Rechazan el amparo colectivo de vecinalistas y gremios por el transporte de Bariloche
Los jueces de la Cámara de Apelaciones entendieron que no es la vía apropiada porque todos los planteos refieren al cumplimiento de un contrato administrativo.
La Justicia entendió que los gremios y vecinalistas deben acudir a otra vía para reclamar por el transporte urbano en Bariloche. Foto: Chino Leiva
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche rechazó el recurso de amparo colectivo impulsado por juntas vecinales, la CTA de los Trabajadores y el gremio Uthgra que buscaba la intervención judicial para que el municipio garantice el servicio de transporte urbano de pasajeros.
A contramano de lo ocurrido con otros amparos vinculados al transporte urbano, especialmente para tener unidades accesibles y recientemente otro caso vinculado al transporte escolar para escuelas especiales de Bariloche, esta vez los jueces que intervinieron rechazaron la presentación.
Los amparistas analizan apelar la decisión judicial.
El amparo buscaba que se garantice el normal funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros, las frecuencias y recorridos, el mantenimiento de las unidades , las paradas, el restablecimiento de los horarios nocturnos y el recorrido interno en la Península San Pedro, entre otros puntos.
Para los jueces Emilio Riat, Marcela Pájaro y Federico Corsiglia “así planteado el asunto, el objeto de la pretensión excede claramente el marco propio de un amparo”.
Aclararon que el amparo es la herramienta para “tutelar judicialmente derechos subjetivos constitucionales diferentes de la libertad corporal, afectados gravemente por actos u omisiones de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” e insistieron que esta vía “es adecuada para subsanar o impedir que en situaciones de extrema gravedad se irroguen daños irreparables por las vías comunes establecidas al efecto, siempre que haya una violación normativa notoria y fácilmente constatable del derecho invocado”.
“La pretensión esgrimida concierne a los alcances y el cumplimiento integral del contrato administrativo de concesión del servicio urbano de pasajeros que en modo alguno puede ventilarse por la vía elegida, amén de tratarse de una cuestión sumamente compleja”, señalaron los jueces de la Cámara de Apelaciones en su fallo fechado ayer.
Indicaron que la pretensión del amparo de los vecinalistas y gremialistas “no se reduce a un problema singular del transporte público con afección de grupos específicos (por razones muy particulares de edad, vulnerabilidad, etcétera) sino que concierne a todo el servicio de la ciudad, lo cual depende de políticas públicas y discrecionales reservadas a los órganos administrativos competentes”.
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