Áspero inicio del juicio contra la exjueza de Faltas de Zapala y un abogado
El actual intendente y parte de su gabinete están citados como testigos. La primera audiencia se demoró por continuos desacuerdos entre la fiscalía y los defensores.
La exjueza de Faltas de la municipalidad de Zapala, María Delia Sánchez, está acusada de enviar al estudio del abogado Claudio Alejandro Brusco, multas impagas, a los fines de realizar el correspondiente cobro por vía de juicio ejecutivo. Lo habría hecho, según la fiscalía, en violación a la Carta Orgánica y a sabiendas de que el profesional no estaba facultado para realizar ese trámite.
Esta es la versión simplificada de un caso que tiene una gran complejidad. Este lunes empezó el juicio, que se extenderá toda la semana, y la primera audiencia se caracterizó por los constantes cruces entre la fiscalía y los defensores. Duró diez horas.
La disputa inicial fue antes de empezar: la Oficina Judicial de Zapala dispuso que el juicio se transmita en vivo por YouTube, y la defensa se opuso. La presidenta del Tribunal, Carolina González, junto con los jueces Marco Lupica Cristo y Maximiliano Bagnat, dijo que «la posibilidad de ‘contaminación’ de los testigos en cinco días de juicio es imposible de neutralizar. Se impone el principio de publicidad de los actos de gobierno. Si las partes advierten que algún testigo está ‘contaminado’ (porque vio el juicio por la red social antes de declarar) podrá reencauzar su interrogatorio y el Tribunal lo valorará en su momento».
La acusación está a cargo de la fiscal jefa Sandra González Taboada, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, y el abogado José María Díaz Villar en representación de la municipalidad de Zapala. Los defensores son Pablo Gutiérrez y Roberto Espina (por Delia Sánchez) y Pablo Tommasini (por Brusco).
La denuncia
El denunciante fue el fiscal administrativo municipal Marcos Saccoccia, quien asumió el 2 de enero de 2020 designado por el actual intendente, Carlos Koopmann, uno de los primeros testigos en declarar.
La acusación fiscal indica que Sánchez, entre el 6 de febrero de 2020 y el el 18 de marzo de 2021, remitió 172 expedientes al estudio del abogado Brusco de multas impagas para que inicie el juicio ejecutivo correspondiente.
Brusco tenía un poder para actuar como apoderado de la municipalidad otorgado en 1995 por el exintendente Edgardo Sapag, otro de los citados a declarar. Pero Koopmann se lo revocó. Por su parte Saccoccia asegura que la función de Brusco cesó el 2 de enero del 2020, día que él asumió como fiscal administrativo. Estos son dos puntos que los defensores discuten intensamente.
El monto
La fiscalía no hizo una estimación del monto total de la maniobra. Saccoccia dijo que los 50 expedientes que Brusco presentó en el juzgado de Juicios Ejecutivos le dieron derecho a cobrar un millón de pesos en honorarios. Pero al descubrir la maniobra el funcionario desistió de esas demandas y el abogado tuvo que pagar las costas. A propósito, los defensores insisten en que no hubo perjuicio para el erario municipal.
Sánchez fue destituida como jueza de Faltas en febrero de este año. La fiscalía la acusa de abuso de autoridad (siete hechos) y sustracción de efectos públicos (peculado, siete hechos). En cuanto a Brusco, le imputa encubrimiento (siete hechos) y usurpación de autoridad (56 hechos).
Un organismo único
La fiscalía administrativa municipal fue creada por Carta Orgánica en 2010 y es equivalente al fiscal de Estado de la provincia. Según los testigos, no hay ningún municipio de Neuquén que tenga un organismo similar.
El primer fiscal fue Federico Sapag, quien declaró durante la tarde, y también lo hizo quien fue su adjunto, Diego Luis Mancini.
Este abogado, hoy prosecretario del juzgado civil de Zapala, aclaró que desde la creación de la fiscalía municipal, ninguna otra figura podía representar al municipio en un proceso judicial. Hasta entonces había -y al parecer aún hay- gran cantidad de abogados y abogadas con poderes para actuar como apoderados.
Algunos fueron revocados, otros no. Federico Sapag relató que renunció voluntariamente, «por una cuestión ética, porque no tenía nada más que ver con la municipalidad y el poder que me dieron seguía vigente».
«La municipalidad realizada una cantidad mínima de ejecuciones, el trabajo lo hacían los estudios jurídicos», dijo Mancini. «Eso estaba institucionalizado desde antes», agregó. Por su parte Federico Sapag dijo que como fiscal, controlaban la tarea de estos abogados.
Uno de los puntos de la acusación fiscal es que la jueza de Faltas no podía pedirle a un abogado (en este caso, el otro imputado Brusco) que ejecutara a deudores municipales, ya que esa tarea era exclusiva de la fiscalía administrativa.
Brusco intervino en muchos juicios, pero hasta el 2 de enero de 2020, cuando asumió Marcos Saccoccia, el denunciante. Los defensores dicen que seguía teniendo facultades para hacerlo, la fiscalía afirma lo contrario.
La audiencia comenzó a las 9 y terminó a las 19. Seguirá durante toda la semana.
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