Priorizan la libertad de prensa pese a la resistencia de los defensores del periodista Gatti
DIARIO RÍO NEGRO fue uno de los medios que solicitó acceso en el juicio. El tribunal resolvió que el debate sea público con la excepción del momento en que se reproduzcan imágenes y videos sensibles.
Los defensores de Gatti se opusieron a que los medios sigan el juicio desde la sala de audiencia. (Juan Thomes)
En una decisión sin precedentes en Río Negro, un tribunal de Roca priorizó la libertad de prensa y habilitó la publicidad de un juicio que involucra delitos contra la integridad sexual. El pedido fue impulsado por diversos medios, entre ellos DIARIO RÍO NEGRO, y canalizado por la representante institucional del área de Comunicación del Poder Judicial. La defensa del periodista Emiliano Gatti intentó, con todos los recursos, privatizar el debate.
El tribunal de Roca que juzga desde el miércoles al periodista Emiliano Gatti por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil tomó una decisión sin precedentes. Demostró así un síntoma de buena salud para la democracia y para el nuevo Código Procesal. Decidió que el debate será público con la excepción del momento en que se reproduzcan imágenes y videos sensibles.
En los hechos no existe ningún artículo explícito que vede la publicidad de los juicios por abuso sexual pero se aplican las convenciones internacionales y la protección de las personas menores víctimas. El caso tomó estado público por la condición del acusado, que es un reconocido periodista televisivo, que en ese momento trabajaba en la emisora estatal Canal Diez.
El pedido de publicidad fue transmitido por la abogada Marcela Marín, delegada en Roca de la Dirección de Comunicación Judicial. Previamente, un grupo de periodistas, entre ellos Luis Leiva Durán que sigue el caso para este medio, le manifestó a la funcionaria la intención de acceder al juicio.
Marín, especialista en comunicación judicial, género y lenguaje claro, peticionó ante el tribunal integrado por Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler. Invocó el posicionamiento institucional, la Acordada 47/2021 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -también firmada por la Procuración- y ofreció posibilidades para llegar a un equilibrio entre la libertad de prensa, el acceso a la información pública, el resguardo de las víctimas y el debido proceso.
Justamente el STJ dictó esa acordada porque advirtió, sobre todo en la Segunda Circunscripción de Roca, muchos resabios del viejo código procesal donde reinaba el secretismo. El paradigma de la nueva normativa, sancionada en 2017 es la publicidad y la oralidad. De todas formas, se estaba instalando una costumbre entre jueces y juezas a “cerrar” las audiencias discrecionalmente o con motivos aparentes.
Entonces el STJ bajó línea: todos los debates sobre la publicidad o privacidad de las audiencias deben ser argumentados por las partes y fundados por el tribunal. El periodismo debe presenciar esa discusión para informarse, de manera directa, sobre los alcances de las eventuales restricciones. Hubo decenas de casos en los que se dejaba afuera a los medios de comunicación, se discutía y después se explicaba, no siempre, lo resuelto.
La resistencia de la defensa
Los defensores Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquin Hertzriken mostraron actitudes de subestimación para con la abogada Marín. La llegaron a tratar de “lego” que en la jerga significa que no conoce el derecho y de “empleado judicial”. Cuestionaron que la funcionaria no era parte del proceso, como si la ciudadanía, entre ellos los medios de comunicación, no pudieran peticionar ante las autoridades, tal como lo establece la Constitución.
Su colega de la defensa también evidenció desconocimiento sobre el funcionamiento del área de Comunicación, incluso al confundirla con un órgano que solo asiste a la fiscalía. Sostuvieron que la publicidad estaba garantizada con los reportes o partes diarios de las comunicadoras institucionales, en un solapado intento de restringir la libertad de prensa.
En la normativa, las áreas de Comunicación fueron creadas para desarrollar estrategias destinadas a la transparencia y difusión de los actos jurisdiccionales. En otras palabras, su trabajo no se limita a elaborar reportes sino que deben garantizar el acceso a la información pública. De hecho, cada vez más se transmiten en vivo y en directo audiencias por el canal de YouTube. La información pasó de ser mediada, a ser directa. Finalmente Marcelo Hertzriken Velasco propuso que se permita la presencia de la prensa en los alegatos de de apertura y de cierre.
La fiscal Graciela Echegaray también mostró síntomas de buena salud para el sistema procesal. Junto con la querellante Gabriela Prokopiew dictaminaron por la apertura del juicio. La funcionaria del Ministerio Público reconoció que no había precedentes de una decisión de estas características, puesto que el caso de Bariloche, que se investigó junto con el del periodista Gatti, se resolvió de forma pública pero en un juicio abreviado.
El tribunal, pese a la férrea resistencia de los defensores, resolvió la publicidad del debate. Punto para la dirección de Comunicación y para las y los funcionarios comprometidos con el acceso a la información pública.
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