Juicio por apremios policiales: la ciudadanía «considera que están bien»
Terminaron las audiencias contra dos policías de la comisaría 41 de Neuquén por lesiones contra tres jóvenes a los que sorprendieron en un robo. Es un caso de violencia institucional en el más amplio concepto del término. El veredicto se conocerá el martes.
La fiscal Valeria Panozzo sostuvo la acusación contra los dos policías. (Foto: Matías Subat)
Dice Borges que en una adivinanza hay una sola palabra prohibida: la que da respuesta al acertijo. En el juicio contra dos policías que terminó este viernes en Neuquén, lo no dicho fue «violencia institucional». Y de eso se trató, justamente, todo el debate.
La fiscal Valeria Panozzo pidió que declaren responsables a Miguel Ángel Morales, de 39 años, y Sebastián Andrés Chavarría, de 31, de los delitos de lesiones leves, lesiones graves y vejaciones, agravados por haber sido cometidos en su función de policías.
Las víctimas fueron tres jóvenes a los que sorprendieron instantes después de un robo en el barrio Altos del Limay, la noche del sábado 29 de mayo de 2019.
El defensor particular Marcelo Sterz, por su parte, abogó por la absolución. Argumentó que nadie vio a los policías agredir a los detenidos, y remarcó: «son delincuentes. Conocen el manejo de autolesionarse. Se podrían haber golpeado entre ellos».
Insistió con la hipótesis que informó Río Negro: que pudieron producirse cortes en los brazos con los cubiertos de plástico que les dan junto con la vianda.
Las heridas quedaron registradas en fotografías que el padre de una de las víctimas aportó a la investigación.
El veredicto lo dará a conocer el martes 28 el Tribunal integrado por Carina Álvarez, Florencia Martini y Lucas Yancarelli.
Violencia institucional, parte I
La fiscal Panozzo hizo su alegato acusatorio con lo que pudo. Como también publicó este medio, por un error compartido entre la fiscalía y los querellantes Marcelo Muñoz y Martín Espejo (que renunciaron diez días antes del juicio), no pudo contar como testigos con cuatro médicos y dos bioquímicos.
Tampoco con una de las víctimas, precisamente el que sufrió las lesiones más graves: fractura de costilla y cortes en brazos y espalda, incluido el tatuaje «41» (por el número de la comisaría) con una navaja.
Esos errores judiciales, que caen siempre para el mismo lado, son formas de violencia institucional.
Violencia institucional, parte II
Según explicó la fiscal al inicio de su argumentación, «este es un caso de policías contra ladrones» y los vecinos del barrio que presenciaron la detención y vieron cómo golpeaban a los jóvenes «no quieren declarar porque tomaron partido por la policía. Consideran que es justo, que está bien lo que hicieron, lamentablemente».
Dos de las víctimas de la paliza declararon en el juicio y admitieron que estaban robando. También denunciaron los golpes. Uno dijo que le pidió al policía que lo castigaba: «ya está, ya perdí, no me pegues más».
Por ese procedimiento irregular se llegó a este juicio. Un caso de violencia institucional.
Violencia institucional, parte III
En este momento los dos delincuentes-víctimas-testigos están presos en la Unidad 11. En esa cárcel, el martes a la noche hubo una represión en el pabellón 4 que terminó con un cabo policial herido de gravedad. Los internos reclamaban calefacción y agua caliente, pero nunca se sabrá cuál fue el motivo real por el cual se amotinaron ya que esos servicios se normalizaron con rapidez.
De las 261 personas detenidas en los pabellones de la Unidad 11, por lo menos 60 están medicadas por un psiquiatra aunque el tráfico de psicotrópicos es mayor, según fuentes judiciales que frecuentan la cárcel. Es una de las formas de gobernarla: mantener dopados a los detenidos.
Muchos creerán que se merecen eso, y peores cosas. También es violencia institucional.
Violencia institucional, parte IV
Después de los alegatos, los dos policías imputados hablaron ante el tribunal. Ambos se declararon inocentes, y dijeron que no entendían por qué se habían ensañado con ellos. Asuntos Internos les hizo juicio, uno fue destituido, el otro quedará cesante en cualquier momento.
Morales denunció que era víctima de un complot en el que involucró a defensores públicos, empleados judiciales y de la fiscalía. Hasta expresó su molestia por las crónicas de Río Negro.
Agregó que su compañero Walter Elgueta, quien aceptó su responsabilidad en los apremios y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, «no soportó la presión y las amenazas».
«Quizá había una orden de más arriba, que trasciende la esfera policial», sugirió.
Ninguno dio una prueba concreta de por qué en tan altos niveles estarían interesados en sacarlos de la institución. ¿Investigaban algo, saben algo?
Tratándose de la Policía nunca se puede estar seguro. Lo que sí es probable es que Morales y Chavarría sean dos oficiales mal pagos, recargados de horas de trabajo (esa noche en la comisaría 41 no había prácticamente personal), sin una adecuada instrucción para manejar situaciones bajo presión.
El maltrato que dicen haber sufrido de parte del servicio de justicia, el abandono de la Jefatura que no les brindó contención, también es violencia institucional.
La respuesta al acertijo
El Tribunal decidirá si son responsables o no de los delitos que les imputan. Lo concreto es que la noche del 29 de mayo de 2019 sorprendieron a tres viejos conocidos con elementos robados y se vieron rodeados de vecinos que querían lincharlos.
Tenían herramientas para manejar la situación de otra manera. Pero a las 21:30 los tres jóvenes circulaban ilesos por la vía pública y horas después uno vomitaba sangre y los otros dos tenían la cara hinchada por los golpes, amontonados en un calabozo.
Violencia institucional. La expresión que no se utilizó en el juicio, la respuesta al acertijo.
Comentarios