Fuentealba II: en el operativo se hizo un «uso abusivo de la fuerza», según la querella
El abogado Ricardo Mendaña acusó a ocho policías y dijo que "no debe haber en la historia de la provincia" un procedimiento como este, donde asistió toda "la plana mayor" de la fuerza. Un defensor aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Gutiérrez.
Los imputados. En la primera fila: Benito Matus, Adolfo Soto, Carlos Zalazar y Jorge Garrido. En la segunda: Julio Lincoleo, Aquiles González, Moisés Soto y Mario Rinzafri. Foto Matías Subat.
«Lo que aquí se va a juzgar es una grave violación a los Derechos Humanos», aseguró ayer el abogado querellante Marcelo Medrano en el alegato de apertura del juicio por la causa «Fuentealba II», en la que están imputados ocho policías, en su mayoría de alta jerarquía, que participaron de la represión en la que fue asesinado el maestro neuquino. Hoy es el segundo día de audiencia y declaran el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo y algunos de los policías.
El 4 de abril de 2007 se montó un operativo para impedir la protesta que iba a realizar el sindicato ATEN sobre la Ruta 22, a la altura de la localidad de Arroyito. Hubo un enorme despliegue policial que incluyó la presencia del grupo de Seguridad Metropolitana, la Despo, grupos especiales de Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, un camión hidrante y la autobomba.
Los acusados –Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Julio Lincoleo, Aquiles González y Benito Matus– cumplieron distintos roles ese día. El procedimiento terminó cuando el cabo José Darío Poblete, del grupo Zapala, se posicionó y disparó a la luneta del Fiat 147 en el que iba Carlos Fuentealba, con su pistola lanzagases, a menos de siete metros de distancia.
Según explicó el querellante, Ricardo Mendaña, la represión tuvo al menos tres instancias: la primera en la que Rinzafri, como responsable del operativo, conversó con Marcelo Guagliardo, el secretario general del sindicato docente. Ese diálogo se interrumpió cuando un efectivo arrojó una granada de gas. El abogado afirmó que «no había hostilidad» alguna de parte de quienes se manifestaban, ni tampoco la policía «estaba en riesgo».
Señaló que se arrojaron gases sobre la ruta y la banquina, y esa acción se extendió hasta la estación de servicio YPF. Sostuvo que si el argumento era desalojar no se comprende esta actitud, que es más bien de quien «caza personas». La segunda cuando se siguió corriendo a docentes que se retiraban como podían, a pie o en vehículos. La tercera ocurrió a casi a cinco kilómetros de donde inició la represión en el puente Arroyito, y cuando una gran columna se iba ya a la ciudad de Senillosa. Allí se produjo la agresión al Fiat 147.
Zalazar era entonces jefe de la policía. Se reunió el 3 de abril con el exgobernador Jorge Sobisch, de quien recibió instrucciones. Convocó al subjefe, Moisés Soto, y al superintendente de Seguridad, Adolfo Soto, a quienes explicó la organización del operativo que tendría a cargo Rinzafri. Todos ellos estuvieron en Arroyito y en permanente comunicación.
Mendaña remarcó que observaron y convalidaron «los aspectos centrales del operativo» y el «empleo injustificado e innecesario de la fuerza». «No dispusieron el cese de la violencia ilegítima», agregó, cuando tenían facultades para hecerlo. Después del ataque a Fuentealba indicó que ninguno «tomó medidas para resguardar el lugar» en el que había evidencia.
En los mismos términos se refirió a Garrido, exjefe del departamento de Seguridad Metropolitana, de quien dijo «llevaba un control directo y simultáneo» del procedimiento. A todos ellos les imputó los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
Sobre el exsubcomisario González, Mendaña marcó que los grupos especiales le obedecían y que estaba en el momento en que se arrojó la primera granada. Es quien habría dicho «paren a ese vehículo», cuando el cabo disparó contra el Fiat 147. Contó que estaba en condiciones de ver a Poblete, que después de tirar, buscó refugio en otro camión. Habló con Lincoleo, que era el jefe del grupo especial Zapala al que el policía pertenecía. Ambos fueron acusados de encubrimiento agravado.
«No debe haber en la historia de la provincia», subrayó Mendaña, un operativo al que se le hayan destinado «tantos recursos» y con la presencia de «la plana mayor de la policía».
La imputación de Matus la realizó el fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, y es la única que sostendrá junto a la querella en el juicio. El policía ese día estaba abocado al área de logística: tenía que llevar al operativo el café y las viandas. Por eso fue de camisa blanca y se distingue fácilmente en los videos que registraron la represión.
El fiscal mencionó que en un momento de la mañana tomó una escopeta 12/70 y comenzó a disparar. Lo hizo contra un Ford Escort, en inmediaciones a la estación YPF de Arroyito, en el que iba Angélica Cisterna, y después golpeó con el arma a Miguel Alejandro Castelar. Está previsto que ambos declaren en el juicio.
Matus es el único de los acusados en funciones: es comisario inspector en Chos Malal. Salvo su defensor, Juan Coto, que anticipó que va a probar que Castelar no fue lesionado por su asistido -«el hecho no existió», dijo -y que el efectivo no le apuntó a Cisterna, sino que disparó «hacia el piso» para «disuadir», el resto de las defensas respaldaron las órdenes dictadas ese día.
El abogado Gustavo Lucero fue el más emblemático. Es el defensor de Moisés y Adolfo Soto, Rinzafri, Garrido y González. Alegó que «estos señores», por sus asistidos, «actuaron en defensa de los intereses generales de la provincia».
Fustigó a Breide Obeid por no acusarlos, sobre todo después de que la querella sostuviera que este era un caso de grave violación a los Derechos Humanos, y le habló directamente a los jueces -Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz- diciéndoles que lo que ellos resolvieran iba a significar un «mensaje para la policía».
Insistió en que los efectivos actuaron defendiendo «la paz» y «el orden» frente a la «anarquía y el caos».
No habló de maestros, ni de sindicato docente, sino que lo denominó «estos grupos» que «no aceptan que le pongan límites».
Añadió que era un «día triste para la provincia de Neuquén» porque «las escuelas públicas están cerradas», en referencia al paro de 24 horas que dispuso el gremio para acompañar a Sandra Rodríguez, que era la compañera de Fuentealba. «Este grupo de personas que hoy dejaron sin clases a nuestros hijos y detrás obviamente un gobierno provincial ausente», planteó. Lucero se ha mostrado en sus redes sociales a favor de la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa.
En la misma línea fue el alegato de Rubén Casas, que asiste a Zalazar. Sostuvo que «no fue una cacería humana, fue un operativo policial» y que los agentes recibieron agresiones «con elementos contundentes, con las bolitas famosas de cerámica». «El policía no es un superhombre, no es de acero, también sufre, también recibe agresiones de todo tipo, físicas, verbales» que relató, se verán en los videos.
El dato
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- funcionarias judiciales declararon como testigos ayer: la fiscal Valeria Panozzo y la defensora penal Ivana Dal Bianco. Reconocieron videos que son parte de la prueba en el debate oral.
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