Neuquén no resuelve la crisis carcelaria y ya mandaron a dos violadores a sus casas
La provincia tenía un mes de plazo para resolver las cuestiones más urgentes, pero el panorama es el mismo y comienzan a sentirse las consecuencias.
Herrera y Mérgola murieron en agosto del 2022 en la Unidad 11, la cárcel más grande de Neuquén. (Archivo/ Florencia Salto)
Al cumplirse un mes del cierre por orden judicial de todas las unidades de detención de la provincia, el gobierno de Neuquén avanzó poco y nada en resolver la crisis carcelaria. Las consecuencias ya se empiezan a notar: dos hombres condenados por violación en una localidad del interior fueron enviados a sus casas, ante la falta de lugar disponible para ubicarlos.
Se trata de dos hombres condenados a 8 años de prisión por abuso sexual de una niña de su entorno. Las cárceles están desbordadas y sin las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que fueron cerradas y no ingresan nuevos detenidos a menos que se produzcan egresos.
La policía propuso encerrarlos en un destacamento de Buta Ranquil, donde ya hay condenados, pero la jueza de Garantías, Leticia Lorenzo, se opuso porque en las comisarías no puede haber personas con sentencia firme.
Como informó Río Negro, es un mandato constitucional, y la responsabilidad por su inobservancia recae de manera personal sobre los jueces o juezas. En su artículo 71, la Constitución señala:
Mandato constitucional
«Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a presos o detenidos, hará responsable civil o criminalmente al juez que la autoriza o consienta, por actos u omisiones, y será causa de inmediata destitución de los funcionarios y empleados que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran».
Una fuente judicial consultada en aquella ocasión explicó que «si mando a un preso a una cárcel hacinada, o a un lugar de detención inadecuado, soy responsable por el artículo 71 de la Constitución. No son responsables la Policía ni el Ejecutivo, soy yo».
En consecuencia, las dos personas está cumpliendo detención domiciliaria en El Huecú con rondines policiales sorpresivos.
Un mes sin avances
Las unidades de detención fueron cerradas por seis meses en noviembre, por decisión de las juezas de Ejecución de Neuquén, Raquel Gass, y del resto de la provincia, Alicia Rodríguez.
En el caso de la Unidad 11, la cárcel provincial más grande y asentada en el Parque Industrial, la jueza Gass impuso un plazo de un mes para solucionar las cuestiones más urgentes.
Fuentes judiciales dijeron a Río Negro que el gobierno debía habilitar tres casas de pre-egreso, con capacidad para seis personas cada una, pero sólo una está habitada y por cuatro internos.
Todavía no tiene gas, y fue provista de una hornalla eléctrica.
Matafuegos
En cuanto a la provisión de matafuegos, se hizo la consulta de precios pero todavía no se concretó la compra. Es un elemento de seguridad esencial: el 30 de agosto pasado, dos personas bajo custodia del Estado, Maximiliano Mérgola de 22 años y Víctor Herrera de 30, murieron en un incendio en una celda de minúsculas dimensiones.
El caso está sin esclarecer, pero dejó al descubierto la falta de extintores en los pabellones de la Unidad y la consecuente responsabilidad del gobierno de Omar Gutiérrez.
Respecto de la firma de un convenio con el gobierno nacional para ocupar más de 80 plazas en la cárcel de Senillosa, que la provincia viene prometiendo desde hace meses, no hubo novedades.
Al cumplirse un mes del cierre por orden judicial de todas las unidades de detención de la provincia, el gobierno de Neuquén avanzó poco y nada en resolver la crisis carcelaria. Las consecuencias ya se empiezan a notar: dos hombres condenados por violación en una localidad del interior fueron enviados a sus casas, ante la falta de lugar disponible para ubicarlos.
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