Sobreseen a Patricia Bullrich en el caso del operativo de Gendarmería con los Campo Maripe
La decisión del juez federal de Neuquén alcanzó además a Pablo Noceti y altos jefes de la fuerza de seguridad que participaron en el territorio reclamado por la comunidad mapuche.
Los hechos ocurrieron en el área de Loma Campana, en junio de 2017. Foto: Florencia Salto
La precandidata presidencial Patricia Bullrich fue sobreseída en una causa penal que comenzó en 2017, cuando era Ministra de Seguridad, a raíz de una intervención de Gendarmería Nacional en Loma Campana, en tierras reclamadas por la comunidad Campo Maripe.
Por orden de Bullrich, entre 50 y 60 efectivos de Gendarmería irrumpieron en la zona sin orden judicial y a pedido de la empresa YPF, que necesitaba realizar reparaciones, tareas de mantenimiento y recambio de equipos. Cortaron caminos e impidieron a los miembros de la comunidad que se desplazaran libremente y llegaran a sus domicilios.
El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, llegó a la conclusión de que las tierras donde Gendarmería realizó el procedimiento, los días 21 y 22 de junio del 2017, «son de dominio provincial».
El área «estaba siendo reivindicada por la comunidad pero no le había sido adjudicada», y «existían caminos alternativos para llegar a los puestos de la comunidad a través de otras vías, sin desconocer que tal situación pudo haber perjudicado la circulación por la zona«, dice el fallo de Villanueva al que accedió diario RÍO NEGRO.
La orden existió y se cumplió
«Se encuentra probada la existencia y el cumplimiento de una orden dirigida a que Gendarmería Nacional proteja a las cuadrillas de YPF que debían realizar arreglos en las locaciones 22 y 138, el 21 y 22 de junio de 2017, y que en tal faena impidieron el paso de personas pertenecientes a la comunidad Campo Maripe», añade la resolución.
También considera probado que «el territorio donde se asienta la locación 22 y alrededores de la 138, forman parte de la pretensión exteriorizada por dicha comunidad, para cuyo objetivo habían desplegado acciones que impedían el normal desarrollo de las tareas de la empresa».
«Del análisis legal se excluyó que el caso pertenezca a las situaciones previstas por la Ley de Seguridad Interior, y que -de acuerdo con la Ley de GN, de ministerios, y de soberanía hidrocarburífera, la orden era legal y acorde con el objetivo propuesto», agrega el magistrado.
El sobreseimiento alcanza a Bullrich, a su exjefe de gabinete Pablo Noceti, y a los jefes de Gendarmería Carlos Ariel San Emeterio, Jorge Elías Mariani y Luis Héctor Lagger.
La descripción de los hechos
La imputación formulada contra Carlos Ariel San Emeterio (52) comandante mayor de Gendarmería Nacional en actividad, fue que el 21 de junio de 2017, aproximadamente a las 10, alrededor de 50 efectivos del Escuadrón Núcleo ‘Comahue’ de Gendarmería Nacional bajo su mando ingresaron en vehículos de la fuerza (camionetas, camión y vehículo para transporte de personal tipo Sprinter), sin orden judicial, a la locación N° 22, Loma Campana, y montaron un operativo de seguridad que se extendió aproximadamente hasta las 20 horas, lapso en el cual las familias de la Comunidad Lof Campo Maripe permanecieron aisladas debido al bloqueo del camino realizado por personal de GNA.
El operativo se repitió el 22 de junio de 2017, alrededor de las 10:35 y hasta las 15, ocasión en la que agentes de esa fuerza ingresaron nuevamente sin orden judicial a la Locación n° 138 de la Zona Oeste de Loma Campana, montando un operativo de seguridad en los mismos términos que el día anterior».
La cadena de mandos
A Bullrich -por entonces Ministra de Seguridad de la Nación- se le imputó haber emitido esas órdenes, transmitidas a través de Noceti –ex Jefe de Gabinete de esa cartera ministerial-, y –en el ámbito de la Gendarmería Nacional- a través de los comandantes Lagger y Mariani, titular de la Región V y 2° Jefe de la Agrupación XII° Comahue de la Gendarmería Nacional, respectivamente, quienes dispusieron su cumplimiento.
El fallo del juez federal señala que Noceti y Bullrich declararon que «para la protección de personas y medio ambiente, las autoridades de YPF S.A. solicitaron la asistencia de Gendarmería Nacional para poder realizar reparaciones en las locaciones 22 y 138″.
Las mismas consistían en trabajos de soldadura y reparaciones eléctricas que «no habían podido realizar o concluir por la interferencia de una comunidad mapuche (“Campo Maripe”), que tenía pretensiones sobre esos territorios aunque, según pudieron relevar, no tenían derechos reconocidos, pues se trataba de tierras fiscales de la Provincia de Neuquén».
La investigación tuvo inicio el 1 de diciembre del 2017 por denuncia de Jorge Nahuel.
Reunión en el Ministerio
El fallo menciona que el 16 de mayo del 2017 «existió una reunión en las oficinas del Ministerio de Seguridad, en la que participaron Pablo Noceti, Patricia Bullrich y el fiscal federal Alejandro Moldes, de General Roca, que, según el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, fue solicitada por el fiscal con el siguiente motivo: “Situación YPF y Mapuches”.
En la oportunidad «se hablaron varios temas, entre ellos los referentes a las instalaciones vulneradas de YPF y la población mapuche”.
Además, «de acuerdo con los dichos del testigo Sebastián Mocorrea, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos comunicación y marketing de YPF S.A, también existieron gestiones por parte de la empresa, al menos para “sensibilizar” sobre la cuestión«, dice el fallo.
Comentarios