Precisan el monto final de la millonaria estafa al Ipross: cuánto recibió cada farmacia
Los fiscales presentaron más de 300 testimonios de afiliados y dieron cifras definitivas del perjuicio a la obra social de Río Negro. Por qué se descontó un 8% del monto estimado inicialmente.
Caffaratti, Mastandrea y Mascaró. Los fiscales aseguraron que cobraron en forma ilegal 31,6; 17,6 y 14 millones, respectivamente. (Foto: Juan Thomes)
El Ministerio Público Fiscal puso hoy un número final para la estafa al Ipross y detalló cuánto corresponde de esa cifra a cada uno de los dueños de farmacias involucrados.
En la audiencia de reformulación de cargos a los siete imputados se aseguró que el perjuicio real -nominal- para la obra social del Estado rionegrino fue superior a los 67 millones de pesos y que casi la mitad de ese monto se generó por los delitos cometidos por un solo prestador.
Se trata de Fabio Caffaratti, propietario de la farmacia Tucumán se Roca, quien habría percibido entre el 2013 y el 2019 más de 31,6 millones de pesos producto de las irregularidades detectadas en el sistema de facturación al Ipross.
Los otros acusados habrían obtenido casi 35 millones de pesos a partir de diferentes maniobras ilegales, distribuidos de la siguiente manera: Rodolfo Mastandrea 17,6 millones; Raúl Mascaró (farmacia Santa Teresita) 14 millones; y Marianela Guidi y Marcela Gil (propietarias hasta el año 2018 de la farmacia Farmacentro) 3,2 millones.
La acusación también consignó que 6,2 millones del perjuicio se generaron en la farmacia Fasano de Allen, cuyo titular, Hugo Fasano, falleció y está fuera del proceso.
La suma de todos los casos arroja una cifra de 72.964.688,96 pesos, pero hoy también se reveló que el 8% de los pagos que debía asumir el Ipross ante los farmacéuticos durante el período investigado fue asumido por la empresa Preserfar, una administradora de convenios farmacéuticos con sede en Buenos Aires.
De esa manera, el perjuicio real para la obra social rionegrina se estimó en 67.127.513,84 pesos.
La causa tiene como imputadas también a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano, y a Cecilia Balladini, exesposa de Caffaratti, quien no estuvo presente en la audiencia de hoy. Desde el Ministerio Público explicaron que no era necesaria su participación, porque el nuevo escenario no modifica su situación particular en el legajo.
Las modalidades de la estafa
El pedido de reformulación de cargos fue solicitado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo, para incorporar pruebas y sumar hechos a la formulación realizada entre el 12 y el 14 de febrero del 2020, cuando se acusó a los siete involucrados por el delito de estafa reiterada, agravada por haber sido cometida contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real.
Los representantes del Ministerio Público describieron hoy los cuatro hechos investigados y las diferentes modalidades que se utilizaron para llevarlos a cabo.
En ese sentido, indicaron que en las farmacias hubo carga de recetas con valores modificados, utilización de recetas anuladas y generación de recetas ficticias. Por otra parte, se aseguró que en el área de Auditoría del Colegio de Farmacéuticos se modificaron recetas ya validadas, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes que nunca fueron vendidos por las farmacias investigadas.
Uno de los hechos nuevos incorporados se centró en la farmacia Farmacentro, donde se detectó que se generaban recetas ficticias, usando como respaldo recetas de planes de epilepsia y diabetes. “Estas recetas eran agregadas a los lotes de medicamentos vendidos”, precisó el fiscal Britos Rubiolo.
El material probatorio que se sumó a la acusación contiene también una serie de pericias informáticas, caligráficas y contables, además de informes y recetas físicas enviadas desde el Ipross a la Justicia.
De todas maneras, la prueba más voluminosa y contundente que agregaron los fiscales tiene que ver con el testimonio de más de 300 afiliados a la obra social, que desde el 2020 aportaron datos sobre los tratamientos que seguían y el tipo de medicación que recibían.
Según trascendió de fuentes con acceso al expediente, muchas de esas personas negaron haber comprado drogas específicas en las fechas o cantidades que quedaron asentadas en las liquidaciones que recibió finalmente el Ipross. Otros directamente no habían utilizado nunca los productos que aparecían a su nombre.
La audiencia de hoy se extendió a lo largo de cuatro horas. Durante ese lapso se repitieron los cruces entre la abogada Patricia Espeche, defensora de cuatro de los imputados, con los fiscales y el querellante, Federico Rosbaco, representante de la Fiscalía de Estado.
Sobre las 13, la jueza Natalia González dispuso pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 8, donde se continuará con las exposiciones de las partes. Agotadas las controversias, la magistrada deberá resolver si considera reformulados los cargos.
Si habilita esa vía, el proceso se encaminará rápidamente hacia el final de la etapa preparatoria. Si los acusadores pretenden llevar la causa a juicio, antes del 30 de septiembre debería realizarse la audiencia de control de acusación.
Cifras actualizadas
- 653
- millones de pesos sería el monto del perjuicio, tomando la evolución del IPC regional (de Neuquén) y una fecha promedio de junio del 2016, ya que los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y 2019.
¿Se pueden reformular los cargos?
La audiencia de hoy por la estafa al Ipross comenzó con un contrapunto importante, relacionado con la posibilidad o no de hacer una reformulación de cargos en el marco de un legajo penal.
“No existe la reformulación de cargos. En este código ni en ninguno de la Argentina”, sostuvo la abogada Patricia Espeche, representante de Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandea, Raúl Mascaró y de Sandra Fasano.
La fiscal jefa, Teresa Giuffrida, respondió con jurisprudencia, ratificando que no estaban realizando ningún acto que no estuviese previsto en el Código Procesal Penal de Río Negro.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Natalia González definió la habilitación al Ministerio Público Fiscal para que presente sus argumentos y el nuevo material probatorio.
Se estima que la resolución de la magistrada, definiendo esa controversia inicial y la cuestión de fondo -si considera o no reformulados los cargos- no llegará hoy, sino en una próxima audiencia, todavía sin fecha.
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