Estafa con planes sociales: confirman que acusarán por asociación ilícita, pero hay dudas

Una asociación ilícita sin jefe conocido por ahora, integrada por funcionarios de mediana jerarquía del gobierno de Neuquén que ya presentaron su renuncia, y afiliados al MPN «sueltos», que cometieron una estafa con planes sociales por 63,4 millones de pesos y no 123 como se dijo al principio, en perjuicio de un número indeterminado de personas y no 197 como se especulaba.

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Reacción y decisiones tardías en el MPN

La investigación por la estafa con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales se desinfla a medida que avanza. El fiscal jefe Pablo Vignaroli dio una conferencia de prensa hoy a la mañana en la cual confirmó tres anticipos de Río Negro: que pidió fecha a la Oficina Judicial para formular cargos contra 13 imputados; que una de las acusaciones será por asociación ilícita, y que no habrá detenciones. La audiencia será el 29 de noviembre a las 8:30.

Sin embargo, la fiscalía todavía está muy lejos de poder explicar cómo funcionó esta estructura con los mismos personajes, en general con los mismos roles, durante un período prolongado en el tiempo, sin jefe y sin que ningún control interno los haya detectado.

Tampoco se sabe todavía adónde fue a parar el dinero que les correspondía percibir a los beneficiarios de planes sociales y terminaron en otras manos. Vignaroli dijo que habían detectado movimientos en la cuenta bancaria de un ex funcionario que no se correspondían con sus ingresos.

Si la pista sigue en la dirección del beneficio personal para los autores, quiere decir que se abandonará la hipótesis de que era un robo para la corona, y que el dinero se destinaba a financiar actividades políticas como es la sospecha generalizada.

Una organización perdurable

Vignaroli, en su encuentro con la prensa en la sede del Ministerio Público Fiscal, habló de «una organización» integrada por personas que cumplían «distintos roles», que «permanecían en el tiempo», y que a veces «coincidían en sus roles».

Cuando Río Negro le preguntó si estaba hablando de una estructura que funcionaba dentro del Ministerio de Desarrollo Social, aclaró: «había gente que trabajaba en el Ministerio y gente que no». Más adelante dijo que todos eran afiliados al Movimiento Popular Neuquino, y que nadie será imputado de jefe de la asociación ilícita.

Los reclutadores

Señaló el modo de operar de la organización. Un grupo de «reclutadores» (entre los que había gente de «afuera» del Ministerio) se encargaba de buscar personas en condiciones de recibir un subsidio por su situación de desempleo o vulnerabilidad.

Le pedía una fotocopia del DNI y con sólo ese documento se le aprobaba el beneficio. El encargado de la autorización era, hasta donde se sabe, el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, quien renunció al cargo «por razones de salud». Aunque una investigación de Río Negro reveló en base a decretos oficiales que Abel Di Luca tenía acceso a esas listas, tanto en el rol de subsecretario de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta diciembre 2021, como en su papel de Ministro, en el que se desempeñó desde esa fecha hasta su renuncia el 27 de octubre pasado. Por ahora, no está imputado.

Volviendo a la maniobra, el beneficiario concurría al Banco Provincia de Neuquén, firmaba su conformidad para la apertura de una caja de ahorros, y le entregaban una tarjeta de débito con su correspondiente PIN.

Extracciones ráfaga

Esa tarjeta con la contraseña se la pasaba al reclutador, quien a su vez se la daba a otra persona o se encargaba por sí misma de hacer las extracciones por cajero automático.

Les entregaban al beneficiario original una parte del dinero y se quedaban con el resto.

Vignaroli explicó que por disposiciones del Banco Central, las entidades tienen la obligación de guardar el registro de las cámaras de vigilancia de los cajeros automáticos durante 90 días. Para esta investigación pudieron rescatar los videos desde enero y febrero hasta julio.

En los videos aparecen personas que no son los titulares de las tarjetas realizando «extracciones ráfaga»: llevan varios plásticos con sus claves de acceso y hacen retiros.

El fiscal jefe indicó que en diversos allanamientos secuestraron más de 50 dispositivos, entre CPU, celulares y tablet, . «Extraer la información y procesarla lleva mucho tiempo, pero nos servirá para ver si hay que imputar a más personas», dijo.

¿Quién es el perjudicado?

En cuanto al perjuicio económico, señaló que la calificación legal es estafa por uso de tarjeta de débito ajena. No aclaró si el damnificado es el particular -como se interpretó- o la administración pública.

«Cada extracción es un hecho (delito). Hay muchísimos. El monto estimado, de enero a julio, son 63,4 millones de pesos», señaló. Al comienzo de la investigación se habló de 123 millones.

Ante otra pregunta, remarcó que el rol del exdirector de Planes Sociales «era fundamental» porque «aprobaba los listas de beneficiarios en base a los cuales se hacían las transferencias».

Respecto del destino del dinero, dijo que «lo investigamos». Mencionó que «en una cuenta bancaria de un funcionario encontramos movimientos importantes, que no son acordes con sus ingresos».

Por último dijo que hay otra investigación paralela en la que está involucrado personal del Banco Provincia de Neuquén, pero no brindó más detalles.