Estafa con planes sociales: la causa se enfría tras otra semana sin avances
Sin recursos afectados exclusivamente a la investigación, pasa el tiempo y no surgen novedades. El gobierno sigue con su estrategia de silencio.
Organizaciones sociales se unirán en una manifestación en Casa de Gobierno. (Foto Archivo Matías Subat).-
La millonaria estafa con tarjetas de débito destinadas a pagos sociales cumple otra semana sin novedades. El fiscal jefe a cargo de la investigación no tiene dedicación exclusiva: hace seis días que está ocupado con un juicio por jurados por un delito contra la integridad sexual; y una abogada del Tribunal de Cuentas recién el viernes fue designada para abocarse a la causa. La contadora que el Ministerio Público Fiscal le pidió al Tribunal Superior de Justicia le dedica tiempo parcial a la estafa.
Mientras tanto, no se informó de cambios en el Ministerio de Desarrollo Social, epicentro de la estafa por una suma estimada en 123 millones de pesos -que para algunas fuentes podría trepar a más del doble-, pero como informó Río Negro las organizaciones sociales se quedaron sin interlocutores en esa cartera porque nadie atiende sus llamados.
A Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales, le secuestraron el teléfono institucional durante un allanamiento, y al parecer no le dieron otro en reemplazo. Otros funcionarios de menor jerarquía, como el director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz, y Marcos Ariel Osuna, del departamento de Gestión de Programas, fueron separados de sus cargos.
Las diferencias
El motivo, según explicó el ministro Abel Di Luca en una entrevista con este medio, es que Sanz y Osuna aparecen captados por las cámaras de los cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén realizando extracciones con tarjetas de débito que no les pertenecen, y que son de beneficiarios de planes sociales.
Soiza en cambio seguiría en su puesto -al menos hasta el momento de aquella entrevista- porque la fiscalía no le formuló cargos.
A partir del momento en que el fiscal jefe Pablo Vignaroli realice la formulación de cargos, comenzarán a correr los plazos para cerrar la investigación. Aunque se la declare causa compleja, como probablemente sucederá, la fiscalía necesita ganar tiempo para avanzar con la producción de prueba libre de la presión del reloj.
El gobierno mantiene silencio
El gobierno provincial, en tanto, hizo desaparecer el tema de su agenda. Hace varios días que no se refiere al tema ni siquiera con la frase grabada «está en manos de la justicia», y ya no se molesta en justificar la continuidad de Di Luca al frente de un ministerio del cual desaparecieron millones de pesos.
El líder de la oficialista lista Azul del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, fue muy claro: «las primeras investigaciones las hizo el Banco que es del gobierno de Neuquén, perdón, las acciones son de la provincia de Neuquén. Al mismo tiempo acompañó la denuncia el abogado del Ministerio de Desarrollo Social. Y en tercer lugar, el fiscal de Estado Raúl Gaitán se constituyó en querellante. Entonces la justicia ya tiene todos los caminos abiertos. La justicia está investigando en base a esas investigaciones que se hicieron puertas adentro».
Como abogado, Sapag sabe que un funcionario público está obligado a denunciar la presunta comisión de un delito. Y que la justicia tiene (o debería tener) siempre los caminos abiertos por la división republicana de poderes.
Quién sabe si estos hechos le traerán recuerdos de hace 20 años, cuando era vicegobernador y junto al exgobernador Jorge Sobisch recibió en la Casa de Gobierno al exintendente de Centenario, Luis Castillo, quien presentó su renuncia porque lo habían procesado por peculado, debido al manejo de… planes sociales.
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