Pedirán seis años de cárcel para la mujer imputada por un choque con tres muertos en la ruta 250, cerca de Viedma

Lo adelantó la fiscalía en la audiencia de control de acusación, previa al juicio que será en diciembre.

Ester Liliana Padilla Ibáñez, de 38 años, afrontará un pedido de seis años de cárcel por la muerte de tres personas en un accidente en la Ruta Nacional 250, a pocos kilómetros de Viedma.

Este lunes se realizó en Viedma la audiencia de control de acusación correspondiente a la investigación del homicidio culposo que culminó con tres muertos, dos hermanos y la abuela de ambos, identificados como Tomás Andrade Mendioroz, Juan Cruz Andrade y Marta Liliana Andrade. Se trata ésta, de la última instancia procesal antes del inicio del debate oral y público que se realizaría en el mes de diciembre.

En agosto, la fiscal Yanina Estela Pasarelli había relatado el hecho que le atribuye a Padilla Ibáñez, en la reformulación de cargos contra la imputada.

La fiscal dijo que le atribuía a Padilla Ibáñez el hecho ocurrido momentos antes de las 22.30 del 17 de marzo pasado, cuando ella circulaba por la Ruta Nacional 250, en dirección Viedma-General Conesa, conduciendo la camioneta Toyota Hilux, dominio AE 522 UL”.

Según Estela Pasarelli, la mujer condujo “sin el debido cuidado y prevención y sin conservar el dominio efectivo del vehículo con un nivel de alcoholemia en ese momento de entre 1,06 y 1,27 gramos por litro (de alcohol en sangre) y utilizando mientras conducía su teléfono celular para comunicarse con distintas personas enviando al menos cinco videos por WhatsApp”.

La fiscal sostuvo que a la altura del kilómetro 2,320 (de la Ruta 250) al inicio de una curva, Padilla Ibáñez invadió con la camioneta “el carril contrario inobservando la señalización horizontal, doble línea amarilla, que prohibía esa maniobra, produciéndose un despiste sobre la banquina izquierda contraria al sentido de circulación”.

Afirmó que al querer retomar nuevamente su carril, “Padilla Ibáñez colisionó en el lateral derecho al vehículo Renault Duster, que circulaba en sentido contrario y que era conducido por Fabián Armando Andrade, y donde iban las tres víctimas fatales. El conductor de la Duster intentó una maniobra para esquivar la Toyota, pero no pudo.

Trece testigos de la fiscalía y la querella


Este lunes, durante el control de acusación, el Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante individualizaron a cada uno de los 13 testigos que convocarán al debate oral y público, entre ellos las tres personas que arribaron al lugar en el que se produjo la colisión instantes después de la misma.

Uno de ellos, incluso, colaboró en las tareas de búsqueda de la conductora de la camioneta pensando que podía haber sido despedida de la misma cuando en realidad ya se había marchado caminando del lugar.

Mencionaron que convocarán al personal policial que estuvo a cargo de las principales tareas en el lugar y que darán cuenta – además- de las imágenes relevadas en las cámaras de seguridad del sistema 911 que, entre otras instancias, captan a la acusada en el momento en que abandona Viedma e ingresa a General Conesa, permitiendo dar precisiones de los horarios en que lo hizo.

Sumarán además al hombre a quien la mujer le alquilaba una vivienda en General Conesa y fue quien pudo precisar cómo fue el primer contacto entre ambos, en qué estado estaba ella y cómo se produjo el aviso a personal policial.

En relación a los testigos que fueron mencionando, tanto la Fiscalía como la querella explicaron enfáticamente qué porción de la acusación ayudaría a probar cada uno de ello. De esta forma, por ejemplo, adelantaron que otro agente policial que se comunicó con la mujer de forma posterior al hecho, dará cuenta de la actitud de ocultamiento y no asistencia a las víctimas desplegada.

Si bien la acusación había requerido la convocatoria de las dos profesionales médicas del Cuerpo de Investigación Forense que realizaron las tres autopsias y la revisión a los dos conductores; respondiendo a una sugerencia del Juez de juicio que encabezó la audiencia, las partes convinieron que no discutirán los resultados científicos de cada uno de los correspondientes certificados.

Antes de dar paso a la alocución de la defensa, la Fiscalía informó que pedirán la pena de seis años de prisión efectiva, el máximo legal que le corresponde al delito endilgado. Por lo mismo, el debate oral y público se realizará ante un tribunal colegiado compuesto por tres jueces. A su turno, el defensor sumó siete testigos más.

Culminada la presentación de prueba, volvió a debatirse la prisión preventiva que desde el 20 de marzo cumple la imputada. En ese marco, reiteró la acusación enfáticamente la subsistencia del peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Relataron cada una de las acciones que protagonizó la mujer que da cuenta de que ambos se mantienen. En cambio el defensor abogó por la morigeración para que la acusada llegue al juicio en libertad o, bien, con arresto domiciliario.

Finalmente el juez de juicio interviniente prorrogó por otros dos meses la medida cautelar más grave haciendo especial hincapié en la expectativa de pena que junto a los diversos indicadores dan cuenta de la presencia de riesgo de fuga

“La proximidad del debate que comenzaría en no más de 60 días, la expectativa de pena, los indicadores de actitudes y actividades desplegadas por la imputada me llevan a pensar que están dado los presupuestos que me permiten determinar la prisión preventiva por otros 60 días”, indicó.


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