A un empresario y desarrollador inmobiliario de Bariloche le rechazaron la probation: está imputado por defraudación
El juez Víctor Hugo Gangarrosa desestimó el pedido de la defensa del imputado tras el rechazo de la querella que cuestionó el ofrecimiento hecho por el empresario para acceder a la suspensión de juicio a prueba. El magistrado le otorgó una prórroga a los querellantes para avanzar con la investigación de las presuntas maniobras con la venta de lotes.
El desarrollador inmobiliario y empresario Gabriel Di Tullio solicitó por intermedio de su abogado Martín Domínguez acceder a la suspensión de juicio a prueba, pero el juez de Bariloche Víctor Hugo Gangarrosa rechazó la concesión de ese beneficio para el imputado.
Di Tullio está imputado en una causa por defraudación por administración fraudulenta. Al excandidato a gobernador por el partido Podemos Proyectar Río Negro (PPR) se le atribuye que actuando como representante de la sociedad fiduciaria del Fideicomiso Solares de Bariloche le vendió en 2021 a Fernando Boudourian 11 lotes ubicados en el desarrollo inmobiliario “Solares 1-Fideicomiso Solares de Bariloche 1”.
Como Boudourian no vivía en esta ciudad firmaron dos boletos de compraventa y le otorgó un poder especial a Di Tullio, con la intervención del escribano Fabricio Fato, para que después los escriturara a nombre del comprador. Sin embargo, según el denunciante, Di Tullio con el poder especial que tenía vendió a otra persona esos terrenos y perjudicó a Boodourian. Por eso, lo denunció.
La causa tiene la particularidad que la acción penal solo la impulsa la querella, porque fiscales de Bariloche entendieron que no había delito. No es la única en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se retiró. El Tribunal de Impugnación de la provincia le dedicó un severo reproche a esa actitud del MPF en una sentencia que dictó el 16 de mayo pasado en otra causa por presuntas defraudaciones con el desarrollo inmobiliario La Herradura en Dina Huapi y con Boudourian como denunciante.
Los planteos de la defensa
El 17 de mayo pasado, el juez Gangarrosa admitió la reformulación de los cargos que presentaron los abogados por la querella a pesar de la resistencia del defensor particular del imputado. En consecuencia, la querella quedó habilitada para seguir adelante con la investigación de los hechos denunciados.
El lunes último, Domínguez peticionó la probation para Di Tullio. “Entendemos que se cumplen los requisitos de fondo y forma”, sostuvo. Explicó que antes de la audiencia habían entregado un informe patrimonial suscrito por una contadora, con certificación del Colegio de Ciencias Económicas local “dando cuenta de la situación patrimonial de Gabriel Di Tullio” y un informe socioambiental.
Dijo que el empresario ofrecía 100 horas de tareas comunitarias en el plazo de un año. Destacó que no cuenta con antecedentes penales, y que la figura penal que se investiga tiene una pretensión punitiva menor a 3 años.
Dijo que Di Tullio ofrecía “en concepto de reparación del daño 10 millones de pesos, en dos cuotas iguales y consecutivas”.
“Se acreditó que posee un patrimonio que ronda los 37 millones de pesos y le pido al señor juez que considere el esfuerzo que está haciendo Di Tullio en ofrecer pagar 10 millones”, indicó Domínguez.
El rechazo de la querella
La abogada por la querella Magdalena Sanguinetti y su par Martín Govetto plantearon su oposición a concederle el beneficio a Di Tullio. “Nos vamos a oponer, pero no de forma caprichosa y antojadiza, sino de forma fundada”, aclaró Sanguinetti. Y citó un fallo del Tribunal de Impugnación.
“Esta acusación tiene la intención de llevar al imputado a juicio y adelantamos que, en la oportunidad de la audiencia de control de acusación, solicitaremos una pena efectiva”, afirmó. “No es real que la pretensión punitiva es menor a tres años”, señaló.
Además, informó que no había conformidad de la víctima a la concesión del beneficio. “El señor Boudourian desea que esta causa sea llevada a juicio”, insistió. “Y entendemos que la sociedad barilochense también necesita para evitar que situaciones de estafas o defraudaciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios sigan ocurriendo en la ciudad y que esto tenga un coto por ser un tema de extrema preocupación, de actualidad y de gran cantidad de casos, como el presente”, destacó.
Indicó que el perjuicio patrimonial en la formulación de cargos es cercano al 1,7 millón de dólares, según tasaciones del 24 de julio del 2021 e información que el imputado le brindó al denunciante por WhatsApp que se extrajo de un celular peritado.
“Tenemos un perjuicio patrimonial que ronda el 1,7 a los 2 millones de dólares y en contraposición a esto, el imputado ofrece como mayor oferta, que sería su máxima demostración de arrepentimiento, el equivalente a 10.000 dólares, lo que representa un 0,5% del perjuicio patrimonial ocasionado”, advirtió la abogada querellante. “Entendemos que esta es una total desproporción e inadmisible la oferta para la concesión del beneficio”, remató.
La situación patrimonial
Informó al juez que analizaron la capacidad económica del imputado, con informes que solicitaron a los Registros de la Propiedad Inmueble, del Automotor y a Personas Jurídicas.
“En el informe socio ambiental que presenta la defensa se ratifica que es empresario, es desarrollador inmobiliario y comercializador de chocolate. Él se presenta públicamente como dueño de Frantom”, explicó Sanguinetti.
Dijo que desde el Registro de la Propiedad Automotor de Río Negro les informaron que es dueño de una camioneta Renault Duster, su esposa es titular de un Fiat 500 Pro. “Pero además el imputado negó en esta declaración y en este informe socioambiental ser dueño de un Audi A4 2.0 TFS”, sostuvo.
La abogada afirmó que hasta mayo del 2024 “hace 20 días, era propietario de una camioneta todo terreno Mercedes Benz 2018”. Reveló que conforme valuación fiscal su costo es de 51.271.000 pesos.
“Ese automotor salió del patrimonio del imputado hace solo 20 días. El había pedido la suspensión de juicio a prueba previo a desapoderarse de automotor y a pesar de eso, hoy manifiesta que 10 millones de pesos es una oferta que para él es razonable y sería su máximo esfuerzo”, objetó Sanguinetti.
“Esta actitud del imputado de esconder bienes, de vaciar su patrimonio, de desapoderarse de un rodado importante, importado, una vez solicitado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, a nuestro modo de ver denota mala fe procesal y, sobre todas las cosas, no demuestra un verdadero esfuerzo y serio, ni una actitud de arrepentimiento”, alegó.
Dijo que además “utiliza una camioneta RAM que es de titularidad” de una sociedad que desde Personas Jurídicas “nos remitieron el expediente de constitución de esta sociedad y resulta que el único socio es el señor Di Tullio. Es 100% titular de las acciones”.
La querellante mencionó los informes que solicitaron a Migraciones donde figuran viajes de Di Tullio solo y algunos en compañía de su familia desde 2020 a la fecha a Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay.
Sanguinetti indicó que del informe del Registro de la Propiedad Inmueble se desprende que el imputado es dueño de dos inmuebles linderos al terreno donde tiene su vivienda. Que de la sociedad Di Tullio Enprendimientos A “es el único dueño”. Y que tiene 14 unidades funcionales del loteo Solares.
“El imputado manifiesta que su patrimonio es de solo 37 millones de pesos. Se acompaña una certificación contable de marzo del 2024. Nosotros la leímos y lo que dice es que se realiza sobre la base de las propias manifestaciones y declaraciones del señor Di Tullio. No certifica su patrimonio”, observó la abogada.
“Entendemos que el beneficio debe ser rechazado sin más trámite por no ajustarse a los requerimientos propios, por resultar improcedente y por el monto ofrecido resultar irrazonable”, concluyó.
La réplica de la defensa
Domínguez replicó. “Lo de la pretensión punitiva, claramente, la querella está haciendo futurología”, afirmó. “Hablan de un monto de daño, un monto calculado caprichosamente, no está acreditado en ningún lado. No tiene ningún basamento”, advirtió.
“No convirtamos doctor esta reparación del daño que se ofrece en una suspensión de juicio a prueba en una indemnización”, pidió Domínguez al juez.
Gangarrosa recordó que para la concesión del instituto de la probation se requiere “la conformidad del imputado y de la fiscalía, y en este caso de la parte querellante”.
“La querella ha rechazado el ofrecimiento y ha hecho una oposición fundada: esto es motivada y razonable”, afirmó. Mencionó que hay varios fallos que disponen “que el derecho de acceso a la justicia y a ser oído por parte de la víctima resulta un derecho fundamental a tener en cuenta y en este caso la víctima es evidente que no acepta la reparación”.
“No voy a ser lugar a la solicitud del pedido de suspensión de juicio a prueba”, resolvió. Di Tullio que participó de la audiencia pública, que se hizo por zoom, no dijo nada. Tampoco Boudourian pidió la palabra.
Prorrogaron el plazo de la investigación
Govetto pidió 30 días de prórroga del plazo de la etapa de investigación preparatoria, que vence el 15 de junio. Recordó el caso al juez. “Acá hay unos lotes que eran de Boodourian, Di Tullio se los cede, vende a Centena, que no sabíamos qué los hace porque no se acordaba cuando lo entrevistamos, pero obtuvimos informes del Registro de la Propiedad Inmueble el viernes y ahora sabemos quiénes serían esos dueños”.
“Hay un diputado muy importante de Buenos Aires, exembajador en Ecuador que tenemos que buscarlo para saber a quién se lo compró, cuánto lo pagó. No vamos a llegar al 15 de junio”, explicó.
Sanguinetti comentó que tienen que pedirle “al escribano Fabricio Fato un montón de escrituras. Se lo requerimos y no las presentó. Tenemos otras escrituras que pedirle y no las tenemos a disposición. Mas allá de las entrevistas a los adquirientes de los lotes. Necesitamos tener toda la información. Tampoco hemos podido entrevistar a una escribana que intervino”.
“Centena ahora apareció con otro fideicomiso que no sabemos cuál es y por qué en un informe de dominio de todos estos lotes”, añadió Govetto.
Domínguez se opuso. “No vamos a consentir mayores plazos. Han tenido suficiente tiempo”, afirmó. “Entendemos que eso perjudicaría la situación procesal de Di Tullio”, sostuvo.
Gangarrosa les dio la razón a los querellantes. “Entiendo que los representantes de la parte querellante han podido motivar la necesidad de obtener mayores plazos. No resulta vulneratorio de los derechos del imputado, ni mucho menos, simplemente que como acusadores privados requieren mayor plazo para producir una serie de evidencias”, observó.
“No resulta desproporcionado el plazo que están solicitando simplemente 30 días más. Entiendo que resulta razonable dicha petición”, resolvió. Y prorrogó la investigación preparatoria hasta el 24 de julio de 2024. Domínguez impugnó todo lo resuelto por el juez para que otro magistrado lo revise.
Comentarios