Protocolo para las infancias: pese a las críticas, Merlo no retrocede
El foro en defensa de ley que protege a la niñez y adolescencia lamentó que no haya suspendido la cuestionada resolución hasta que se alcance un acuerdo.
La resolución 19 de la defensora general Vanina Merlo sigue en el eje de un profundo debate, y en el medio están los derechos de las infancias y adolescencias más desprotegidas de Neuquén. La funcionaria se reunió con organizaciones en defensa de la ley 2302 y se negó a suspender la vigencia de la norma, pero las invitó a seguir conversando para «perfeccionarla».
A principios de marzo, Merlo dictó la resolución 19. Establece que las guardias para casos de emergencia después de las 14 debe atenderlas el ministerio de Desarrollo Social, dependiente del Ejecutivo provincial, porque es el órgano de aplicación de la ley 2302, de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Hasta ahora, se encargaban las defensorías públicas, que dependen del Poder Judicial.
En una reunión realizada el viernes pasado, la defensora general explicó que este documento «surge como una necesidad de sistematizar y ordenar la intervención de las Defensorías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DNNyA) y establecer pautas de trabajo», porque «a lo largo del tiempo se ha asumido que se trabaje de un modo que no estaba escrito en ningún lado».
«Ordenamiento del trabajo»
Según la información oficial, subrayó: «de ningún modo este Protocolo implica un corrimiento de las funciones que le establece la 2302 a las DNNyA, sino todo lo contrario: un ordenamiento del trabajo en el marco de esas funciones y de las corresponsabilidades que le cabe a cada organismo».
Informó además que el Protocolo «surge de un análisis cualitativo y cuantitativo de qué y cuánto ingresaba en las guardias a las Defensorías, y de ese universo qué era lo que realmente requería una intervención de las DNNyA».
Garantizó que «las defensoras siguen y van a seguir atendiendo todas las llamadas y van a intervenir, derivar y desplegar todas las acciones que consideren pertinentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes».
Por la defensoría participaron de la reunión las defensoras Marcela Robeda, Natalia Stornini, Paula Castro Liptak -Zapala-, Daiana Zapata -Chos Malal-, el defensor Lautaro Arévalo -Cutral Co-, y las defensoras adjuntas Andrea Rappazzo y Silvia Acevedo.
«La convocatoria debió ser previa»
En tanto Mónica Belli, del foro en defensa de la 2302, señaló que «esta mesa a la cual nos convocaron tendría que haber sido previa, no posterior al dictado del protocolo», que fue inconsulto.
«Tendrían que suspender su vigencia hasta escuchar los saberes de quienes están en el terreno, pero no lo harán. Eso es lo que más nos inquietó», dijo a Río Negro.
Añadió que «hablan mucho de jerarquizar las defensorías. La ley 2302 ha sido jerarquizada por los niños, por la gente, nace de una propuesta participativa, democrática, la hemos sostenido en el tiempo; esa es la jerarquización».
Belli indicó que «si hubo durante 20 años una práctica que no era la adecuada, es lamentable, pero redundó en más derechos para los niños. No podemos retroceder».
De la reunión con Merlo participaron integrantes del Foro en Defensa de Ley 2302; trabajadoras del Servicio de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil del hospital Castro Rendón; el Colegio Profesional de Trabajo Social; Comisiones Directivas de ATEN Provincial y Capital; la APDH; el diputado provincial Andrés Blanco y asesora de la diputada provincial Soledad Salaburu.
La próxima reunión
«Nuestro planteo fue la derogación de la resolución 19/23, que delega la intervención en la urgencia de las situaciones de guardia de las Defensorías al Ministerio Desarrollo Social. Se acordó continuar el miércoles el intercambio en una mesa de trabajo, sumando a más Ministerios y organismos». Belli indicó que el encuentro está sujeto a la presencia de Desarrollo Social.
«Consideramos que las instancias de búsquedas de consensos tendrían que haberse generado antes de la aplicación del protocolo 19/23″, dijeron en un comunicado.
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