Femicidio de Agostina: el jurado popular no se mancha
Las lecciones que deben sacarse de lo sucedido luego de la amenaza y anulación del juicio por la muerte de la joven.
En Neuquén capital ya están agendadas audiencias de juicio hasta mitad del 2023. (Archivo/Matías Subat)
Desde el 2014, en la provincia de Neuquén se realizaron 65 juicios por jurados de los que participaron 1.040 personas. Hubo veredictos de culpabilidad, de no culpabilidad, por unanimidad, por mayoría, que luego fueron confirmados o revocados. Pero jamás se produjo ningún incidente, y aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les tocó la tarea de participar expresaron, en su inmensa mayoría, su satisfacción y deseo de repetir la experiencia.
Costó muchos años instalar el juicio por jurados: 161 para ser exactos. Es una obligación que figura en la Constitución Nacional de 1853, pero en la provincia de Neuquén recién se implementaron con la reforma procesal penal a partir de 2014. Esa mora tiene muchas explicaciones, y la principal es la resistencia tenaz del propio Poder Judicial, el más oscuro de los tres poderes del Estado, a permitir la participación ciudadana en sus asuntos.
Lo que sucedió con el juicio por jurados por el femicidio de Agostina Gisfman, que se declaró nulo hoy, es grave. Hubo una vulneración a la seguridad dentro de la misma Ciudad Judicial, que permitió que alguien accediera al baño de los varones y dejara una nota intimidante: «voten bien, sabemos sus direcciones».
Esclarecer y prevenir
La amenaza contiene cierta vaguedad. No está dirigida a nadie en particular, ni ofrece ninguna prueba de que efectivamente el o los autores tengan en poder esa información confidencial sobre las o los jurados.
El hecho es delicado, pero es pasible de ser esclarecido y sobre todo, prevenido para que no se repita. Todo indica que fue obra de unas pocas personas, incluso quizá una sola, con la complicidad de algún corrupto que le permitió acceder al sanitario en cuestión.
Pero las y los ciudadanos de Neuquén no están bajo la amenaza de bandas delictivas ni de sicarios que se dedican a extorsionar o amenazar a jurados populares. Los 65 juicios que se realizaron, las 1.040 personas que fueron jurado, así lo demuestran.
Este episodio aislado, serio, que debe ser investigado y que no debe repetirse, no puede poner en discusión un instituto como el juicio por jurados que tanto esfuerzo costó conseguir, y que es el único mecanismo de participación directa que tiene la ciudadanía en la administración de justicia.
El repudio institucional y el respaldo irrestricto al juicio por jurados debe ser unánime en este momento.
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