Procesaron por corrupción a funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri
Exmiembros de la Secretaría de Turismo se habrían visto involucrados en una maniobra "irregular" en la contratación de una agencia de publicidad para una campaña. La investigación se encuentra a cargo de la jueza María Servini.
En el caso se ven involucrados miembros de la cartera de Turismo, conducido por Gustavo Santos.
La jueza federal María Servini procesó a ex funcionarios de la Secretaría de Turismo durante la Presidencia de Mauricio Macri por un irregularidades en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos. Se habrían visto comprometidos unos diez millones de pesos.
La denuncia fue interpuesta en 2018 por Gonzalo Yrurtia, un empresario vinculado con el turismo, ante la Oficina Anticorrupción. Finalmente en 2022 se tradujo en una causa judicial, que investigó formalmente a los miembros de la Secretaría de Turismo, que estuvo a cargo de Gustavo Santos.
Todo habría iniciado con un contrato fraudulento de una campaña de promoción interna en la Semana Santa de 2016, por la que supuestamente se habían competido tres empresas: Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad.
Finalmente, resultó adjudicada Team Media, pero el proceso para ese resultado fue tachado de irregular. La investigación que llevó adelante la jueza Servini detectó que existió una suerte de “cartelización”, puesto que las empresas tenían vinculaciones entre sí.
La sospecha principal es que no hubo una competencia real sino una suerte de coordinación para obtener la adjudicación de la campaña.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios del área de Turismo por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La investigación comprende al ex titular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
“El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía”, sostuvo la jueza al dictar los procesamientos.
Los funcionarios –añade la resolución- “omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas”. Los procesamientos incluyen embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.
Según informó el sitio Infobae, el procesamiento dictado por Servini fue apelado por los imputados. Será la Sala II de la Cámara Federal porteña la que resuelva si confirma o revoca lo decidido por la jueza.
Fuente Noticias Argentinas
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