Los policías dieron su versión del caso Fuentealba II, por primera vez en 16 años

«Todos sabemos que desde hacía un tiempo prolongado, largo, no sé si no más de un año que los maestros venían cortando ruta, molestando a la ciudadanía de la provincia con sus actitudes belicosas, no eran carmelitas descalzas«, dijo Carlos Zalazar, quien era jefe de la Policía de Neuquén en 2007, y que está acusado de abuso de autoridad por su participación en el operativo en el que fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba.

Por primera vez, en 16 años, los ocho policías hablaron públicamente sobre lo ocurrido el 4 de abril. Lo hicieron ante el tribunal, en lo que se conoce como «últimas palabras», que es el momento que tienen los imputados para dirigirse a los jueces antes de que pasen a deliberar. No están obligados a decir la verdad, a diferencia de los testigos que prestan juramento.

Se sentaron en el sitio comúnmente destinado al jurado popular, ubicados cuatro por hilera, y respetando las jerarquías. Sus discursos estuvieron centrados en diferenciar el operativo diseñado para impedir el piquete sobre la Ruta 22-que implicó el despliegue de la Metropolitana, Bomberos, Uespo, grupos especiales de Zapala, Cutral Co y Junín- del disparo que mató al maestro, efectuado por el cabo José Darío Poblete, y realizado en este contexto. Subrayaron que ellos contribuyeron a identificar al tirador, al que consideran, el único responsable.

Zalazar se refirió a los acusados como «siete de mis subalternos» y destacó su «gran entrenamiento especial». Confirmó que el 3 de abril el gobernador, Jorge Sobisch, se reunió con la cúpula policial. La orden fue que «previniera el corte de ruta» que realizaría al día siguiente el sindicato ATEN a la altura del puente Arroyito en reclamo de una recomposición salarial. Le encargó el procedimiento al entonces subjefe, Moisés Soto, y él le bajó la directiva a quien era el superintendente de Seguridad, Adolfo Soto.

Contó que llamaron a los grupos especiales por la «profesionalidad» que «evita desbordes». Justamente Poblete pertenecía a estos equipos, en su caso al GEOP de Zapala. Afirmó que el 4 de abril llegó a su oficina temprano y allí se enteró que el jefe del operativo sería Mario Rinzafri, director de Seguridad.

Planteó que los controles de ruta que se montaron ese día «no eran intimidatorios, sino era para evitar que por ahí pasaran armas«. Durante el juicio se demostró que lo que arrojaron algunos de los manifestantes fueron piedras y bolitas de cerámica.

Aseguró que a media mañana decidió ir hasta Arroyito. Ya en el lugar le comentaron que había habido un siniestro vial, pero después la versión cambió: se enteró que un maestro estaba herido y el autor de las lesiones era un policía. Indicó que puso la institución «a disposición» de la fiscal Sandra González Taboada «para el esclarecimiento del homicidio».

Moisés Soto fue el más breve de todos. Precisó que él estuvo en la reunión del 3 de abril en Casa de Gobierno, junto a Zalazar y Adolfo Soto. Allí recibieron las instrucciones del exgobernador: no permitir que se produzca el corte en el puente de Arroyito, sino que la protesta se realice en El Carancho, donde Vialidad había construido un camino alternativo.

«Yo hace 16 años que estoy condenado, yo y mi familia. Sometido al escarnio, al escrache, a la designación de asesino, al encubridor de un asesinato. Todo está fundamentado en elementos utilizados en la causa Fuentealba I», manifestó Adolfo Soto y miró a las y los docentes que estaban presentes en la sala. Les dijo «ustedes aplaudieron» la condena contra Poblete. El presidente del tribunal, Luis Giorgetti, le pidió que se dirigiera a los jueces.

Criticó al abogado querellante, Ricardo Mendaña, que ayer no estuvo presente en la audiencia. «Lo considerábamos parte integrante de la familia policial. Él fue parte integrante del staff de profesores de la escuela superior de policía, no de cadetes. Yo fui alumno del doctor Mendaña, Rinzafri, la mayoría de los jefes que están acá», agregó. Sostuvo que la policía el 4 de abril actuó con armas «no letales».

Rinzafri señaló que los disparos estaban dirigidos «a quienes arrojaban piedras» y que el asesinato del maestro «fue un hecho no deseado». Al igual que otros imputados, mencionó que sus hijos fueron maltratados como consecuencia de la acusación que pesaba sobre ellos.

«Me molesta mucho cuando quieren instaurar que acá hubo una cacería humana», resaltó Jorge Garrido, que era el jefe del departamento de Seguridad Metropolitana. Dijo que si así hubiese ocurrido habría habido «accidentes de tránsito».

«Yo me defendí de la agresión», aseguró un policía

Aquiles González y Julio Lincoleo están imputados por el encubrimiento agravado de Poblete. El primero marcó que él fue quien lanzó «la candela», el primer gas, luego del diálogo que tuvo la conducción de ATEN con Rinzafri. «Yo veo la actitud de la manifestación para causar el daño», relató.

Enfatizó en que el Fiat 147, en el que iba Fuentealba en la parte trasera, «lo embiste» junto a otro policía, que de acuerdo a la investigación fue Cristian Vázquez Salinas. Gritó «que lo demoren al vehículo» y allí Poblete disparó con su pistola federal a la luneta, a menos de siete metros de distancia. Observó un tumulto y allí se enteró que hubo un lesionado. Supuso que el auto había «atropellado a un peatón».

Lincoleo era el jefe directo de Poblete. Explicó que «con la intención de recuperar fuerzas y llamar al móvil» es que se detuvo en el camión del grupo especial de Cutral Co. Lo vio al cabo «que ni le hablo, ni se me ocurrió pensar porque él estaba ahí». Los efectivos aseguraron, especialmente en el primer juicio, que no es común que un policía ingrese a un vehículo que no le corresponde.

Matus utilizó sus últimas palabras para hablarle al fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid que lo imputó por abuso de armas en concurso con lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público. Afirmó que en 2007 estaba en logística porque su papá tenía cáncer, y no porque lo habían pasado a disponibilidad ya que tenía una condena por vejaciones de 2001.

Contó que el 3 de abril le encomendaron ir a las 6 de la mañana a Arroyito para llevar café, mate cocido y facturas a 50 efectivos. Indicó que esa función «no es menosprecio». Ya en el lugar le entregaron una escopeta 12/70 para cuidar la autobomba. «Yo me defendí de la agresión», manifestó sobre los disparos, y dijo que nunca fueron sobre personas o vehículos.

El tribunal tiene como máximo dos días para emitir el veredicto.