Se multiplican las estafas con la venta de lotes en Bariloche: desarrollos inmobiliarios bajo sospecha
Hay decenas de causas en trámite en el Ministerio Público Fiscal. Hubo imputados condenados a penas de prisión en suspenso y efectiva. Desde el Tribunal de Impugnación Provincial criticaron decisiones de jueces de Bariloche y de un fiscal en una causa por defraudación con terrenos.
Bariloche tendrá un corte general de energía el sábado. Archivo
Marcos tuvo un sueño. Y durante un tiempo lo hizo realidad. Pero todo se desmoronó cuando descubrió que había quedado en el medio de una disputa por tierras en un sector del cerro Otto de Bariloche. “Nosotros tuvimos una situación con René Book que nos vendió arriba de Piedras Blancas un lote”, recordó.
Contó que construyó con mucho sacrificio una cabaña. Era el proyecto de vida de su familia. Después, se enteró que ese lote -y otros- no le pertenecía a Book y lo reclamaba otra familia de la ciudad. También, la municipalidad de Bariloche aseguraba que era suyo.
Relató que en el 2018 “nosotros cerramos la persiana”. “Firmamos ante un abogado un papel y lo que teníamos de la escribanía Quiroga y vendimos el lote a una persona por muy poca plata y la cabaña. Ahí quedó el sueño de toda la familia”, explicó. “No tenemos esperanza de recuperar nada, lamentablemente”, admitió Marcos.
Dijo que tuvieron que ir al juzgado. “Fuimos citados para declarar cómo habíamos comprado eso. Hemos hecho nuestra parte, hemos estado frente a él (por Book) y no ha resultado nada. Vemos que está trabado todo y de mi parte ya no haré más nada, quedó así como algo en el pasado”, explicó, decepcionado.
Marcos encontró ese lote en la revista ABC, que se dejó de imprimir hace unos años. Dijo que la persona que les vendió “tomó un dinero y después fuimos entregándole una parte hasta que con mucho esfuerzo hicimos una cabañita, pero la verdad que no salió nada como lo habíamos pensado. Nada. Una mala experiencia”.
La venta de lotes flojos de papeles se multiplicó en los años últimos en el cerro Otto. Y en otros sectores de Bariloche. Las denuncias por estafas se convirtieron en moneda corriente y hay decenas de causas en la justicia penal. También, en el fuero civil. Algunas investigaciones lograron que los autores fueran condenados.
El caso de las maniobras con la venta de terrenos de dudosa procedencia se ventiló como uno de los posibles móviles del crimen a sangre fría de Facundo Nicolás Bargiela, que fue ejecutado la noche del 7 de abril pasado de un tiro en la nuca.
Estafa con venta de lotes en Bariloche: Una sociedad macabra
El fiscal César Lanfranchi dio pistas en esa dirección cuando imputó a mediados de abril pasado a los sospechosos. Dos de los imputados Jonathan Rabinovici y Carlos Gustavo Bracamonte eran socios de Bargiela en esas sospechosas operaciones inmobiliarias.
Rabinovici admitió este lunes ante un tribunal que fue el autor del crimen de su amigo y socio. La víctima tenía llegada a funcionarios de Juntos Somos Río Negro, según revelaron fuentes que lo conocieron.
Las maniobras con lotes comprenden varias modalidades. El fiscal Tomás Soto trabajó con su equipo en varias investigaciones. “No todo es tan sencillo. Siempre hay que analizar caso por caso”, indicó.
Para marcar un contraste, señaló que en el caso de las estafas telefónicas “se puede seguir la ruta del dinero” e identificar a quién hizo la maniobra.
La difícil tarea de reconstruir la cadena por la estafa con lotes en Bariloche
Dijo que con los terrenos es más complicado. Explicó que en muchos casos las defraudaciones se hacen con boletos de compraventa, con firmas falsificadas. Y son documentos que por lo general pasaron por varias manos. Reconstruir esa cadena hasta llegar al autor es una misión difícil. “Muchas veces el titular registral falleció hace muchos años y la firma fue falsificada”, señaló.
Soto dirigió la investigación que descubrió las estafas con lotes y viviendas que hizo Norberto Gutiérrez, que fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por 40 hechos. El perjuicio total estimado fue de unos 51 millones de pesos.
También fueron condenados sus cómplices, Ezequiel Cid y Claudio Seguel a tres años de prisión en suspenso en suspenso, y Diego Cid, a dos. Allí, los denunciantes fueron clave para descubrir las maniobras y las escuchas telefónicas autorizadas por un juez.
Soto dijo que otro aspecto que complica es que la escala penal para este tipo de delitos arranca con un piso muy bajo de un mes de prisión. El máximo es 6 años. Aunque hay excepciones. Si un imputado no tiene antecedentes penales accede a veces a la probation o penas en suspenso.
Los damnificados se tienen que resignar a transitar la vía civil para tratar de recuperar lo invertido, que demora años en llegar a una sentencia firme. Y si el demandando es insolvente el panorama es desalentador.
En la trama de las estafas con la venta de lotes y viviendas hay varios actores que mueven los hilos en las sombras. Las sospechas giran en torno a escribanías, inmobiliarias y personas que tienen acceso a información catastral clave en la municipalidad o la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ex Rentas).
Estafas con lotes en Bariloche: Algunos casos resonantes
También, sindicalistas como Juan Kopprio de UPCN, que fue condenado a finales de abril del 2021 a tres años de prisión en suspenso como autor responsable de 294 hechos de estafas, con los proyectos “Barrio Social Nahuel Hue II” y “Barrio San Juan”. Las denuncias se hicieron hace 12 años.
El 1 de agosto del año pasado, Laura Zanoni, expresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda durante la primera gestión del exintendente Gustavo Gennuso, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de estafa y tentativa de estafa.
El 30 de junio de 2017, los jueces de la exCámara Criminal Segunda de Bariloche, Héctor Leguizamón Pondal, Emilio Riat y Rubén Marigo, condenaron por 47 hechos de estafa a la escribana María Alejandra Aguirrezabala, a 3 años de prisión de ejecución condicional, y 10 años de inhabilitación especial para ejercer la función notarial.
También hubo causas penales que comprometieron a dirigentes de cooperativas que recibieron tierras de la municipalidad y las vendieron, con promesas de viviendas, que no se hicieron.
Fuentes municipales comentaron que los casos más graves son IFES (barrio Valle Azul) y los loteos de Rucas del Sur. Dijeron que entre ambas entidades suman más de 1.000 lotes. Revelaron que ambas tienen deudas millonarias porque “ni pagaron la tierra”.
Lamentaron que en muchos de esos proyectos cooperativos “se terminó desvirtuando su carácter social”. Comentaron que los lotes “se venden en dólares, se revenden, hay casos de venta del mismo lote varias veces, no se terminaron los servicios, etc.”
El municipio apunta a otro mecanismo por estafas con lotes en Bariloche
Diario RÍO NEGRO consultó por el tema al vicepresidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Tomás Guevara, que admitió que “efectivamente hay varios casos” con maniobras con lotes cedidos por la municipalidad, por ejemplo, a cooperativas. “Nosotros nos encontramos con muchas irregularidades en operatorias. No me animaría a hablar de estafas en todos los casos ni mucho menos. Además, eso lo tiene que decir la Justicia”, aclaró.
“Lo que es seguro es que mucha gente se metió en esas entidades porque el municipio no daba otra alternativa de acceso y esa expectativa fue defraudada en muchos casos. No en todos claros. Hay cooperativas que trabajan bien”, sostuvo.
“Por eso decidimos de momento frenar y no seguir haciendo adjudicaciones colectivas. Hasta no tener mejor resuelto cómo deben ser los convenios de colaboración”, indicó. De hecho, se puso en marcha una auditoría.
“Hay algunos que ya vienen de gestión anterior y los vamos a continuar, pero tratando de extremar recaudos para que no vuelva a pasar lo mismo”, destacó Guevara. Consideró que el Estado “perdió capacidad de controlar a esas operatorias porque una vez que se les vende la tierra tiene pocas facultades de contralor”.
Respecto a posibles complicidades puertas adentro del municipio, Guevara respondió: “Puede ser. Hemos visto cosas irregulares en las adjudicaciones. Podría ser el caso que han subido y bajado gente “a pedido”. Pero eso sucede porque el Estado cedió esa potestad de adjudicación. Ahí está el origen del problema”.
“Y además en casi todos los casos la entidad no pone nada. Sólo organiza la gente. El loteo lo hace el Estado y le vende a la entidad. Entonces no tiene mucho sentido”, advirtió. Para Guevara “hay que repensar el mecanismo. Hay que mejorar el marco normativo para evitar estos problemas”. “Por eso los primeros loteos van a ser todos de adjudicación individual”, adelantó.
Reformularon cargos contra un desarrollador inmobiliario
El juez de garantías Víctor Gangarrosa admitió la reformulación de los cargos que la querella formuló contra el empresario local Domingo Nicolás Gabriel Di Tullio Honrado, excandidato a gobernador Podemos Proyectar Rio Negro (PPR) por defraudación por administración fraudulenta.
La audiencia pública se hizo el viernes en Tribunales de Bariloche. Los abogados por la querella Martín Govetto (exfiscal) y su par Magdalena Sanguinetti atribuyeron que Di Tullio Honrado que en carácter de socio administrador de “Di Tullio Emprendimientos SAS” y actuando como representante de la sociedad fiduciaria del Fideicomiso Solares de Bariloche, le vendió a Fernando Boudourian, once lotes ubicados en el desarrollo inmobiliario y urbanístico “Solares 1-Fideicomiso Solares de Bariloche 1”.
Govetto relató que debido a que Boudurián no residía en esta ciudad, y en razón de la confianza que tenía con Di Tullio Honrado, que se presentaba como desarrollador inmobiliario y dueño de la Chocolatería Frantom, le otorgó un poder especial a su favor con la intervención del escribano Fabrizio Fato.
Advirtió que los dos boletos de compraventa originales y el poder especial quedaron en resguardo del escribano Fato, para que luego Di Tullio pudiera llevar adelante la escrituración de los lotes a nombre de Boudourian.
Sostuvo que eso no sucedió. Indicaron que en fecha no determinada pero que puede establecerse entre el 22 de julio y el 5 de octubre de 2021, Di Tullio Honrado retiró los dos boletos de compraventa pertenecientes a Boudourian que se encontraban en resguardo en la escribanía, correspondientes a 11 lotes del desarrollo urbanístico “Solares de Bariloche”. Señalaron que el imputado utilizó para ello el poder especial.
Dijo que el 12 de octubre de 2021, Di Tullio Honrado se presentó en la Escribanía de Daniela Chavez, de Villegas 310 de esta ciudad, en compañía de Ariel Guillermo Burgos, con los boletos y el poder especial.
Según la querella, Di Tullio Honrado perjudicó intencionalmente los intereses confiados por Boudourian y vendió los lotes. Govetto dijo que el imputado “conocía la inminente revocación de ese poder, pues Boudurián se lo había transmitido por los canales habituales de comunicación y por carta documento”.
Govetto dijo que Di Tullio vendió los referidos lotes a Ariel Guillermo Burgos, quien declaró que actuaba en bajo la modalidad de “gestión de negocios” por y para la razón social “Chocofactory SAS” con domicilio legal en Palacios 156 2do piso oficina B y seguidamente Juan Ramón Sentena, dijo ser representante de la sociedad y ratificó y aceptó la gestión.
La venta se concretó a través de una cesión de los derechos de los boletos de compraventa y en definitiva de los lotes, por parte de Di Tulio Honrado, consignando que recibía como pago la suma de pesos argentinos un millón seiscientos mil ($ 1.600.000) por el primer boleto de un lote y 8.000.000 de pesos por el otro boleto de los diez lotes. Según la querella, las supuestas maniobras causaron un perjuicio patrimonial de 1.540.000 de dólares.
Lo que declaró Di Tullio
Di Tullio Honrado declaró que hizo con el querellante varias operaciones similares en 15 años. Indicó que la compra de los lotes “fue para venderlos después ese fue el espíritu”. “Me da un mandato para que yo comercialice esos lotes y rinda cuentas”, explicó. El querellante participó de la audiencia por zoom.
“El poder estaba en vigencia, tenía facultad para venderlos. Nunca hice nada fuera de la facultad que el poder me confería”, aseveró.
“Esta defensa se opone a la reformulación de cargos porque no hay delito”, alegó el defensor Martín Domínguez, vinculado al sector político del intendente Walter Cortés.
“Sobre la premisa básica de que no hay delito, lo mismo que opinó el Ministerio Público Fiscal cuando la querella hizo la denuncia”, indicó. Justamente, la fiscalía se retiró y desistió de investigar los hechos denunciados porque entendió que no había delito.
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“No hay ningún vicio de ilegalidad. Estos hechos se están ventilando en sede civil”, enfatizó el defensor particular. “No encontramos el delito, no encontramos la figura”, insistió.
“Di Tullio Honrado utilizó en el marco de lo que estaba establecido en ese poder, no se corrió un milímetro de ese poder y lo más anecdótico y llamativo es que a la postre Boudourian ganó dinero, vio incrementada su inversión”, sostuvo Domínguez.
Dijo que Di Tullio Honrado “se dedica a desarrollador inmobiliario. Tiene esa forma de vida”. Sin embargo, el juez admitió la reformulación de los cargos planteada por la querella y prorrogó hasta mediados de junio el plazo para la investigación preparatoria. Domínguez adelantó que pedirá una suspensión de juicio a prueba a favor de Di Tullio.
Fuertes críticas del TIP a jueces de Bariloche y al fiscal
El 16 de mayo último el Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) admitió la impugnación presentada por los abogados de Boudourian como querellante. Los jueces Carlos Mussi, Adrián Zimmermann y Miguel Ángel Cardella revocaron las resoluciones que habían dictado los jueces de Bariloche Marcelo Álvarez Melinguer el 16 de febrero pasado y su par Sergio Pichetto, el 26 de marzo último que le otorgaron el beneficio de la probation al imputado Sergio Rodolfo Burgos.
Los jueces del TIP rechazaron la suspensión de juicio a prueba solicitada por Burgos y, en consecuencia, ordenaron que continúe el proceso penal. Burgos fue asistido también por el abogado Domínguez. El mismo que defiende a Di Tullio Honrado.
Tal como ocurrió con el legajo de Di Tullio, en este caso el fiscal Soto también desistió de seguir con la investigación y quedó solo la querella para impulsar la acción penal.
A Burgos se lo imputó por catorce hechos independientes de desbaratamiento de derechos acordados por doble venta por parte del imputado de 29 lotes que previamente habían sido vendidos y acordados a Boudourian.
El denunciante dijo que adquirió por boleto de compraventa 50 unidades funcionales del Desarrollo Urbanístico La Herradura, y 29 de estos lotes fueron vendidos nuevamente a terceras personas por Burgos configurando el desbaratamiento de derechos, que sanciona el Código Penal.
El TIP había admitido el 13 de diciembre del 2023 una queja de la querella y había revocado la resolución del juez de Bariloche Bernardo Campana a favor de otorgarle la probation a Burgos. Y habían ordenado que la causa siga adelante. Ahora, el TIP volvió a intervenir pero los jueces criticaron con dureza a Pichetto y a Álvarez Melinger.
“Lo primero que advierto de lo anterior, es que el MPF y los Jueces realizaron un evidente alzamiento contra la autoridad institucional de este Tribunal de Impugnación. Desconocieron, con una arbitrariedad y desdén expresa tal, que sorprende que se realizaron en un dictamen y resoluciones judiciales, máxime cuando corresponden a un funcionario y magistrados que llevan años en este Poder Judicial”, advirtió Mussi.
“Y la situación es más grave aún, cuando se observa que el desconocimiento de lo resuelto por este Tribunal de Impugnación en fecha 13/12/23, en este mismo legajo, no se debió a una negligencia, sino a la clara y expresa intención de dejarla de lado para seguir lo que opinaron otros Jueces de este Tribunal de Impugnación, en otra causa, y hace cuatro años”, afirmó.
“Y el fiscal Soto, en nuestra audiencia (minuto 40), dice expresamente que la ley no exige el requisito reparación. Es claro y nada obsta a que esa sea su opinión, pero su dictamen no fue jurídicamente objetivo en razón de apartarse de la decisión firme anterior de este Cuerpo”, advirtió Mussi.
“En los muchos años que llevamos en la justicia, no recordamos un dictamen fiscal y dos (no una) resoluciones judiciales que intencionalmente desconocieran lo expresamente antes resuelto sobre una determinada cuestión por el tribunal superior en la misma causa. La evidencia de la gravedad institucional de la situación nos exime de continuar con la cuestión”, enfatizó el juez del TIP.
“Volviendo al caso concreto. Como antes dijimos, no está controvertido que, por lo menos, el perjuicio a valores anteriores al momento de los hechos ilícitos se estima en USD 348.000 (USD 12.000 por 29 lotes). El imputado, en esta segunda petición de probation, ofreció como reparación el equivalente a aproximadamente USD 50.000 (a pagar en cinco cuotas iguales)”, indicó.
“Analizando sólo la cuestión de razonabilidad de los montos perjuicio/reparación, el ofrecido es palmariamente irrazonable”, afirmó.
Mussi advirtió que el fiscal y los jueces Pichetto y Álvarez Melinger “para admitir el monto ofrecido como reparación tuvieron que desconocer lo resuelto por este Tribunal de Impugnación en este legajo (en cuanto sostuvo que la reparación es un presupuesto de admisibilidad de la probation y que debe analizarse jurisdiccionalmente) y, expresamente, solo en beneficio del imputado y manifiesto perjuicio de la parte Querellante, decidieron buscar un precedente que convenga al fin de sustentar sus dictámenes y decisiones”.
“El monto ofrecido como reparación, que es irrazonable en relación al monto del perjuicio, también sigue siendo irrazonable si lo ponderamos en relación a las posibilidades del imputado, destacando para esto último, que no puede admitirse que se beneficie patrimonialmente con el resultado del hecho delictual imputado”, sostuvo.
“Sabido es que la actuación del MPF, bajo la directiva de objetividad, tiende a poner un equilibrio a las pretensiones de la Querella. En el presente caso para nada observamos esa actividad. Por el contrario, sus actos procesales denotan subjetividad que rompe el equilibrio, siempre en favor del imputado. Y no estamos hablando del principio in dubio pro reo”, advirtió el TIP.
Fuerte llamado de atención
“Todo esto se enmarca en una situación de imputación de hechos delictivos que, ciertamente, superan la estafa y/o defraudación simple. Porque de lo manifestado en las audiencias, se observan conductas delictivas con catorce hechos que se consumaron en diferentes años, desde el 2019 en adelante, y que totalizan un perjuicio -a valor histórico- de USD 348.000; o sea, a valores de hoy, aproximadamente trescientos cuarenta y ocho millones de pesos”, enfatizó.
“Otros datos de relevancia son: que todos los bienes inmuebles e ingresos registrados del imputado ya fueron relevados y valorados en este legajo; que se desconoce el destino de los montos obtenidos por el imputado con motivo de los hechos ilícitos imputados; que -conforme requisitorias de apertura a juicio del MPF y Querella- la escala penal en abstracto por los delitos imputados es de 1 mes a más de 50 años de prisión (con este límite conforme art. 55 segundo párrafo del CP)”, señaló.
Recordó que ante la primera solicitud de probation que hizo la defensa de Burgos, con un ofrecimiento de reparación por unos 1.500 dólares, “el MPF dictaminó de forma favorable”. En esa ocasión, Domínguez indicó que Burgos era “empleado de comercio” y que ganaba entonces 255.000 pesos por mes, tenía su domicilio propio como propiedad, y un local comercial de pequeñas dimensiones.
Mussi observó que en la segunda solicitud de probation hizo un ofrecimiento de reparación por aproximadamente 50.000 dólares, y el fiscal también dictaminó de forma favorable.
“Dos situaciones son graves. Primero, que con cualquiera de los dos montos ofrecidos, se permitiría la impunidad civil y penal con el beneficio de mantener lo obtenido de los hechos ilícitos imputados”, afirmó Mussi.
Este es un tema que institucionalmente no debe tomarse a la ligera, mucho menos por el MPF. La impunidad es un acicate para la comisión de nuevos delitos. Las acciones delincuenciales que quedan sin castigo efectivo y adecuado estimulan y, con frecuencia, escalan nuevas prácticas de criminalidad”.
Carlos Mussi, juez del Tribunal de Impugnación Provincial.
“El MPF -más allá de su opinión personal- se apartó de lo decidido por este Tribunal de Impugnación, mediante resolución firme y consentida, lo que implicó un grave perjuicio patrimonial para la Querella”, indicó.
Mussi advirtió que “todo lo anterior es indicio suficiente para establecer que el MPF está -por lo menos- desinteresado en la objetiva persecución penal de los patrimonialmente graves hechos que se imputan». «No dictaminó a favor de una salida alternativa con reparación razonable. Pretende una pena menor a 3 años de prisión en suspenso ante una escala penal en abstracto de 1 mes a 50 años de prisión”, alertó.
“La decisión de la jurisdicción es más formal que real y los términos del “acuerdo” se desentiende de los hechos en concreto en tanto es llamativa la articulación que hizo en el desarrollo de la investigación la Fiscalía sin referencia a una política criminal sobre delitos económicos con impacto en la sociedad, por ejemplo no hay un tratamiento de como un desarrollo urbanístico posibilita la doble venta de lotes”, advirtió Cardella.
“El voto de mis Colegas destaca un punto crucial que sustenta nuestro resolutorio: quien aparece como víctima de la conducta del señor Burgos adquirió 29 lotes a un costo de 12.000 dólares cada uno, lo que suma un total de 348.000 dólares. En el acuerdo propuesto se contempla una devolución «reparadora» de 50.000 dólares. Más allá de discutir si este monto constituye o no una reparación para evitar un juicio penal, lo innegable es que se vislumbra una maniobra que, al analizarse detenidamente, revela un negocio de vender un mismo bien dos veces y luego «reparar» parte de la transacción”, destacó Cardella.
“Esta situación plantea serias preocupaciones, ya que podría sentar un precedente peligroso. Si este tipo de práctica prospera, podemos imaginar a otras personas recurriendo a esta estrategia sabiendo que, utilizando ciertas herramientas del sistema procesal, pueden evitar investigaciones y juicios penales”.
Miguel Ángel Cardella, juez del Tribunal de Impugnación Provincial.
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