Crimen en Senillosa: un caso de «gatillo fácil» de un funcionario de Seguridad
La fiscalía afirmó que el acusado de darle muerte a Sepúlveda conocía, por su trabajo, los mecanismos legales para resolver el conflicto y eligió la venganza por mano propia.
El imputado López es funcionario de Seguridad pero trabajaría en Desarrollo Social, aunque el gobierno no pudo confirmar qué hace. (Matías Subat)
Alfredo Martín López Boudet (44) es funcionario de la subsecretaría de Seguridad de Neuquén (aunque el gobierno provincial no pudo informar con precisión dónde trabaja, qué hace, ni en qué horario, y parece que en realidad depende del magullado Ministerio de Desarrollo Social). Ahora está con prisión preventiva por 6 meses, acusado de asesinar de dos balazos por la espalda a Juan Guillermo Sepúlveda (h), de 25 años, quien al parecer le robó al menos tres veces en una obra en construcción de su propiedad en Senillosa.
«Por ser funcionario del Ministerio de Seguridad, sabe que no es la forma de resolver un conflicto», dijo en su alegato la fiscal del caso de Homicidios, Eugenia Titanti. «Conoce las vías legales, la manera legítima de canalizar sus sospechas. Bastaba con llamar a la Policía, reclamar el avance de las investigaciones. Pero lo que hizo fue actuar con ánimo de venganza, con desprecio por la vida humana», agregó.
El imputado permaneció en silencio durante toda la audiencia de formulación de cargos, realizada este jueves al mediodía ante el juez Lucas Yancarelli. Su abogado defensor Elio García dijo que pedirá la revisión de la prisión preventiva. En la sala también estuvieron el padre de la víctima, Juan Sepúlveda, un hermano y la cuñada, acompañados por el abogado querellante Maximiliano Orpianessi.
En contra de Sepúlveda (h), casado y padre de dos niños de 4 y 5 años, había numerosas denuncias por robos menores en viviendas desocupadas. Nunca usó armas de fuego. Al parecer vendía los elementos sustraídas en Senillosa: tenía aceitado el «flete» y el contacto con un reducidor. La policía lo dejaba hacer, lo ayudaba, o su incapacidad para controlarlo era escandalosa. Hasta un efectivo fue víctima de robo, y le hizo un juicio civil a la familia. De allí surgió la versión nunca corroborada hasta ahora del chantaje policial.
La chacra de López
En los primeros días de octubre, Sepúlveda (h) había ingresado a robar dos veces a una chacra de la calle Benito Espinoza, cerca del Parque Industrial. En la parte delantera del lote hay una vivienda, residencia de Alfredo López, y detrás una obra en construcción.
El 18 de octubre es un día clave. López se presentó en la comisaría 11 de Senillosa y denunció que le habían entrado a robar, pero dijo que no tenía sospechosos. Observó que habían dejado un tanque de agua en el suelo, libre de amarres, listo para llevárselo.
Después se fue a la casa de su pareja, pero a la noche volvió a la vivienda de Benito Espinoza.
La última salida
En otra parte de la ciudad, a las 20, Sepúlveda salió de su vivienda y nunca más se lo volvió a ver. Al día siguiente su padre, de la misma homonimia, denunció en la comisaría 11 su desaparición. Recién encontrarían su cuerpo con buzos tácticos el 25 de octubre, sumergido en una especie de tubo que hay en una boca de tormenta en un canal de riego, no muy lejos de la chacra de López.
Durante la semana de rastrillajes buscando a Sepúlveda, el funcionario López fue interrogado como testigo. Dijo que la noche del 18 no había estado en la vivienda de Benito Espinoza, sino en la casa de su pareja. Ella lo desmintió; también la geolocalización de su teléfono.
El celular de Sepúlveda (h) se apagó el miércoles a las 2:38 en la zona del Parque Industrial de Senillosa, cerca de la casa de López y del canal donde apareció luego su cuerpo.
La nueva denuncia
Como si nada pasara, el funcionario de Seguridad se presentó el 20 de octubre a las 17 en la comisaría 11 a denunciar que le habían robado otra vez, de lo cual se había enterado por un vecino porque según dijo, no ocupaba la vivienda de Benito Espinoza en forma permanente. También expuso en esa oportunidad que habían removido el tanque de agua como para llevárselo.
La policía hizo una inspección ocular en su chacra vinculada con el robo, y curiosamente López les sugirió que buscaran en el desagüe cercano, justo donde días después sería hallado el cadáver de la víctima. Los uniformados miraron por arriba, porque no era el objeto del procedimiento.
El 24 de octubre, cuando aún se ignoraba el paradero del joven, López amplió su denuncia en la fiscalía y acusó a Sepúlveda del robo en su chacra. Pidió que le impongan una medida de prohibición de acercamiento. Eso no impidió que se solidarizara con la familia por la desaparición.
Los hilos se van uniendo
Por otra parte, la pareja de Sepúlveda les reveló a los investigadores que el joven salió la noche del 18 a robar el tanque de agua de López. Los hilos sueltos se fueron atando en torno a un sospechoso.
El teléfono del funcionario fue intervenido. El 28 de octubre, tres días después del hallazgo del cuerpo, lo llamó una mujer para preguntarle si todavía tenía las armas, y él le contestó que no. López es legítimo usuario, desde el 2010, de una carabina Magnum 22, el mismo calibre con el que mataron a Sepúlveda. Ese arma todavía no fue hallada, por eso se considera que el imputado entorpece la investigación.
El defensor Elio García dijo en la audiencia de formulación de cargos que su cliente no la ocultó, sino que la fiscalía debería buscar mejor. Sugirió que allanen las viviendas de los hermanos y de la madre del imputado. Luego ofreció una de esas viviendas para una hipotética detención domiciliaria, la que fue rechazada por el juez.
Persecución y disparos por la espalda
La teoría del caso de la fiscalía es que López estaba esperando que Sepúlveda aparezca por su chacra para llevarse el tanque de agua. Cuando lo vio, entre la noche del 18 de octubre y la madrugada del 19, lo persiguió unos 30 metros y le disparó al menos dos veces con la carabina.
El primero de los balazos le dio al joven en la cadera y lo hizo caer, el segundo lo recibió agazapado, le ingresó por la cintura, le recorrió el tórax y llegó al corazón, lo que le causó la muerte.
De qué manera llegó el cuerpo al agua, donde lo encontraron, es algo que se ignora por el momento.
La fiscalía remarcó el desprecio por la vida demostrado por López, quien «no se acercó a la víctima para ver si aún estaba con vida, no llamó para que le brindaran asistencia, ni tuvo una actitud compasiva».
Además mantuvo silencio durante toda la investigación, ocultó información o mintió abiertamente.
El juez Yancarelli estuvo de acuerdo con la teoría fiscal, a la cual adhirió la querella. Dijo que López «podría haber usado el arma para asustarlo, reducirlo, entregarlo a las autoridades».
En consecuencia le impuso seis meses de prisión preventiva y otorgó cuatro meses de plazo de investigación.
¿Qué hace y dónde?
López Boudet se definió como «empleado público» en la audiencia de este jueves.
Es funcionario de la subsecretaría de Seguridad, pero según un oficio enviado a la fiscalía por la dirección General de Recursos Humanos de ese organismo, «actualmente se encuentra cumpliendo funciones en la órbita de la subsecretaría de Articulación Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, de acuerdo a las certificaciones de servicios firmadas por el subsecretario Tomás Atilio Martínez que datan de enero hasta la última recibida el 6 de septiembre de este año».
«Por lo expuesto -dice la nota de RRHH- no es posible informar funciones, horario y domicilio laboral, ya que dicha información no se encuentra descripta en las certificaciones recibidas oportunamente».
Una fuente de la fiscalía lo tradujo: «es un ñoqui».
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