Se frena el desalojo a la comunidad mapuche Inalef en la cordillera de Río Negro
Un juez de Bariloche hizo lugar a un recurso extraordinario de la defensa y se suspende la medida hasta que se expida el Tribunal de Impugnación Provincial.
La comunidad Coronado Inalef rechaza el desalojo dispuesto por la justicia. Imagen gentileza Radio Encuentro
La comunidad mapuche Inalef Coronado tendrá un compás de espera en el desalojo dispuesto por un juez de Bariloche ante la aceptación, con efectos suspensivos de la medida, de un recurso extraordinario de la defensa que habilitó que el Tribunal de Impugnación de Río Negro analice el caso.
El Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que rigen los “efectos suspensivos” dispuestos por el juez de Juicio, Juan Martín Arroyo, que hizo lugar a un recurso extraordinario presentado el viernes a última hora por la defensora oficial Natalia Araya.
De “manera excepcional” -indicaron desde el organismo público, se hizo lugar al recurso y el Tribunal de Impugnación, que tiene sede en Viedma, deberá analizar la causa y la medida dispuesta originalmente por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence y ratificada por Arroyo, como juez de alzada. Hasta tanto se expida el tribunal no se puede llevar adelante el desalojo.
La comunidad Inalef Coronado, acusada por el delito de usurpación en tierras del paraje Mallín Ahogado, mantiene el estado de alerta, con apoyo de diversos organismos de derechos humanos, incluyendo el CELS y la APDH, desde el 15 de marzo cuando venció el plazo para el retiro voluntario de los integrantes de la lof que desde abril del año pasado permanecen en tierras que estaban en posesión de privados.
El fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón, impulsó la causa penal ante la denuncia de la familia Sepúlveda y la abogada Patricia Zavalía. El viernes 15 de marzo, vencido el plazo dispuesto por el juez Laurence, se presentó para notificar el inminente desalojo y días más tarde se inició formalmente el protocolo ante la ratificación de la comunidad mapuche de que no se retiraría del lugar.
El protocolo de desalojo obliga a convocar a varias instituciones como la Policía de Río Negro, Secretaría de Niñez y Adolescencia (ante la presencia de menores), Defensoría de Menores, Protección Civil, entre otros. Esta mañana la definición del momento del retiro de las personas ocupantes estaba en manos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, pero alrededor del mediodía se conoció la suspensión por un nuevo recurso legal.
La comunidad acusa que tuvo una mala defensa en el origen de la causa, con una patrocinante privada. Denunció “abuso judicial y político” contra las familias Inalef. “El despojo territorial lo venimos denunciando históricamente pero por no ser personas reconocidas, por no ser adinerados, ni estar vinculados a las políticas partidarias nuestro reclamos históricamente vienen siendo silenciados”, indicó la lof a través de un comunicado que hoy difundió el Parlamento Mapuche de Río Negro, que apoya el reclamo.
La comunidad ahora está representada por la defensora oficial Natalia Araya cuya laboral agradecieron por “hacer valer el derecho indígena”.
La semana pasada se conoció que el CELS envió una nota al procurador de Río Negro, Jorge Crespo, para pedirle el freno del desalojo y que se ponga de relieve el derecho indígena y la legislación que ampara a los pueblos originarios. Hasta el momento no hubo respuesta del titular del Ministerio Público.
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