El cierre de Siglo XXI originó denuncias de empresas por 150 millones adeudados
Esa empresa de cobranzas cerró el año pasado y, después, se sucedieron acciones judiciales de firmas que reclaman cobros a su nombre.
Varias acciones civiles y penales se formalizaron en contra de la empresa de cobranzas Siglo XXI, que cerró el año pasado. Las presentaciones incluyen a firmas de servicios públicos, privadas y públicas, que reclaman el cobro efectuado a sus usuarios, pero que no fueron transferidos, estimándose un perjuicio de unos 150 millones de pesos.
La nómina de denunciantes comprende -esencialmente- a Edersa, ARSA y Pago Fácil, quienes fueron los iniciales impulsores de la causa penal, cuya primera audiencia judicial se suspendió cuando la jueza Itzia Soly entendió que la sala elegida era demasiado chica para este período de pandemia. La nueva convocatoria para las imputaciones fiscales se estiman ahora para la segunda quincena de marzo.
Dos firmas -Edersa y Pago Fácil- están representadas por los abogados Manuel Maza y Luciano Perdriel mientras que ARSA tiene el patrocinio de la Fiscalía de Estado.
La acción penal es del fiscal Guillermo González Sacco, que formalizaría imputaciones contra la presidenta de la Siglo XXI SRL, Gloria Aliberti y el apoderado, Horacio Ferrarino. Ambos tienen defensores públicos, a cargo de Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa.
También aparecerían otros perjudicados por inversiones financieras que esa empresa ofrecía con un interés importante en relación a los valores del mercado.
Perdriel, en diálogo con FM 105.5, contó que “de repente Siglo XXI cerró sus puertas y no pudo cumplir con las obligaciones que había asumido. Acá estamos hablando de una maniobra clara que tuvo como intención beneficiar económicamente a su participante, que se encargó de cobrar muchísimo dinero, bajar la persiana y desaparecer. Es un típico caso de defraudación por administración infiel”.
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