Femicidio de Agostina: el mensaje completo de la amenaza al jurado y las fallas en la seguridad
Todos los detalles de la gravísima intimidación, sin precedentes en la provincia de Neuquén. La necesidad de esclarecerla para preservar el único sistema que permite la participación popular en el Poder Judicial y que costó más de un siglo y medio en implementarse.
La jueza Leticia Lorenzo habilitó el juicio directo. (Archivo/Matías Subat)
«Voten bien. Tenemos sus domicilios». El mensaje, escrito en la pared del baño de hombres al que sólo tienen acceso los integrantes del jurado, fue escrito el martes a la noche y descubierto hoy a la mañana en plena deliberación del tribunal popular que estaba definiendo la responsabilidad de los cinco imputados en el femicidio de Agostina Gisfman.
Se trata de una falla gravísima en los mecanismos de seguridad, sin precedentes en los ocho años que lleva la implementación del juicio por jurados en Neuquén, y que tampoco registra antecedentes en el resto del país, según calificadas fuentes judiciales consultadas.
La seguridad está a cargo de personal de la dirección de Unidades de Detención. La Oficina Judicial abrió una información sumaria administrativa, informó su jefe Juan Guaita.
Si fuera cierto que alguien accedió a la dirección de los jurados populares, cuyos datos personales se preservan con extremo celo, estaríamos ante una fuga de información escandalosa.
El baño fue higienizado el martes a la tarde por la empresa tercerizada que presta el servicio. No es inaccesible, pero tampoco es de uso habitual para el público que recorre la Ciudad Judicial: está reservado de manera exclusiva para el jurado popular. En el sector no hay cámaras de vigilancia.
Hoy a la mañana, cuando el jurado encontró el mensaje, se lo transmitió de inmediato a los otros 11 que se encontraban en la sala de deliberación.
Reuniones a puertas cerradas
Se produjo entonces una primera reunión con la jueza Leticia Lorenzo y todas las partes: la fiscalía, la querella y la defensa de los cinco imputados. Fue a puertas cerradas, y se discutió -por momento acaloradamente- respecto de si debía continuar o no la deliberación.
Hacia las 10 de la mañana se consultó al jurado si estaban en condiciones de dar un veredicto con imparcialidad, o si alguno o alguna se encontraba afectado por el mensaje. Pasadas las 11 hubo otra reunión con las partes y el jurado, también rodeada de secreto.
El anuncio oficial
A las 12:32, la jueza Lorenzo informó públicamente que se resolvió anular el juicio y disponer que en un plazo de diez días se convoque a un nuevo debate, con otro jurado popular y otro juez.
«Un jurado accedió a un contenido intimidante, lo transmitió al resto del jurado, que compartió la sensación de seguridad», dijo Lorenzo.
«Es algo que pasó al interior de este edificio judicial, no en el domicilio», aclaró.
Dijo que «la preocupación que tenían las y los jurados trascendía la posibilidad que tenían de seguir debatiendo el caso».
«Si se daba un veredicto de responsabilidad, iba a estar atravesado por la duda de si se había dado por la prueba o por la situación que sucedió esta mañana. Y si era un veredicto de no responsabilidad, no sólo nos íbamos a quedar con la duda, sino que la acusación no tiene posibilidad de impugnar».
Investigación fiscal
Luego, el fiscal jefe de Homicidios Agustín García informó que conocieron lo que ocurría una hora después del comienzo de la deliberación de hoy. Los jurados «no estaban tranquilos (…) manifestaron que en esas condiciones no podían garantizar ellos tampoco la imparcialidad en la toma de decisiones», señaló.
El fiscal García prometió una rápida investigación. Más allá de cuál sea su resultado, lo deseable es que no dañe la institución del juicio por jurados, que está en la Constitución Nacional desde 1853, pero recién en los últimos años se logró implementar a cuentagotas en algunas provincias debido a la resistencia de los sectores más conservadores del Poder Judicial, que son alérgicos a la participación popular en sus decisiones.
A su turno, las y el defensor público que intervinieron expresaron en un comunicado: «se insta al Ministerio Público Fiscal a realizar rápidamente las investigaciones necesarias para lograr el esclarecimiento de lo acontecido». Lo firman Laura Giuliani, Natalia Pelosso y Pablo Marazzo.
Por su parte el sindicato de empleados judiciales Sejun expresó su preocupación por lo ocurrido. «Se vulneró la seguridad de todas las personas que participaban de este proceso», dijo en un comunicado, y reiteró «el pedido que venimos haciendo desde hace tiempo para reforzar la seguridad en todas las oficinas judiciales de la provincia».
«Además, resaltamos la importancia de los Juicios por Jurado, instancia que consideramos representativa de la sociedad que puede participar dentro del Poder Judicial, ámbito que generalmente suele estar alejado de la sociedad. Lamentamos que en el único espacio participativo ocurran este tipo de situaciones donde se vio vulnerada la seguridad del Jurado Popular».
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