Piden acelerar los sumarios internos en el Poder Judicial de Río Negro
El Colegio de Abogados de Cipolletti planteó que los expedientes internos tienen demoras. Lo expuso un consejero en la sesión de la Magistratura. El presidente del organismo y vocal del STJ, Sergio Ceci, dio explicaciones. Se designaron dos cargos.
El Colegios de Abogados de Cipolletti aprovechó la última sesión del Consejo de la Magistratura para exigir mayor celeridad en los sumarios internos. En el contexto de resolver una decena de expedientes que se trataron el viernes pasado, Julio Tarifa manifestó que el organismo debe apurar las denuncias contra los funcionarios y funcionarias judiciales. El presidente del organismo, el vocal del STJ Sergio Ceci, “tomó” el reclamo pero explicó que la Auditoría General tiene un gran cúmulo de expedientes para resolver.
El viernes en Cipolletti se trataron una decena de expedientes y la mayoría fue descartada. Había varias denuncias contra el juzgado de Ejecución de Lucas Lizzi y otras tantas al fuero de Familia. En ese contexto, Tarifa solicitó mayor celeridad en los procesos de investigación.
“Todas las resoluciones que estamos tratando son antiguas y la verdad nos llama la atención tanto tiempo para resolver una situación que incluso le hace mal al personal denunciado que sigue haciendo su tarea y tiene causas disciplinarias abiertas. Nos gustaría que se redujera el plazo”, indicó.
Ceci respondió el reclamo y explicó que “estos trámites” se los delega al Auditor General que no integra el Consejo y que tiene un gran cúmulo de investigaciones. “Es un equipo muy reducido para la demanda de trabajo y la responsabilidad que tiene, eso genera algún tiempo de demora”, indicó el presidente del organismo. El vocal del STJ reconoció cierta lentitud en el proceso, pero aseguró que están trabajando para darle mayor celeridad.
Además de Tarifa, el Colegio estuvo integrado por Guillermo Moyano y Edgardo Albrieu. En representación de la Legislatura; Lucas Pica, Silvia Morales y Juan Martín, el procurador Jorge Crespo y el presidente Ceci. En la sesión se designaron dos cargos para el Ministerio Público, ambos por unanimidad. Para el puesto de fiscal adjunto fue designado Gabriel Lamas. El concurso para defensora adjunta lo ganó Alfonsina Stular.
El debut de Ceci al frente del organismo le tocó en un calendario marcado por una gran cantidad de denuncias e investigaciones de oficio que inició el Consejo para revisar conductas de jueces y fiscales de Río Negro. Sin ir más lejos, hace un mes y medio destituyó a la jueza de Familia de Roca Moira Revsin.
Además se iniciaron varias denuncias graves que el auditor Juan Guerrero Montoto debe resolver.
Entre ellas las denuncias contra una defensora oficial -Silvana Ayenao- y un fiscal jefe de Cipolletti -Santiago Márquez Gauna- vinculado al femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti. Ese expediente lo impulsó otro consejero del Consejo Pica.
El Cipoleño también elevó una denuncia contra un tribunal laboral de Viedma por una posible falta institucional en la sentencia de un fallo. Los jueces utilizaron una resolución laboral para exponer posibles incompatibilidades en la función de varios letrados de la capital.
En ese tribunal se encuentra el magistrado Gustavo Guerra Labayén. En esa sesión, de mayo, fue suspendido por el Consejo mientras se tramita otra investigación en su contra que impulsó el Colegio de Abogados por retrasar sentencias.
Pero hay más: la semana pasada desde el propio organismo confirmaron que se investigará la conducta del defensor público de Roca Miguel Salomón por negarle a un fotógrafo de DIARIO RÍO NEGRO tomarle fotografías. Salomón además tiene un sumario abierto; lo denunciaron por golpear a una empleada de un casino de Roca.
El proceso de sumario es más o menos así: se presentan una denuncia externa, como el caso de Labayen, o interna como la situación de Márquez Gauna y Ayenao. Interviene la Auditoría General que emite una resolución. Ese expediente se trata en el Consejo de la Magistratura y se determina si se inicia un sumario o no.
El sumario, que queda a cargo de algún consejero o consejera, elabora un informe que nuevamente va al Consejo. El organismo determina si hay causales de iniciar un juicio político, o no. En caso de avanzar al jury, las actuaciones se envían a la Procuración o al STJ, depende el cargo del funcionario. En esa instancia se debe realizar la requisitoria al juicio político.
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