Quieren perpetuas y un pedido de disculpas a las víctimas por el accionar del juez y el fiscal de la dictadura en Neuquén
El Ceprodh pidió perpetua para el juez y el fiscal de la dictadura en Neuquén. La APDH planteó un pedido de disculpas del tribunal a las víctimas del terrorismo de Estado por el accionar de Duarte y de Ortiz
Lolin Rigoni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle (foto Cecilia Maletti)
En un pedido inédito en los juicios por delitos de lesa humanidad en la región, la APDH solicitó que el Tribunal Oral de Neuquén pida disculpas a las víctimas de la dictadura en este juicio, por el accionar del ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz durante la dictadura en la región.
A un año del inicio del juicio contra Duarte y Ortiz por delitos de lesa humanidad, la sala estuvo colmada de público durante los alegatos del Ceprodh, en representación de Inés y Oscar Ragni, fallecidos durante el juicio. En la segunda parte de la tarde, alegó la APDH y el público permaneció hasta el cierre.
«Aunque no estén, estamos otros que vamos a pedir con ellos, que no haya impunidad. Esto no solo es algo personal, es para el futuro, para los que creen en la Justicia, que no se dejen pasar cosas tan tremendas tantos años», dijo Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle.
Escéptica de lo que podrá ser el veredicto del tribunal integrado por María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, Lolín (que siguió la audiencia con auriculares para una mejor percepción del planteo de las abogadas) exigió «que se cumpla con lo que la querella pidió, veremos si los que tienen que resolver, están dispuestos a hacerlo. Nunca tuve simpatía hacia la justicia, a los jueces les cuesta mucho, tienen muchos dobleces, pero también tengo fe que la verdad tiene que prevalecer», sostuvo.
La Madre de Plaza de Mayo se retiró tras el cierre de Mariana Derni y Natalia Hormazábal, quienes exigieron que a los jueces de la dictadura se los condenara a prisión perpetua. «Nuestra querella ubica a Duarte y Ortiz en el centro del plan, para dar cobertura a los crímenes que se perpetraron, liberar la zona para que el crimen se cometiera sin consecuencias», dijo Hormazábal.
Insistieron que el desconocimiento que alegaron Duarte y Ortiz de las desapariciones y torturas era «impensable» y un «insulto a la inteligencia» de todos y todas. Recordaron que Inés y Oscar Ragni dedicaron 50 años de su vida a la búsqueda de su hijo y fallecieron en julio y septiembre sin saber qué ocurrió ni dónde está su hijo Oscar.
Mientras pedían sus condenas, Ortiz permanecía incólume en la pantalla con rostro severo y adusto, mientras que Duarte parecía escribir. A los acusados se los conoce por la imagen de las pantallas, ya que nunca estuvieron presencialmente en el juicio, lo que fue parte de la crítica tanto del Ceprodh como de la querella de la APDH.
Ambas representaciones de la acusación adhirieron al pedido de la fiscalía de que el Estado les deje de pagar las jubilaciones de privilegio que, según revelaron en el juicio, hasta abril fueron de 61 y 47 millones de pesos que comenzaron a cobrar los últimos días de la dictadura, sin tener ni la edad jubilatoria ni los años de ejercicio en el poder judicial, dentro de los acuerdos de salida del régimen para los jueces que no iban a ser confirmados por la democracia.
Las abogadas solicitaron además el encarcelamiento de los imputados, que llegaron al juicio en libertad.
Derni detalló que el ex juez y ex fiscal estuvieron frente al juzgado federal para «garantizar y garantizarse» la impunidad y que no fue la falta de pruebas lo que determinó su falta de accionar, sino que hubo plena intención de hacer lo que hicieron. Acusaron a Duarte de prevaricato y a ambos de omisión de persecución penal «como parte del obrar genocida» en calidad de autores.
Los abogados de la APDH expusieron por más de tres horas, en un minucioso detalle técnico que buscó desbaratar el planteo defensista de los acusados. «Es falso que Duarte se enteró con las sentencias» después del juicio a las juntas y de la reapertura de los juicios en la región, de que hubo torturas y desapariciones forzadas en la región, dijo Bruno Vadalá.
El abogado insistió en que el juez, a quien también acusó de prevaricato, fue designado en agosto de 1976 porque con «su indolencia y abulia, posibilitaron los crímenes de la dictadura», planteó.
Con Marcelo Medrano, calificaron sus conductas de dolosas y si bien adhirieron al planteo de la acusación de la fiscalía, consideraron que debían responder como partícipes primarios de la falta de persecución penal. Fueron «la justificación ficcional para legitimar el régimen dictatorial», señalaron.
Aseguraron que los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas, fueron la diferencia entre la vida y la muerte de los jóvenes que habían sido secuestrados y como se demostró al cabo de los 7 juicios anteriores, hubo una nula protección judicial, con una única actuación de cobrar las costas a los familiares para desalentar la insistencia en la investigación.
«Los familiares estaban denunciando lo que era evidente que estaba sucediendo«, mientras «ellos se escondían detrás de los escritorios haciendo la pantomima para mirar a otro lado», sostuvo Vadalá.
Medrano aseguró que Duarte y Ortiz «no solo sabían, sino que eligieron participar en esa empresa delictiva» que fue el plan criminal durante la dictadora. Por eso los acusaron de delitos de lesa humanidad, de omisión de promover la persecución penal y de hacer aportes fundamentales como partícipes primaros, para que se llevaran a cabo los secuestros y tormentos, por lo que pidieron penas de 25 años de cárcel para cada uno.
«Ambos sabían lo que sucedía y decidieron permanecer» describieron. Duarte «era el juez que la dictadura necesitaba», dijo Medrano y de Ortiz dijo que era el fiscal que ya se desempeñaba como secretario del juzgado y que fue capaz de «adaptarse como cualquier gris», lo que motivó la única mueca de sonrisa socarrona del ex fiscal, por la pantalla.
El pedido de disculpas por el accionar de la justicia en dictadura
Con base al derecho a la verdad y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina por la Convención de Derechos Humanos, la APDH le pidió al tribunal que, con la condena, se agregue un pedido de disculpas a las víctimas y familiares por el accionar de Duarte y Ortiz. «Por la Verdad, Justicia y la garantía de no repetición«, planteó Medrano la necesidad de una «declaración oficial» del tribunal que «restablezca la dignidad y los derechos de las víctimas».
El planteo de una disculpa pública como «reparación plena y efectiva del derecho a la verdad» se acotará a los hechos conocidos en este juicio, que concentra la búsqueda de verdad y de justicia de los familiares de la región, desde el operativo de secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976, a los secuestros en Neuquén los primeros días de junio, el operativo Cutral Co del 12 al 15 de junio, el de Sapere, las desapariciones ocurridas en la cárcel de Rawson en noviembre, los vuelos clandestinos desde Neuquén a Bahía Blanca y la apropiación de un bebé en el centro clandestino bahiense, tras el secuestro del matrimonio en la región en septiembre, entre otros.
Los expedientes mostraron el peregrinar de las Madres de Plaza de Mayo, de los padres de las jóvenes universitarias que siguen desaparecidas, de los hermanos, hijas e hijos de los militantes de agrupaciones políticas sociales y gremiales de la región, el caso omiso del juez y fiscal ante los indicios y pruebas que señalaban con descripciones y hasta con nombres a integrantes de los grupos de tarea que actuaban ilegalmente durante la dictadura, el señalamiento de las comisarias y la instalación en los fondos del batallón como lugar de cautiverio y torturas.
«El tribunal tiene las facultades y la competencia» atribuidas por su actuación en la causa (que el 20 cumplió un año desde el inicio) y «la sentencia los habilita a dar un paso más y pedir disculpas por las atrocidades cometidas por el poder judicial en Neuquén, por el accionar de Duarte y Ortiz, con las garantías de no repetición» de estos hechos, pidió Medrano.
Recordó el testimonio de los pocos patrocinantes de esas actuaciones que llegaron con vida a testimoniar, como Oscar Ragni, Inés Ragni, Noemí Fiorito de Labrune y Guillermo Correa que presentaron con más de 90 años «con convicción y sin violencia» en busca de justicia, en tanto agradeció a las y los sobrevivientes y sus familiares por sus aportes al debate.
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