«Jefe, se me enquilombó el procedimiento»: los puntos oscuros en el asesinato de Robin en La Angostura
Detalles hasta ahora no difundidos sobre el operativo que terminó con la muerte a golpes de un hombre, solo y desarmado, agredido por cinco policías. Las preguntas que quedan por responder. La escena del crimen alterada. Se corre el velo sobre la violencia institucional y el consumo de estupefacientes en la villa turística.
Robinson Gatica tenía 32 años y le dieron muerte el 20 de julio pasado en Villa La Angostura. (Facebook)
Los resultados de la autopsia demorarán. También los exámenes toxicológicos y de ADN. Por ahora, la causa de la muerte es «indeterminada». De todos modos es mucho lo que ya se sabe sobre el asesinato de Robinson Leonardo «Robin» Gatica (32) en Villa La Angostura, por el cual hay cinco policías imputados pero con prisión domiciliaria a pesar de que los acusan de un delito que tiene pena de prisión perpetua. El gobierno provincial, por ahora, ha mantenido silencio sobre el crimen del empleado de un municipio en manos del MPN. Los familiares convocaron a una marcha para hoy a las 18.30.
El fiscal Adrián De Lillo encuadró el caso como un hecho de violencia institucional. La acusación es por homicidio agravado por haber sido cometido en exceso de su función, contra el cabo primero Víctor Hugo Muñoz; sargento Darío Luis González; cabo primero Alejandro Bravo; cabo Erwin Alejandro Mora y oficial David Ezequiel Cuevas.
La teoría del caso de la fiscalía tiene lógica: cinco policías con sus pistolas reglamentarias y una escopeta ingresaron a la vivienda de un hombre que estaba solo y desarmado, y apenas minutos después ese hombre estaba en el piso, boca abajo, con las manos esposadas a la espalda en estado de agonía. Otra policía que intervino en el operativo pero no está imputada, la sargento Daniela Goyena, lo oyó gemir hasta que dejó de respirar.
El defensor del cabo primero Muñoz, Cristian Pettorosso, está en desacuerdo. Según su propia teoría del caso el procedimiento fue correcto y los policías intervinieron para salvar la vida de la esposa y los hijos de Robin. A falta de cubiertos de plástico, argumentó que los golpes que le causaron la muerte se los pudieron aplicar sus propios familiares. Hay un elemento de madera secuestrado con el cual le pegaron antes de que llegaran los uniformados.
«Defectuoso»
El juez de Garantías Juan José Nazareno Eulogio, al borde de perder la imparcialidad, dijo que el caso presentado por la fiscalía «no tiene una solidez tal que permita el dictado de la prisión preventiva», y no descartó que los policías hayan actuado en legítima defensa.
Pero no tuvo más remedio que reconocer que el procedimiento fue «por lo menos defectuoso». Un delicado adjetivo para definir un operativo en el que murió una persona desarmada y se alteró la escena del crimen.
Eulogio acaba de ganar, con el apoyo del oficialismo, el concurso para ascender a juez del Tribunal de Impugnación. Todavía le falta recibir el acuerdo legislativo. Tiene razón cuando afirma que el caso de la muerte de Robin presenta claroscuros. La cuestión es a cuáles les dio preponderancia en su resolución.
Cinco contra uno
Breve repaso. Poco después de las 6 de la mañana del miércoles 20 de julio, móviles policiales con Muñoz, González, Bravo, Mora y Goyena -al rato se sumó Cuevas- llegaron al domicilio de Moquehue 237, casa 3. Allí vivía Robin con su esposa y sus tres hijos, dos niñas de 12 y 14 años y un varón, de 5.
Un familiar llamó a la comisaría 28 porque Robin había consumido cocaína y provocaba destrozos en la vivienda con un pequeño cuchillo de cocina. La esposa Paola Chumuy y la madre de la víctima Lidia Quintriqueo aseguran que no intentó agredir a nadie de la familia. Sólo pidieron ayuda para que no se lastimara a sí mismo.
Gatica era empleado municipal, del sector recolección de residuos, y había dejado de consumir estupefacientes porque en el trabajo le hacían controles periódicos. En la comisaría 28 lo conocían casi desde la adolescencia. Nadie sabe qué le pasó esa madrugada.
La esposa dice que los policías no se animaban a entrar, pese a que eran superiores en número y armamento. Cuando ingresaron, no lo pudieron controlar y se retiraron de la vivienda. Uno de ellos, el cabo primero Muñoz, le disparó a Robin con su pistola 9 milímetros un proyectil de plomo sin dar en el cuerpo.
Surgen aquí los primeros interrogantes. Primero, el consumo de sustancias es un problema de salud pública, no de seguridad. ¿Por qué el personal no convocó a algún especialista? Robin necesitaba un médico, no un policía. Segundo, ¿estaban equipados para enfrentar a una persona armada con un cuchillo? ¿Por qué no pidieron apoyo de los grupos especiales?
El cuchillo a la calle
Fue Paola la que dominó a su marido, lo arrojó al piso y le quitó el arma. Salió a la vereda con el cuchillo en la mano, lo tiró a la calle y les pidió a los policías que vuelvan a ingresar. Después se retiró con su suegra la casa de ella, a pocos metros. A sus hijos los sacó el tío por la ventana del baño.
-¿Vos saliste de la casa para que la policía pudiera completar su trabajo? -le preguntaron de una radio Bariloche a Lidia Quintriqueo.
-¿Qué trabajo? ¿Matarlo? -repreguntó la madre de Robin.
Disparos y golpes
Se produjo entonces el segundo y más inexplicable tramo de este caso de violencia institucional. Robin ya no era una amenaza, para él ni para nadie. Estaba solo, sin nada en las manos, drogado –no se sabe en qué punto de intoxicación, esa pericia aún está en proceso- frente a cinco policías armados.
Fue ahí, sin testigos, que lo asesinaron probablemente de un golpe con un objeto contundente en la cabeza. Según el Cuerpo Médico Forense que depende del Tribunal Superior de Justicia, la causa de la muerte es «indeterminada». El médico que revisó el cadáver en el lugar del hecho detectó un hundimiento en la zona de la nuca con una herida de 2,5 centímetros.
Además le dispararon al menos cinco veces con una escopeta, y lo rociaron de perdigones de goma de la cintura para abajo.
Paola y Lidia escucharon, desde la vivienda aledaña, los disparos y los gritos: «tirate al piso hijo de puta». Volvieron corriendo, y el hombre ya estaba muerto.
El defensor Pettorosso reconoció en la audiencia que los policías llamaron al jefe de la comisaría 28, Néstor Catalán: «Jefe, se me enquilombó el procedimiento». Fue defectuoso.
La escena del crimen, alterada
Con Robin ya fallecido, los policías alteraron la escena del crimen, según denunció el fiscal De Lillo.
• Permitieron el levantamiento y traslado del cadáver antes de la llegada del fiscal al lugar del hecho, lo cual va en contra de todos los protocolos.
• Movieron de lugar el cuchillo que había blandido Robin. El sargento González tiene una herida en una pierna y el cabo primero Bravo en el hombro. Ahora queda bajo sospecha cuándo y en qué circunstancias se produjeron.
• Acomodaron los cartuchos servidos de la escopeta, según observó el personal de Gendarmería convocado para colaborar con la investigación. Esto afectará determinar la posición del tirador.
• Brindaron información parcial y sesgada a sus jefes y a la fiscalía sobre el episodio.
Riesgo de entorpecimiento
El fiscal De Lillo enumeró la gran cantidad de medidas de investigación pendientes, alertó sobre el riesgo de entorpecimiento de las mismas por parte de los imputados ya que son personal policial y cuentan con recursos para ello, y por eso pidió que les impongan tres meses de prisión preventiva.
El juez Eulogio sólo otorgó prisión domiciliaria por ese plazo: «No existen elementos de convicción suficientes para sostener que el delito se cometió». «Tenemos una muerte dudosa de una persona que ha perdido la vida porque supuestamente ha recibido golpes». «Por un hecho ocurrido en Villa La Angostura, no podemos desconfiar de quienes son nuestros auxiliares en toda la provincia».
Más abajo hay una lista de los últimos casos de violencia institucional que ponen en duda las palabras del juez a punto de ascender. Con un denominador común: en todos, el Poder Judicial salió al rescate de los policías involucrados, y el gobierno provincial nunca emitió una definición política sobre la materia. O sí: quien hasta abril era responsable de la fuerza policial, ahora es defensora general y debe ocuparse de las víctimas de la violencia institucional. No se sabe si es una ironía o cinismo puro.
Oscuridad en el paraíso
Por último: algo muy oscuro está pasando en el paraíso turístico de Villa La Angostura, sitio de descanso de empresarios y presidentes. El femicidio de Guadalupe Curual puso al descubierto la falta de redes de contención institucionales para los casos de violencia de género. El asesinato de Robin Gatica corre el telón sobre la violencia institucional y las adicciones.
Eliana Fortbetil, la flamante jueza de Familia de Villa La Angostura, dijo hace poco a Río Negro -hablando de la violencia de género- que se agudiza “ante la falta de una vivienda propia, todos los problemas habitacionales que implican estos hacinamientos, y con el problema de consumo de sustancias, principalmente alcohol que hay acá en la Villa. De la totalidad de las situaciones, el 80% está atravesado por cuestiones de consumo, que no está problematizada o problematizada hay una resistencia de pedir ayuda a las instituciones.”
El propio fiscal De Lillo tiene abierto un pre-sumario en el Tribunal Superior de Justicia porque la policía lo encontró manejando con 0,6 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo en la Villa es 0,5. En las últimas horas, operadores en favor de la policía se encargaron de recordárselo.
La conducción política de la ciudad está entretenida en otras cuestiones, por ejemplo quién se queda con la presidencia de tal organismo, mientras le pasan estos elefantes por delante.
En la audiencia de formulación de cargos, el abogado Pettorosso denunció que «a la víctima lo mató la droga. Todos los ciudadanos saben dónde están los transas que venden drogas».
El profesional -que en otro legajo defiende a un acusado de cometer un homicidio por una deuda vinculada con venta de drogas- no aportó más datos para que se inicie una investigación que sería muy interesante en una ciudad con sectores de altísimo poder adquisitivo, receptora de turismo internacional y cercana a la frontera. Pero sí amenazó con querellar a una maestra que escribió una carta llena de dolor ante el asesinato de Robin, un hombre que llamaba a su pueblo natal «Villa La Angustia» y que siempre creyó que no iba a llegar vivo a los 30 años. Lo mataron a los 32.
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