Piden al presidente Alberto Fernández que intervenga por la Torre de Periodistas de Neuquén

«Somos víctimas de la dictadura cívico-militar genocida», afirmó Dante Morosani, de 90 años, ante la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Neuquén. El 24 de marzo de 1976 personal armado irrumpió en el centro cultural de la cooperativa de viviendas del periodista y secuestró toda la documentación de la entidad para apropiarse de la céntrica torre, que aún sigue en manos del Ejército.

El edificio fue construido por los socios aportantes de la cooperativa entre 1971 y 1975. El proyecto incluyó además un centro cultural y cocheras. Su ubicación era estratégica en esa época: la esquina de avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, próxima al Comando de la Sexta Brigada y a Gendarmería.

«Superado 39 años de vida en democracia seguimos sin obtener la reparación histórica», aseguró Morosani, acompañado entre otros por Víctor Reynoso y Enrique Driussi, quien en 1978, como soldado conscripto ingresó a uno de los departamentos de la torre para limpiarlo.

«Eran oficiales de la escuela de inteligencia de Buenos Aires los que venían. Obviamente tenía que lavar el piso, acomodar las camas y me hicieron también llevar una bolsa para limpiar armas, pero yo pensé que eran armas de las reglamentarias que usaban en el Ejército. Y cuando abrí con las llaves ese armario me encontré con revólveres gruesos, calibre 38, no me voy a olvidar jamás eso, a pesar de que pasó tanto tiempo», relató Driussi, hoy contador y cuyo padre fue fotógrafo de RÍO NEGRO.

Precisó que el 29 de septiembre de 1978 «hicieron un boleto de compraventa fraudulento entre el Banco Hipotecario Nacional, representado por un contralmirante y el Estado nacional, representado por un general de brigada». Indicó que los departamentos fueron «confiscados ilegalmente» y remarcó que actualmente hay un «consorcio cívico-militar». «Lo que estamos reclamando es que esto es lisa y llanamente una estafa y que la justicia no puede obviar estos delitos», dijo Driussi. Sostuvo que el robo de la documentación aquel 24 de marzo lo justificaron en el falso pretexto de que algunos integrantes de la cooperativa «estaban sospechados de actividad de subversión y guerrilla».

La comisión dio despacho unánime al proyecto de comunicación elaborado por el Frente de Todos y el PTS-FIT para pedir la intervención del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y del intendente de la ciudad, Mariano Gaido, y así lograr la restitución. Ahora pasará a votarse en el recinto. No es la primera vez que la Legislatura emite comunicaciones o declaraciones con esta demanda.

Reynoso subrayó que la torre es el «último bastión» que queda de la dictadura en la provincia. Fue señalizada en 2018 como sitio de la memoria.

El Estado continúa disponiendo del destino del edificio. El defensor federal, Pablo Matkovic, en su carácter de Asesor de Menores, le pidió a la jueza Carolina Pandolfi que suspenda la ejecución del desalojo ordenado contra una mujer y su hijo que viven en la torre. Residen en uno de los departamento que le fue adjudicado en concesión a su exesposo, militar en actividad. Cuando la pareja se separó, ambos permanecieron allí, y ahora el Ejército lo reclama.

Matkovic sostuvo que la mujer carece de ingresos estables para cubrir los gastos que demanda un alquiler, ya que no tiene un empleo formal. Durante aproximadamente seis meses el hombre «no le realizó ningún aporte monetario», según el informe social que presentó, y debió judicializar el pago de la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Planteó la suspensión para poder gestionar una solución habitacional.

Agregó que se trata de «una acción de desalojo que lleva adelante el Estado Nacional – Ejército Argentino, quien en su calidad de parte actora solicita el desalojo de una familia monoparental, integrada por una mujer con tratamiento psicológico y psiquiátrico y su hijo adolescente que necesita tratamiento psicológico y psicopedagógico».

Mencionó que las partes habían firmado un acuerdo en el que se pactó la desocupación para junio de 2021 pero «devino de imposible cumplimiento».

Pandolfi respondió que este convenio «se encuentra firme y consentido» y que ha «transcurrido tiempo suficiente para que los organismos oficiados (cuyas respuestas fueron recibidas) pudieran brindar o gestionar lo necesario para solucionar la situación de la demandada».