Techo Digno en Bariloche: retomarán en agosto las audiencias preparatorias del juicio

Hay fecha para la audiencia de control de acusación. En Roca hubo planteo para que el expediente pase al fuero federal y lo mismo ocurrirá la próxima semana en Viedma.

La megacausa por los planes de viviendas federales Techo Digno, que tiene planteo de competencia en Roca y posiblemente también en Viedma, sigue su curso en Bariloche con la agenda para agosto de retomar las audiencias de control de acusación, la instancia previa a llegar a juicio oral.

Esta semana en Roca el defensor Damián Torres pidió que uno de los expedientes, que tiene imputados a la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro y al exjefe comunal Gilberto Montanaro, pase a la Justicia Federal. Lo mismo se impulsará el próximo martes en Viedma, con otra de las causas.

En tanto, en Cipolletti, un abogado defensor solicitó la excepción por falta de acción penal que será analizada el próximo miércoles en una audiencia.

Pero en Bariloche, donde el trámite judicial está más avanzado, se confirmó que el 12, 13 y 14 de agosto seguirán las audiencias de control de acusación, la instancia previa al juicio oral que se inició semanas atrás y quedó trabada con la resolución de la posible declaración de inimputabilidad de uno de los empresarios de la construcción involucrados, Alberto Usandizaga.

Las fechas para continuar con este trámite fueron definidas por la Oficina Judicial de la Tercera Circunscripción Judicial y se espera que la fiscalía exponga la acusación, presente las pruebas y los testigos que citará para el juicio que tiene a la exintendenta María Eugenia Martini como imputada, junto al exfuncionario municipal Alfredo Milano y el empresario Juan Armando Castelli, propietario de Oriente Construcciones.

En la ciudad cordillerana se tramita además un desprendimiento de la causa original de Techo Digno que tiene como imputado al exintendente Gustavo Gennuso por la conformación de plazos fijos en cuentas municipales con los fondos destinados a las viviendas.

El expediente tuvo su origen en el fuero federal impulsado por el juez Claudio Bonadio 9 años atrás, pero luego fueron remitidas las actuaciones a la Justicia provincial que se tramitan en cada circunscripción, según la ubicación de la ciudad donde presuntamente se cometieron los delitos contra la administración pública.


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