Crimen de Senillosa: ¿homicidio, legítima defensa o inocente?
La muerte de Juan Guillermo Sepúlveda quedó encorsetada entre la hipótesis de la fiscalía, la de los nuevos defensores, y la que inesperadamente introdujo uno de los jueces en una audiencia de revisión.
El cuerpo de la víctima apareció una semana después, en un desagüe entubado. (Archivo/Yamil Regules)
Alfredo Martín López Boudet (44) cambió de abogados y logró un vuelco en la causa que lo tiene como imputado más espectacular del que sus defensores esperaban. Sigue siendo el único imputado por la muerte de Juan Guillermo Sepúlveda (25) cuyo cadáver apareció semisumergido en un canal de riego cerca de su chacra en Senillosa el 25 de octubre, aunque murió el 18. Pero su situación es mucho más favorable.
La fiscal del caso de Homicidios, Eugenia Titanti, lo acusó ante el juez Lucas Yancarelli de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. El magistrado aceptó la calificación y las evidencias, y le impuso seis meses de prisión preventiva. Eso ocurrió el 3 de noviembre pasado.
López Boudet, un afiliado al MPN, empleado de la secretaría de Seguridad pero que al parecer trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, tenía como defensor a Elio García, quien en esa etapa no cuestionó la acusación.
Cambio de estrategia
Luego cambió de abogado y contrató al afamado Juan Coto, quien suele defender a funcionarios del gobierno. Fue, por ejemplo, el que logró que desvincularan al Coordinador Interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación, Gabriel Potas, de la causa iniciada por la explosión de la escuela de Aguada San Roque en la que murieron tres personas. También intervino en la «causa de las macetas» que salpicó al intendente Mariano Gaido en defensa de un estrecho colaborador de Claudio Domínguez. Y es el defensor de Pedro Jofré, el sindicalista de ATE mano derecha de Carlos Quintriqueo que disparó en medio de un enfrentamiento en pleno centro de San Martín de los Andes.
Coto participó de la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el martes 8 ante la jueza Carolina García y los jueces Dardo Bordón y Juan Balderrama. Los dos primeros son del fuero del Niño, Niña y el Adolescente; el tercero es de San Martín de los Andes.
Exceso en la legítima defensa
En esa instancia, el abogado defensor señaló que de acuerdo con la descripción del hecho realizada por la fiscalía, a López Boudet sólo se lo puede acusar de homicidio con exceso en la legítima defensa, porque la víctima Sepúlveda había ingresado a su chacra a robar, de noche, y él no hizo más que repeler esa agresión ilegítima.
Es decir que a la hipótesis del homicidio, contrapuso la hipótesis del homicidio cometido con exceso en la legítima defensa, ya que Sepúlveda estaba desarmado y los dos disparos los recibió de espaldas, cuando escapaba, y a 30 metros de la vivienda del sospechoso.
La fiscal Titanti y el querellante Maximiliano Orpianessi dijeron ante los jueces que en esa audiencia del día 8, por cuestiones procesales, no se podía cambiar la calificación legal que había aceptado el juez Yancarelli. Recordaron que la defensa que el imputado tenía el 4 de noviembre, no la había cuestionado en esa oportunidad.
El Tribunal tomó una decisión extraña. En primer término, el juez Balderrama dijo que, en efecto, no podían modificar la calificación legal. Pero de todos modos consideró que no correspondía la prisión preventiva de López Boudet, sino la domiciliaria.
Sin pruebas
A continuación el juez Bordón afirmó, en la misma línea, que no podían modificar la calificación legal. Pero luego se dedicó a desmenuzar la acusación de la fiscalía y utilizó argumentos para intentar derribar cada una de las evidencias que en principio apuntan hacia el sospechoso.
Bordón fue más allá que el propio defensor: dijo que no había pruebas de que López Boudet haya matado a Sepúlveda.
Para fundamentarlo, utilizó razonamientos que desafían la imaginación: por ejemplo se preguntó por qué el imputado escondió el arma y no el cadáver, como si fuera igual de fácil deshacerse de una carabina que de un cuerpo. Cuerpo que, por otra parte, los investigadores tardaron una semana en encontrar porque estaba sumergido en un canal entubado, cerca de la propiedad del acusado.
Al fundamentar la prisión domiciliaria para López Boudet, el juez ponderó que Senillosa es una localidad chica, y tuvo en cuenta «quien era la víctima y su forma de conducirse en la vida», en referencia a que Sepúlveda se dedicaba a robar. Pareció que le preocupaba más ofrecerle protección personal al imputado que impedir que se fugue o entorpezca la investigación.
Sin competencia
Por último la jueza García trató de volver las cosas a su cauce natural y ratificó que «no tenemos competencia para modificar la calificación legal» sino que sólo son tribunal de revisión de las medidas de coerción.
En definitiva, López Boudet cumplirá los seis meses de detención domiciliaria en la casa de un familiar, con tobillera electrónica y prohibición de contacto con los testigos de la causa y familiares de la víctima.
Mientras tanto, la fiscalía y la querella tienen cuatro meses para cerrar la investigación y tratar de llegar a la verdad de lo sucedido.
Comentarios