Piden condenas para el exjuez y el exfiscal de Neuquén que apañaban a los grupos de tarea de la dictadura
Familiares y sobrevivientes exigieron condenas para Pedro Duarte y Víctor Ortiz, durante el alegato que lleva a cabo la fiscalía federal. Los acusan como partícipes necesarios de los secuestros, autores de la omisión de persecución penal y de prevaricato, en el caso del ex juez.
Escuelita VIIII: el juici contra los civiles que fueron parte del plan de la dictadura está en etapa de alegatos (foto Cecilia Maletti)
«Merecen un castigo, no puede quedar impunes: son cómplices del genocidio que se llevó a cabo, merecen una condena», dijo Gladis Sepúlveda ayer, durante los alegatos de la fiscalía general contra el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, acusados de integrar el plan de desapariciones y torturas en el Alto Valle durante la dictadura.
La descripción expediente por expediente (de un total de 31) reflejó que Duarte y Ortiz sabían que las personas por las cuales se buscaba, eran torturadas durante el cautiverio.
Se lo decían sus padres, madres y esposa o el hermano, según el caso. Están detallados en los escritos que luego el juez y el fiscal ordenaban cerrar sin siquiera citarlos para hacer una declaración.
La fiscalía se detuvo en la descripción que hizo en el expediente Aurelio Méndez, padre del desaparecido José Delineo -secuestrado en Junín, del lugar donde cumplía la conscripción- que lo vio en el Batallón de Neuquén luego del secuestro y que lo comenzó a buscar cuando su hijo desapareció de la cárcel de Rawson el 4 de noviembre junto con Miguel Angel Pincheira, Javier Seminario Ramos y Orlando Cancio.
El papá de José Méndez le señaló al juzgado que no era creíble que lo habían liberado en Bahía Blanca y las circunstancias de tortura que había padecido el joven de 20 años, mientras era retirado del Batallón hacia La Escuelita.
Los expedientes de hábeas corpus por las desapariciones de Pincheira, Cancio, Méndez y Seminario Ramos sumaron más de 10 causas por las que se imputó a Duarte y a Ortiz.
Se describió cómo Oscar Metz, el padre de Raúl Metz se entrevistó con Duarte y entre hábeas corpus y hábeas corpus, le va entregando información lograda en la búsqueda de su hijo, como por ejemplo que habían visto a su nuera (Graciela Romero, secuestrada con Raúl Metz) en el centro clandestino de Bahía Blanca y que había tenido un bebé, o las patentes de los autos y testigos que aportó el papá de Mirta Tronelli, para que el juez hallara a su hija.
«No solo no buscaban a las víctimas, sino que (los perpetradores) podían seguir actuando con impunidad», sostuvo el fiscal Miguel Palazzani. En el caso de Duarte, lo acusó de prevaricato y a ambos magistrados, como autores de la omisión de persecución penal y partícipes necesarios de las privaciones ilegales de la libertad, agravada.
Palazzani insistió en que Duarte fue un militar puesto en el juzgado federal para que la dictadura en la región llevara a cabo su plan, en tanto al cierre de esta edición, continuaba con el alegato. Duarte y Ortiz están en libertad y siguen las audiencias por videoconferencia, nunca se presentaron en la sala de AMUC.
La búsqueda desperada y la entrega de datos
«Me conmueve la búsqueda desesperada de los padres sin saber dónde está el hijo, con todo lo que iba ocurriendo, era desesperante. Los fiscales lo están reflejando bien: te hace revivir eso que duele, porque todos sabíamos lo que estaba pasando. No me importan los años, quiero que los condenen», dijo Cristina Vega, prima de Mirta Tronelli y sobrevivientes del terrorismo de Estado.
Gladis Sepúlveda, sobreviviente de las cárceles de la dictadura señaló que con la descripción de la fiscalía sobre lo que había en los expedientes judiciales «me imagino la violencia yendo a cada lugar sin ninguna respuesta, y el cinismo en el que se movían, con el panorama del juez que ahora se quiere lavar las manos y Ortiz, con su conducta de indiferencia y cinismo grande», sostuvo.
«Ellos merecen un castigo, no pueden quedar impunes, son cómplices del genocidio que se lleó a cabo», agregó.
Dora Seguel dijo que el alegato fiscal «le aclara a una población, lo que padecimos los familiares y sobrevivientes de la lucha en plena dictadura, cómo formaban parte de este plan. Nos tocaba recibir a nuestros padres destruidos y demolidos cada vez que venían de la justicia, porque se iban de allí con las manos vacías», sostuvo.
Agregó que a pesar de las respuestas nulas «presentaban hábeas corpus una y otra vez, pedían respuestas y les decian que no aportaban nada, pero a las que fuimos puestas en libertad, ni se nos citaba a declarar. Estaban totalmente involucrados con los militares en el poder y sin embargo, mis padres seguían buscando«, sostuvo.
Los alegatos continúan el 27 de septiembre y el 4 de octubre. Luego del pedido de condenas de la fiscalía, corresponde el alegato del Ceprodh (patrocinantes de Inés y Oscar Ragni) y de la APDH por la parte acusadora.
La defensa oficial alegará al término del bloque acusador, en tanto el veredicto se produciría a mediados de noviembre.
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