Por qué no van a reincorporar a la trabajadora que denunció a un funcionario de Neuquén por abuso sexual
Silvana Cabezas había relatado episodios de violencia de género cometidos por Ernesto Seguel, exsubsecretario de Trabajo. Manifestó que como consecuencia de esto perdió el empleo. El Tribunal Superior de Justicia decidió no abrir el caso.
Silvana Cabezas, la empleada de planta política que relató haber sufrido acoso y abuso sexual de parte del exsubsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, perdió definitivamente su cargo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén confirmó la resolución que había tomado la Cámara de Apelaciones del interior.
La renuncia de Seguel, militante del MPN, se produjo en 2022. Al año siguiente la trabajadora señaló que su sucesor, Nelson Alegría, continuaba hostigándola y por eso planteó una denuncia por violencia de género en el ámbito laboral.
Entre las medidas cautelares que dictó el juez civil, Santiago Montórfano, le ordenó al actual ministro de Trabajo, Lucas Castelli, que le asigne tareas a Silvana en la delegación Zapala. También fue una recomendación de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral.
Ella es técnica en Seguridad y fue empleada del Estado durante nueve años.
La actual gestión, a través de la fiscalía de Estado, se negó a reincorporarla, con el argumento de que el nombramiento de Silvana había finalizado con la administración de Omar Gutiérrez, el 10 de diciembre de 2023, y que no se podía utilizar en este caso el procedimiento cautelar (previsto en la ley 2786) para víctimas de violencia de género.
La Cámara le dio la razón al gobierno y ella apeló al TSJ.
Negritas y subrayados
La abogada Angélica Acosta, que representa a la trabajadora, cuestionó que se omitiera en la valoración las circunstancias por las que se produjo esta desvinculación laboral: Silvana se había animado a denunciar a un funcionario político por «actos, comentarios, proposiciones y conductas con connotación sexual, no consentidas«, bajo la amenaza de que si no accedía no pasaría a integrar la planta permanente del Estado.
Los vocales del TSJ Gustavo Mazieres y Evaldo Moya sostuvieron que «si bien la recurrente realiza un detallado relato de lo sucedido en la causa, el mismo no resulta objetivo» porque «intercala apreciaciones subjetivas, negritas y subrayados en aquellas partes que le interesa remarcar».
Afirmaron que el recurso no estaba lo suficientemente fundamentado para declararlo admisible y por eso no ingresaron a tratar la cuestión de fondo.
En un comunicado La Revuelta junto al servicio Socorro Violeta, que acompañaron a Silvana, expresaron su disconformidad: «la resolución emitida por el TSJ no aborda cuestiones de legalidad, ni analiza la vulneración de los derechos de la víctima. No le importa que quien denuncia violencias machistas sea dejada sin trabajo por atreverse a denunciar, ni que el estado utilice la violencia de manera sistemática, ni que se ocupe de crear artimañas que generan impunidad, ni que se violen los compromisos legales en materia de prevención, erradicación y sanción de las violencias por motivos de género».
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