloche, hasta que asumió un cargo en la Aduana de Neuquén y finalmente, en Mendoza, donde quedó detenido en una causa por tentativa de contrabando de cigarrillos.
«En 2014, me imputa Bento y me hace detener. Estando detenido empiezo a recibir llamadas telefónicas de un despachante de aduanas, Diego Aliaga, a quien conocía, pero con un tono prepotente», relató.
«Me dijo: ‘Vos ya sabés de quién soy amigo: de ‘Volkswagen’ (así le decía a Bento) y sabés cómo se arregla esto: tenés que ponerla’«, continuó. Según Ramírez Madrid, ese empresario le pidió 200 mil dólares o «en caso contrario, se pudriría en la cárcel».
Reconoció que después de cada llamado, «quedaba sumido en un ataque de nervios. Ponía el teléfono en altavoz para que las personas que estaban ahí escucharan. Ahora son testigos también. Aliaga se jactaba de tener amistad y arreglos con el juez y se alardeaba de haber arreglado varias causas de contrabando», advirtió.
Ramírez Madrid aseguró que nunca accedió a pagar la coima: «Tenía la certeza de que podría demostrar el error en mi imputación. Jamas iba a acceder a un pago de dinero porque podía demostrar que no había participado«.
Ante esta negativa, dejaron de llamarlo. «Como yo era funcionario de la Aduana, se inició un sumario administrativo. El juez, en complicidad con funcionarios de la Aduana, ordenaron mi traslado para tomarme declaración en la sede de Mendoza. Significaba que debía ser trasladado con esposas ante mi compañeros y en un camión del Servicio Penitenciario». Su abogado le planteó que lo correcto era «que el sumariante de la Afip se presentara en el Penal donde hay salas para tomar declaración» y por eso, presentó un escrito en el que resaltaba que Ramírez Madrid hacía uso de su derecho a no declarar.
«Ante esto, el juez ordenó llevarme a su despacho para que el instructor me tomara declaración. Mi defensa nuevamente presentó un escrito diciendo que hacía uso de mi derecho a no declarar y que no asistiría a la audiencia», contó Ramírez Madrid.
El día de la audiencia, relató, «diez efectivos del Geop (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarios) me sacaron a la rastra con cascos, cachiporras y escudos. Me esposaron y me desnudaron. Era pleno invierno. Cuando pregunté por qué hacían eso, me dijeron que eran órdenes del juez. Me llevaron a un playón a cielo abierto para trasladarme hasta que empecé a sentir corridas (después supe que eran mis abogados) hasta que me llevaron de nuevo a la celda».
«Me sacaron a la fuerza como preso peligroso. Me atemorizaron. Para mi eso fue una advertencia del poder que tenían«, reconoció.
En 2015 Ramírez Madrid recuperó su libertad y radicó una denuncia por apremios ilegales.
Cinco años después, Aliaga fue asesinado y a raíz del crimen, detectaron en su teléfono contactos con el juez federal. «Cuando lo encuentran muerto, los medios de Mendoza informan que se estaría investigando una asociación ilícita que lo involucraba a un magistrado. No daban el nombre, pero yo tenía en claro quién era. Por eso, decidí presentarme ante el fiscal (Dante) Vega que instruye la causa de las coimas y le cuento todo. A raíz de eso surge la imputación. Soy el caso 6 en la denuncia por cohecho y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público«, mencionó.
Ramírez Vega aseguró que «no hay palabras para describir el horror de estar privado de la libertad. Pero aún más, sabiendo que quien dispone de tu libertad te está apretando. Hay una asimetría de poder. Perdí mi trabajo porque la Aduana me cesanteó sin esperar una sentencia firme», dijo.
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