Una por una, las afinidades políticas en el Tribunal Superior de Neuquén
Cuando la Legislatura apruebe las postulaciones de Mazieres y Merlo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén volverá a estar completo. El peronista y la emepenista se sumarán a un organismo donde está clara la alineación política de cada integrante.
Merlo y Mazieres se sumarán a un TSJ con fuerte impronta política. (Archivo/Matías Subat)
Gustavo Mazieres y Vanina Merlo se sumarán a un Tribunal Superior de Justicia con mayoría de exafiliados al Movimiento Popular Neuquino; con antecedentes de haber ocupado cargos en el Poder Ejecutivo; de fluida comunicación con políticos influyentes y con ambiciones personales que mantienen al órgano de conducción del Poder Judicial en una precaria estabilidad interna.
Si no hay sorpresas, y nadie las espera, la Legislatura aprobará -entre esta semana y la primera de mayo- los respectivos pliegos y Mazieres se incorporará como el quinto vocal del Tribunal Superior de Justicia, puesto vacante desde agosto de 2020, y Merlo como defensora general, para cubrir un sillón libre desde noviembre de ese año.
Durante la entrevista con las y los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y en la etapa abierta a la participación ciudadana, a Mazieres y Merlo les cuestionaron su falta de antecedentes académicos. Pero sobre todo a ella le hicieron saber sus sospechas de que no será independiente, ya que desde 2008 milita en el MPN y transitó por diferentes cargos en el gabinete del Ejecutivo provincial.
A Mazieres, de reconocida militancia peronista, identificado con el sector del kirchnerismo que lidera Oscar Parrilli, no se le hizo -al menos en la comisión A- ninguna pregunta de ese tenor.
Los dos tercios
Nada de este escenario es novedoso cuando se trata de cubrir cargos en un poder independiente según la Constitución. Ni la postulación de afiliados al MPN, ni de exfuncionarios del Ejecutivo, ni las críticas por falta de pergaminos para el cargo. Y el balanceo con el peronismo, fuerza para la cual siempre se reserva un espacio, tampoco.
Para el oficialismo es una manera de garantizarse los dos tercios de los votos de los diputados presentes, ya que la designación de un o una integrante del Tribunal Superior de Justicia requiere de esa mayoría agravada.
Esta negociación política es admitida cada vez más abiertamente. Por eso en varias ocasiones las vacantes se cubrieron de a pares, como sucede ahora: una para cada fuerza política.
La actual integración
Un repaso a los antecedentes de la y los actuales miembros sostiene las anteriores afirmaciones.
Evaldo Darío Moya es este año el presidente del Tribunal Superior de Justicia. De bajo perfil, fue afiliado al MPN y ocupó dos cargos estratégicos: la Asesoría General de la Gobernación y el Tribunal de Cuentas. Lo postuló para vocal su jefe político Jorge Sapag.
Desde la AGG se ejerce el control de legalidad de los actos administrativos del gobierno, se supervisan los decretos, y en algunos casos, las licitaciones públicas y otras contrataciones. En general, el gobernador no firma nada sin el visto bueno de esta asesoría.
Desde el TC se revisan las rendiciones de cuentas de todos los organismos de la administración pública que manejen fondos. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que desde allí se presentó a la fiscalía una denuncia por un presunto hecho de corrupción?
La vicepresidenta del Tribunal Superior es María Soledad Gennari. Otra ex Asesora General de la Gobernación de Sapag, brevemente diputada provincial (diciembre 11-marzo 12), por supuesto también fue afiliada al Movimiento, la postuló su jefe político.
Preside el Consejo de la Magistratura y la Oficina de la Mujer y se muestra como la referente en materia de género del Tribunal.
El perfil más alto y el más bajo
Roberto Germán Busamia, actual vocal, viene del ejercicio privado de la abogacía pero también cumple con el requisito de haber llenado la ficha de afiliación al MPN. Era, hasta ahora, el único que había sido propuesto por Omar Gutiérrez.
Su hiperactividad -y su visión estratégica- lo llevan a ocupar muchos espacios: la comisión interpoderes para la reforma procesal civil y comercial; la comisión interinstitucional para unificar las leyes de género; la paritaria con el sindicato, y es, por subrogancia, presidente del Tribunal de Cuentas, por nombrar algunos.
Mantiene fluidos contactos con el vicegobernador y candidato Marcos Koopmann, con Jorge Sapag, con el Colegio de Abogados -que presidió- y tiene en Evaldo Moya su principal aliado dentro del Tribunal.
Es, además, el vocero preferido de la prensa: siempre está disponible cuando lo llaman, y abarca tantos espacios que se ha convertido en hombre de consulta para los más variados temas.
Alfredo Elosu Larumbe es el único de los vocales que proviene de la carrera judicial. Mantiene un perfil más bajo aún que Moya, lo cual es mucho decir. Después de trabajar en un juzgado federal en la CABA, llegó a la provincia en 2006 e ingresó al Poder Judicial como auditor del Tribunal Superior de Justicia. Se rumoreó que lo recomendó para el puesto el entonces gobernador Jorge Sobisch, al que años después después mandaría a juicio en la causa de la zona liberada.
Ganó dos concursos del Consejo de la Magistratura: para juez de Instrucción y para camarista (luego, juez del Tribunal de Impugnación). Cuando en 2015 Sapag lo propuso para una vocalía, recibió un amplio respaldo de la familia judicial.
Desde entonces buscó desaparecer de la escena mediática. En la grieta abierta en el Tribunal, parece más recostado hacia Gennari, con quien comparte la Sala Penal, que hacia la dupla Busamia-Moya.
El fiscal-ministro
Por último el fiscal general José Gerez no fue afiliado al MPN pero trabajó para el Ejecutivo como Asesor Legal Penal de la Secretaría de Seguridad. Se lo asocia más, sin embargo, con los exintendentes radicales Horacio Quiroga y Martín Farizano, de quien fue subsecretario legal y técnico (una especie de AGG).
Gerez tiene un perfil alto como el de Busamia, y es tan hiperactivo y multifacético como el vocal. Ambos se comportan, a veces, como ministros: ese rol es más visible en los conflictos sociales y sindicales pero no es el único que cumplen.
Su agenda rebosa de contactos políticos transversales, a nivel provincial y nacional. Todo esto lo combina con una estrategia mediática inédita para el Poder Judicial. Desde el progresismo desconfían de él por su alineamiento con el punitivismo, sus buenos contactos con la embajada de Estados Unidos y el Opus Dei.
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