Por qué el tribunal consideró abusivo el operativo en el que asesinaron a Fuentealba
Por primera vez en la historia de Neuquén cinco efectivos de la más alta jerarquía, incluido el jefe de la fuerza, fueron declarados culpables por la ejecución de una represión. Qué se les objetó y las dudas sobre el rol de Jorge Sobisch.
Sandra Rodríguez, a la salida de la Ciudad Judicial. Después de 16 años logró que se realizara el juicio conocido como "Fuentealba II". Foto Matías Subat.
A las 13.34 comenzó la lectura del veredicto. En la sala no había murmullo. Pequeños gestos: cabezas gachas, algunas lágrimas. A las 14.09 el presidente del tribunal, Luis Giorgetti, dio algunos indicios de lo que sería una resolución histórica: en el operativo represivo de Arroyito del 4 de abril de 2007, ordenado por el exgobernador del MPN, Jorge Sobisch, en el que el cabo José Darío Poblete asesinó al docente Carlos Fuentealba con una pistola federal, se hizo “un uso indiscriminado de la fuerza”. Por primera vez en la provincia de Neuquén, cinco efectivos retirados, de la más alta jerarquía, incluido el exjefe de la fuerza, fueron condenados por abuso de autoridad.
En los 27 segundos finales, el juez dijo: “Queremos destacar la importancia de que se haya podido llevar a cabo este juicio, como medio pacífico de debate y resolución de un largo conflicto. Creemos que era necesario escuchar a los involucrados en un contexto de respeto, y poder dar ahora una respuesta de parte del Poder Judicial, no sólo a las personas que participan de este proceso, sino a toda la sociedad”.
En el fallo unánime tanto Giorgetti, como los magistrados Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc, analizaron la instrucción de Sobisch y las etapas del operativo. Plantearon que en la reunión del 3 de abril de Casa de Gobierno el exmandatario le pidió a la cúpula que el sindicato ATEN se manifestara “pero que al mismo tiempo no perjudiquen al resto de la gente”. “Delegó”, según los jueces, en el jefe, Carlos Zalazar, y en el subjefe, Moisés Soto, “el accionar de la fuerza”.
En este procedimiento no hubo orden escrita ni orden operacional, por lo tanto eran ellos los máximos responsables de la ejecución junto al superintendente de Seguridad, Adolfo Soto, el coordinador del operativo, Mario Rinzafri, y el jefe del departamento de Seguridad Metropolitana, Jorge Garrido. Todos estuvieron presentes en Arroyito.
Los jueces señalaron que en el primer momento, cuando el secretario general del gremio Marcelo Guagliardo se acercó al cordón policial, y Rinzafri les comunicó que no podían realizar un corte sobre la Ruta 22, a la altura del puente, los jefes actuaron con “moderación y en proporción a la gravedad de la situación”: informaron cuál era la orden y usaron gases lacrimógenos para evitar el contacto físico.
Indicaron que ese día había dos derechos que debían ser garantizados: el de la seguridad ciudadana y el de la protesta social.
Después de la primer granada, quienes se manifestaban corrieron a refugiarse a la estación de servicio YPF. Allí fue cuando el tribunal consideró que hubo “una mutación de la finalidad inicial del operativo”. “La policía los perseguía a gran distancia de la ruta y la banquina para el lado del río, accionando escopetas con postas de goma y pistolas lanzagases”, marcaron.
Hicieron hincapié en “que algunos manifestantes arrojaron piedras” pero que esto “no era una actitud masiva, sino de personas aisladas, que no sirve para justificar el uso indiscriminado de la fuerza”. En este punto para el tribunal se lesionó el derecho de protesta. Subrayaron que en los videos se observaron “a centenares de manifestantes corriendo atemorizados a encerrarse a un local de una estación de servicio hasta colmarlo, y otros que siguieron huyendo a campo traviesa a cientos de metros de la ruta, hasta ya cerca del río. No sería la actitud esperable de quien enfrenta y agrede, sino de quien tiene miedo y huye.”
Tras este momento se produjo una “pausa” que la dirigencia sindical acordó con los jefes: querían regresar a la seccional ATEN de Senillosa. “Paren, nos vamos”, insistieron. Se reorganizaron y fueron a pie o con autos sobre la ruta. En esa caravana también se reprimió.
“¿Cómo esperaban los policías que volvieran a Neuquén los manifestantes?, ¿Acaso no es la Ruta 22 la única vía disponible para hacerlo? ¿Esperaban que condujeran por la banquina alrededor de 50 kilómetros?”, se preguntaron los jueces. Este tramo finalizó con el crimen de Fuentealba.
El tribunal aclaró que estos jefes no encubrieron posteriormente la investigación, sino que prestaron colaboración para identificar a Poblete.
El veredicto no cuestionó la orden de Sobisch, la validó para condenar. Sin embargo el exmandatario declaró en el juicio como testigo y defendió a estos jefes policiales. No dijo: “me desobedecieron”. Al contrario, los abrazó al terminar su testimonio. ¿Son malos intérpretes de una conducción política que hasta la actualidad los respalda? Allí hay un cortocircuito que es imposible omitir.
Esta decisión judicial es claramente una victoria de la querella, de Sandra Rodríguez y sus hijas Camila y Ariadna Fuentealba, que sostuvieron en soledad la acusación más de una década. La fiscalía instó el sobreseimiento de toda la cúpula policial desde 2009, salvo del comisario inspector Benito Matus, que fue condenado por los disparos que produjo con una escopeta 12/70 en el playón de la estación de servicio contra un auto en el que huían tres docentes: Angélica Cisterna, Marcelo Marenco y Teresa Gómez. Lo absolvieron por la lesión que denunció el profesor Alejandro Castelar, ya que para el tribunal, no quedó claro si se había originado en el operativo o era preexistente.
Aquiles González, subcomisario por entonces, y el jefe del grupo especial Zapala, Julio Lincoleo, fueron declarados no culpables del encubrimiento agravado de Poblete. “No se observa ayuda”, entendieron los jueces.
Ahora deberá realizarse una audiencia para imponer la pena, que por abuso de autoridad tiene una escala que va de un mes a dos años, más la inhabilitación. En el caso de Matus la pena no supera los tres años.
Si el juicio contra Poblete fue para determinar quien asesinó a Fuentealba, el segundo debate demostró que hubo más de una víctima. “Por lo que sus hijos sufrieron ese día, que creyeron que el muerto o la muerta podían ser ustedes, acá está la reparación, hoy es una reparación social”, gritó Sandra sobre un camión a las docentes y los docentes, a casi 17 años del 9 de abril de 2007 cuando hizo su primer discurso público que terminó así: “Carlos me enseñó a no bajar los brazos. Te lo digo Carlos, a vos mi amor, no los estoy bajando. Hasta siempre”.
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