Acusan a 16 personas por una millonaria estafa a la clínica Pasteur

En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, el asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos Juan Narváez formuló cargos a 16 personas y los acusó por defraudar los intereses de la clínica privada Pasteur, de la ciudad de Neuquén, por alrededor de 30 millones de pesos.

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Los imputados son diez hombres y seis mujeres, según informó el Ministerio Público Fiscal. Les atribuyen los delitos de defraudación especial por administración fraudulenta, en carácter de coautores para dos de ellos, y en calidad de partícipes necesarios para el resto.

Llamó la atención que a la audiencia de hoy, por un caso que aparenta ser de gran magnitud, el Ministerio Público haya enviado a un funcionario de tercera categoría -que ni siquiera pasó por el Consejo de la Magistratura- en vez de a un fiscal jefe o a un fiscal del caso.

Narváez requirió que se declare el caso como causa compleja debido a la cantidad de imputados, a la pluralidad de hechos y al tipo de maniobra realizada. Además, el asistente letrado expresó que restan realizar pericias; informáticas en equipos secuestrados y para determinar con exactitud movimientos y maniobras; contables para determinar el perjuicio económico final; y caligráficas.

Finalmente, el representante de la fiscalía solicitó que se prorrogue por un año más una medida cautelar, impuesta en noviembre de 2021, mediante la cual fueron bloqueadas distintas cuentas bancarias relacionadas al caso y que se encuentran bajo investigación.

La formulación de cargos fue respaldada por el querellante Juan Coto. La jueza de Garantías, Estefanía Saulí, tuvo por formulados los cargos, declaró el caso como causa compleja e hizo lugar a la cautelar.

Liquidaciones de sueldos

La teoría del caso que investiga la fiscalía es que entre el 5 de enero del 2018 y el 15 de octubre del 2021, los dos imputados que trabajaban como liquidadores de sueldos en la clínica aprovecharon ese puesto y la confianza depositada en ellos para defraudar los intereses de la institución en más de 30 millones de pesos. Para ello, contaron con la colaboración necesaria e imprescindible del resto de los imputados.

Las maniobras que les imputan consistían en modificar datos en los registros de las liquidaciones de sueldos de empleados del sanatorio, generando falsos pagos a empleados y supuestos empleados, que luego eran transferidas a distintas cuentas bancarias.