La causa penal contra el intendente de Río Negro investigado por fraude sumó a otro protagonista
Ayer imputaron a Diego Palacio, quien se desempeñaba como secretario de Obras y Servicios Públicos en Cinco Saltos durante la gestión de Germán Epul. Ambos son investigados por defraudación al Estado.
Germán Epul fue intendente de Cinco Saltos entre 2015 y 2019.
La causa de corrupción contra el exintendente de Cinco Saltos Germán Epul sumó un nuevo capítulo: ayer formularon cargos contra Diego Palacio, quien estaba a cargo del área de Obras y Servicios Públicas.
En la audiencia se ventiló el mecanismo que según la fiscalía utilizó para beneficiar a una empresa que ni siquiera era proveedora del Poder Ejecutivo.
Epul y Palacio son los principales apuntados en la causa penal ya que el titular de la firma fue sobreseído a cambio de ser un testigo clave: la misma suerte corrió una asesora legal que firmó una serie de documentos de la licitación, pero que no estaba al tanto de las irregularidades.
El fiscal Leandro López detalló la teoría de la fiscalía y aseguró que Palacio fue pieza fundamental en el acto delictivo. La empresa Nalozano ganó la compulsa por la fabricación de adoquines para una calle troncal de Cinco Saltos de forma irregular. No solo no era proveedora del municipio: ni siquiera se dedicaba a la fabricación de adoquines.
Además pasó un presupuesto muy por debajo del costo del mercado por lo cual la competencia era ficticia. De hecho, las otras dos empresas que participaron y que sí eran fabricantes y proveedores del municipio pasaron un precio muy por encima de los 2.4 millones de pesos que ofertó Nalozano.
Llegó al poder de la mano de Weretilneck
Según la fiscalía todo la operativa estuvo a cargo de Palacio y Epul. El objetivo era otro; utilizar ese dinero para comprar una adoquinera y poder competir en otras licitaciones provinciales. Epul llegó al gobierno en 2015 de la mano de Alberto Weretilneck.
El supuesto delito se concretó cerca del fin de su mandato, con lo cual esperaba ganar las elecciones en 2019 para amortizar ese supuesto fraude. Sin embargo, el senador no lo apoyó y tuvo que competir con el sello de la UCR aunque perdió a manos de Liliana Alvarado quien tras una auditoría lo denunció por varias causas, entre ellas las de los adoquines.
Según consta en los registros, el Ejecutivo le pagó los 2.4 millones de pesos que figuraba en el contrato a pesar que la obra nunca se concretó. Fue ese el disparador de la denuncia penal que está a cargo del fiscal jefe Gustavo Herrera.
Herrera imputó a Nazareno Lozano, dueño de la empresa, pero luego pidió el sobreseimiento a cambio de que declare en el juicio. Consideró que el hombre, que se fundió y tuvo que dejar la región, también fue víctima del proceso. Inicialmente fue imputado como partícipe necesario, accedió a un criterio de oportunidad.
La empresa de Lozano, Nalozano, tenía algunas contrataciones por parte del municipio como el mantenimiento del alumbrado público. Se había instalado hacía poco tiempo en el Alto Valle.
En su declaración dijo que Palacios, que se presentaba en nombre de Epul, le pedía el retorno de parte del dinero que le giraba el Ejecutivo para distintos gastos: desde pagar viajes para el club Cinco Saltos hasta la contratación de Damas Gratis para un evento cultural. También aseguró que Palacio se quedó con la adoquinera que se compró con ese dinero.
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